El ministro Cúneo Libarona dijo que se detectaron “bandas” que presuntamente falsificaban reclamos; se analizan 900 expedientes y un informe de la Sigen alertó sobre la falta de control y posibles pagos por duplicado
Tanto la auditoría como las supuestas “bandas” apuntadas por el Ministerio de Justicia se conocen un día después de que el Gobierno negara la cifra de 30.000 desaparecidos, reclamara justicia para las víctimas de los grupos guerrilleros de los 70 y saliera decididamente a confrontar con el kirchnerismo al exigir una memoria “completa” sobre la última dictadura y los crímenes de lesa humanidad.
Consultado por LA NACION, Cúneo Libarona dijo: “Las denuncias se iniciaron antes y estamos impulsándolas, nos vamos a poner en un rol de querella. Voy a pedir embargos y decomiso de bienes. Son entre 15 y 20 bandas y debe haber muchos más. Todavía tengo tres cuerpos más de expedientes para leer. Estamos readecuando la estrategia”.
Fuentes oficiales aseguraron que existen 22.000 juicios por leyes reparatorias y que se están revisando 900 expedientes, que corresponden a los que fueron firmados en el último año por el exministro Martín Soria y Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos (denunciado hoy por Patricia Bullrich). Según el análisis al momento, se detectaron irregularidades como el pago a un homónimo e indemnizaciones a personas cuyos expedientes no aparecen.
En 2019, el militar retirado José D’Angelo hizo una denuncia en la que alegó que se habían realizado pagos a desaparecidos que no fueron tales. Dos años después, el juez que entendió en la causa, Ariel Lijo –ahora nominado por el Gobierno para ocupar un asiento en la Corte Suprema– ordenó al Ministerio de Economía remitir los nombres de los que recibieron una indemnización y los montos abonados para comprobar si efectivamente 13 casos no correspondieron. El listado no trascendió. Los casos que se mencionaron en la presentación judicial totalizaban pagos por US$2,4 millones.
A su vez, y con respecto a la falta de control y la posibilidad de que se hicieran pagos de indemnizaciones por duplicado en caso de sustitución de identidad, la Sigen destacó en el informe sobre el Ministerio de Justicia: “Inexistencia de un área que controle y certifique la inexistencia de pagos previos incompatibles con los beneficios de la Ley N° 25.914 en el proceso de otorgamiento y pago de los beneficios establecidos por dicha Ley, lo que genera el riesgo de pagos duplicados”.
La norma a la que se refiere es la que establece beneficios para las personas que hubieren nacido durante la privación de libertad de sus madres o que, siendo menores, hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que hayan estado desaparecidos por razones políticas, a disposición del Poder Ejecutivo o tribunales militares, con alcance a víctimas de sustitución de identidad. Las indemnizaciones económicas y pensiones están delineadas en seis leyes que aplican sobre desaparecidos y fallecidos, exdetenidos y sus hijos, entre otros.
El problema es general, según la información oficial. Se detectaron “debilidades de control interno en el otorgamiento, seguimiento y control de los subsidios, aportes y transferencias otorgados por el Ministerio de Justicia”. La auditoría encargada por el Gobierno informó que no existían convenios de cláusulas en donde se definieran las áreas responsables de la verificación del cumplimiento del objeto del subsidio y de la revisión y aprobación de sus rendiciones de cuentas, ausencia de un reglamento que regule los procedimientos específicos de seguimiento, control y aprobación de sus respectivas rendiciones, existencia de rendiciones de cuentas pendientes de presentación por parte de los beneficiarios de los subsidios.
Las irregularidades de control respecto de indemnizaciones se expandieron a otros fondos, como el de asistencia directa a víctimas de trata. Se detectó la “inexistencia de Convenios de Confidencialidad suscriptos por el personal de las áreas involucradas y ausencia de interacción con el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal”. Por otra parte, la Sigen señaló que “el funcionamiento del Fondo Fiduciario resulta oneroso si tomamos en cuenta la relación ingresos gastos-beneficios otorgados de los Ejercicios 2022/2023, habiéndose constatado que los gastos de administración del fondo superan ampliamente a los montos de beneficios otorgados a las víctimas del delito de trata”.
Uno de los puntos más llamativos destacados por la Sigen son las debilidades de control interno en el área de Tesorería, en donde advirtieron la existencia de retiros de fondos bancarios en efectivo, cuya registración contable se ha consignado con excesiva demora de tiempo. También la falta de recuento diario de efectivo por parte de Tesorería al finalizar la jornada laboral y de arqueos de fondos y valores con la participación de otras áreas como práctica de control cruzado; la detección de importantes montos en efectivo en poder de dicha área, que se conservan por un tiempo prolongado sin su debida justificación, con el riesgo que ello trae aparejado a su integridad y seguridad.
LA NACION consultó a Martín Soria, exministro de Justicia, respecto de estas debilidades, pero no recibió respuesta.
Durante la campaña electoral, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que tenía en sus planes impulsar una auditoría sobre las indemnizaciones que pagó el Estado a las víctimas de la dictadura y dijo que se haría desde el Ministerio de Justicia.
Este lunes por la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, le contestó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, que en la marcha del domingo, durante el acto por el Día de la Memoria, dijo: “Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”, en alusión al Presidente. El funcionario nacional le contestó, en su conferencia de prensa: “Queda claro quiénes están del lado de la democracia y quiénes del lado de enfrente”.