
El pedido
En su presentación, el abogado Guevara pide saber si Los Azules, que es el que está ubicado en los campos de la estancia que representa legalmente, cometió algún delito en ese apuro de presentaciones por el calendario electoral. El letrado no tipifica ni se refiere a ningún delito en particular, solo pide que se investigue porque la empresa a la representa presume que podría surgir algo de esas eventuales operaciones contrarreloj. De ser así, anticipa a las autoridades mineras su intención de proceder a hacer denuncias penales.
La firma CCM SA declara ser superficiaria de una parte del camino para acceder a la mina, que se llama Cabeza de León, y mantiene por este motivo una pulseada millonaria con la empresa concesionaria de Los Azules a quien denunció por usurpación y le reclama el pago de abonos de servidumbre, además de daños y perjuicios. Esos cruces también fueron publicados por este diario en octubre del año pasado.
En la nota presentada ayer al ministerio de Minería se le informa que, atendiendo a esa circunstancia de ser superficiarios, tomarán participación por medio de profesionales adecuados en el análisis del Informe de Impacto Ambiental: lo van a estudiar para determinar las eventuales irregularidades.
También insta al titular de la cartera, Juan Pablo Perea, a que “arbitre los medios necesarios administrativos y/o judiciales” para corroborar y eventualmente denunciar e investigar “posibles hechos de corrupción”.
Antecedentes
Para sumar argumentos a la petición, el apoderado legal señala abiertamente en el escrito que la empresa Mc Ewen Mining -que tiene el control de Los Azules- ya ha cometido antes irregularidades: Indicó que la firma de su propiedad -Minandes SA-, “habría falseado datos para conservar la concesión de los proyectos de minas Diego I, Diego II, Nevada I, Nevada II, Chiflones I y Chiflones II.
Por eso hecho Guevara anticipa al ministerio de Minería que va a realizar una denuncia por estafa procesal contra el Gobierno de la Provincia de San Juan y la autoridad minera de aquel momento, que era Carlos Astudillo quien habría convalidado ese supuesto fraude. Agrega un dato: que en esos expedientes ellos solicitaron la inspección de la Policía Minera, la que está pendiente de Resolución