El Ejecutivo provincial incluiría en un paquete fiscal la modificación en el coeficiente de equilibrio del desarrollo regional, pero no avanzará en el cambio de fondo que reclaman varios intendentes.
Durante los últimos meses se ha desatado una guerra entre intendentes mendocinos por el reparto de la coparticipación y varios de ellos han reclamado al Gobierno provincial una actualización en la distribución de los recursos. En la Casa de Gobierno vienen preparando una modificación parcial en la legislación que se incluiría en el paquete fiscal que el gobernador Alfredo Cornejo enviará a la Legislatura durante abril. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial advierten que no se avanzará en una reforma a la Ley de Coparticipación provincial.
La legislación provincial actual establece que la distribución de los recursos coparticipables entre los 18 departamentos se realiza teniendo en cuenta tres criterios. El 25% se reparte en partes iguales entre las comunas, el 10% se distribuye en base al coeficiente de equilibrio del desarrollo regional y el 65% se envía en proporción a la población de cada departamento.
El último de los parámetros tuvo una importante modificación este año luego de que se aplicaran los datos provisorios del Censo 2022. A través de la Resolución Nº 10 del Ministerio de Hacienda y Finanzas se modificaron los índices correspondientes a cada departamento respecto de su población. Por ejemplo, Luján de Cuyo y Maipú se vieron beneficiados por la nueva fórmula, mientras que Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén se consideraron perjudicados en reparto y cuestionaron la rigurosidad y precisión del estudio realizado por el INDEC.
En medio de los cruces y reproches entre intendentes, el Gobierno provincial se puso a trabajar en una modificación al coeficiente de equilibrio del desarrollo regional, que como su nombre indica busca compensar las diferencias entre las comunas con mayor cantidad de habitantes y las menos pobladas.
Se esperaba que esta semana ingrese a la Legislatura el proyecto, pero desde el Ejecutivo descartaron esa posibilidad e indicaron que lo más probable es que se incluya en el paquete de reformas fiscales que Cornejo adelantó que enviará antes del 1 de mayo, fecha en la que iniciarán las sesiones ordinarias.
En este sentido, el Gobierno no avanzará en una modificación de fondo e integral en la Ley de Coparticipación, que es planteo que vienen realizando hace meses varios intendentes. Si bien el mandatario provincial entiende que es necesario modificar esta norma, considera que la discusión debe darse en otro contexto en el que hayan mayores certezas sobre las variables económicas.
De esta manera, pese a los reclamos de varios intendentes solo se avanzará en una corrección del coeficiente de equilibrio del desarrollo regional, el cual ya estaría siendo analizado por algunos jefes comunales y el equipo de Hacienda provincial.
La visión reinante en la Casa de Gobierno es que la Ley de Coparticipación sancionada durante la década de los años 90 era buena porque introducía ratios sobre personal e inversiones y premiaba la eficacia y la eficiencia de los municipios.
Esa norma se derogó tiempo después y se modificó por una en la que se pondera más la cantidad de habitantes de los departamentos para el reparto. Allí se incluyó el correctivo para cada uno de los censos, por si habían distorsiones muy grandes, el cual se ha modificado en más de una oportunidad