No hay que poner en riesgo el consenso minero

Oscar Castillo

Exgobernador de la Provincia de Catamarca

Exsenador nacional

La actividad minera en la provincia de Catamarca ha transitado un largo camino hasta ser legitimada como política de Estado. Eso significa haber obtenido un acuerdo amplio, que se proyecta en el tiempo para garantizar su estabilidad y permanencia. Un acuerdo transversal entre las fuerzas políticas y fundado en una valoración social positiva.
El camino no ha sido sencillo. Implicó un cambio de cultura respecto de los roles del sector público y el privado para el desarrollo de la actividad minera. Significó un cambio de concepción sobre la seguridad jurídica de largo plazo que requiere esa actividad y garantiza nuestra Constitución. Obligó a un debate profundo y responsable sobre la sustentabilidad económica, social y ambiental. Ninguna institución de la provincia quedó excluida de ese debate y todas contribuyeron a su resolución en un sentido favorable al progreso de la Provincia.
En ese marco, considero necesario expresar mi preocupación por las recientes controversias judiciales que son de público conocimiento y atañen al normal desarrollo de la actividad minera.
Las decisiones adoptadas por la máxima instancia del Poder Judicial en Catamarca en relación con las actividades en curso y por iniciarse en el territorio provincial han despertado dudas que merecen ser esclarecidas por el impacto social que generan.
Sin otra pretensión que la de cualquier ciudadano preocupado por el bienestar de su provincia (y sin ánimo de invadir la esfera de resolución que tiene la Justicia y debe respetarse) aparece como necesario requerir la mayor información pública posible: cuáles fueron las instancias que condujeron a la decisión, qué información le fue requerida a la autoridad de aplicación para merituar los hechos, qué respuesta fue la obtenida, qué alcances se previeron al resolver en la materia y toda otra consideración que permita a la ciudadanía despejar sus dudas y valorar la situación existente y su evolución a futuro.No escapa al conocimiento de la opinión pública que esta decisión viene enmarcada en un contexto de diferencias que han sido nítidas entre el Poder Ejecutivo Provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia por temas completamente ajenos a la actividad minera. Esto hace que sea doblemente necesario considerar y reconsiderar, cuantas veces la sana prudencia lo aconseje, toda decisión que pueda confundir a la ciudadanía sobre los fundamentos y la finalidad de las decisiones tomadas en los distintos poderes que la Constitución Provincial prevé para organizar la vida pública.

Las políticas de Estado son las que más esfuerzo social demandan para ser construidas pero también pueden ser fácilmente dañadas con decisiones intempestivas, apresuradas o inconsultas. Valga como ejemplo lo ocurrido en la provincia de Chubut durante una crisis económica similar a la presente, durante la gestión Lizurume. La sucesión de errores políticos y judiciales para arbitrar con prudencia las dudas sobre el impacto ambiental de la actividad minera condujo a que los recursos que podrían haberse puesto a producir para el progreso de esa provincia quedaran inactivos hasta el día de hoy, en perjuicio del conjunto social.

Catamarca eligió un camino diferente, con resultados favorables para el progreso social. No hay que poner en riesgo ese camino

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