Minería y ordenamiento territorial

Con solo mirar cualquiera de los mapas en uso es evidente una enorme diferencia entre el este y el oeste del territorio argentino en materia de infraestructura.
Eddy Lavandaio

Salta a la vista el ordenamiento de la región Chaco Pampeana con sus ferrocarriles y rutas uniendo los numerosísimos pueblos y ciudades propias de la producción agroganadera primaria, con los centros industriales y de consumo, y con los puertos para la exportación. Cuando eso se construyó, y a medida que se avanzaba en ese entramado se fueron fundando nuevos pueblos con comercios, escuelas, servicios mínimos de salud y comunicaciones, donde se concentraron las viviendas de trabajadores de esa pujante región.

También lograron tener fácil acceso directo a la energía y a las redes de comunicaciones modernas. Claro, la evolución del crecimiento económico y social desde el nacimiento de nuestra República operó en esa parte del territorio. Ese panorama contrasta con la pobreza que se observa al respecto en toda la región cordillerana que quedó relegada en esa evolución.

Pero ahora, veinte yacimientos de litio, ocho grandes yacimientos de cobre, media docena de prospectos de oro y plata, y un gran yacimiento de sales de potasio, ubicados en la franja cordillerana, desde Jujuy hasta Mendoza, más el presente ya importante del petróleo y el gas de Neuquén, como así también el desarrollo minero de Santa Cruz y las posibilidades que pueden agregar Río Negro y Chubut, conforman una nueva realidad que necesita sumar al desarrollo nacional pero se encuentra con limitaciones que, por lo menos, deberían ser una preocupación fundamental para los encargados de estudiar y, tal vez, planificar el ordenamiento territorial del país.

Así como el este del país produce y exporta por valor anual de miles de millones de dólares, ahora asoma la otra parte del país, la Argentina minera que ya produce y exporta por valor de algunos miles de millones de dólares por año, y que tiene un potencial para multiplicar todas las cifras, tanto de producción y exportación como de creación de empleo y desarrollo de proveedores.

Sin embargo en los ámbitos de la política argentina no se observan inquietudes o iniciativas que apunten a desarrollar esta región con un ordenamiento territorial acorde a sus necesidades actuales y futuras, y tampoco se percibe ningún atisbo de planificación al respecto por parte del Estado.

Debemos recordar que las inversiones importantes, la producción y la exportación por valores significativos no son una promesa. Comenzaron en los últimos años del siglo pasado, casi treinta años atrás. Y en ese lapso ya hemos tenido excelentes ejemplos de los problemas generados por la falta de infraestructura básica y las consecuencias que trajo el pensar que las empresas podían ocuparse de todo.

Al momento de proyectar la construcción de la mina Bajo de la Alumbrera, a mediados de los años `90, se hizo evidente que en esa zona no había energía ni comunicaciones, tampoco había rutas pavimentadas ni ferrocarriles aptos para traer insumos y para llevar la producción a los puertos del Litoral.

Se pensó en reactivar el Ferrocarril Belgrano con punta de rieles en Andalgalá, para que la producción de concentrados de cobre y oro llegara a los puertos del río Paraná con una frecuencia asegurada de cuatro trenes por día durante un mínimo de 18 años. La reactivación no solo serviría a la mina sino que le devolvería a Catamarca un servicio ferroviario apto para ser usado por cualquier actividad productiva provincial.

Sin embargo, eso no se hizo, y la empresa decidió solucionar su problema construyendo un «caño», llamado mineraloducto, de 300 kilómetros de largo para llevar sus concentrados (con agua catamarqueña) hasta la estación ferroviaria de Ranchillos, en la provincia de Tucumán. Es fácil darse cuenta de que, a diferencia del servicio que prestaría el ferrocarril, el caño construido no le sirvió a nadie más que a la mina.

Algo similar ocurrió con la energía. Hubo que construir una línea de alta tensión de 200 kilómetros desde la provincia de Tucumán hasta la mina, con la correspondiente estación transformadora. Hubo que hacer la obra para proveer a la mina, aunque tenemos entendido que, con el transcurrir del tiempo, esa línea sirvió para llevar energía a otras poblaciones de esa zona catamarqueña.

Otro proyecto con grandes carencias de infraestructura para su desarrollo es la mina de sales de potasio «Potasio Río Colorado», ubicada en el extremos sur de la provincia de Mendoza. Se trata de un yacimiento grande a nivel mundial, con reservas para producir durante cincuenta años, exportando la mayor parte de esa producción.

Si bien se presentaron problemas de diferente índole que provocaron el cierre de la mina a mitad de su construcción, creemos que uno de esos problemas fue y sigue siendo la falta de infraestructura que pueda aprovechar el emprendimiento y que aún está sin resolver.

No podemos dejar de mencionar que la falta de infraestructura se corresponde con la ausencia de poblaciones cercanas a las minas y eso tiene diversas consecuencias, casi todas negativas. Aunque no es el único, señalemos un ejemplo bien conocido.

Los mineros no pueden ir de su casa al trabajo y del trabajo a casa todos los días como lo hacen en otras actividades industriales porque viven en poblaciones lejanas donde se dan las condiciones indispensables para la vida familiar. La empresa tiene mayores costos por tener que mantener de manera digna a sus empleados dentro del campamento minero y los empleados (y sus familias) sufren el desarraigo de sus hogares por tiempos, a veces, prolongados.

Por último cabe mencionar los grandes yacimientos de cobre de la provincia de San Juan, ubicados en plena Cordillera, en zonas carentes de todo tipo de infraestructura preexistente. Las reservas cubicadas y los buenos resultados de las exploraciones actuales indican que no sería exagerado pronosticar que la actividad minera de esa zona puede prolongarse por unos cien años.

Las inversiones necesarias para construir nuevos establecimientos productivos serán mucho más grandes de lo que cada proyecto requiere porque deberán sumar importantes obras e instalaciones para unir las minas con los centros de proveedores y con los lugares de venta y/o embarque de su producción.

El Estado debe ser parte e intervenir de manera activa en el desarrollo de la región. No se trata de tomar decisiones aisladas, circunstanciales y urgentes con el único objeto de unir con un camino a una nueva y lejana mina con el resto del país sino de proyectar el ordenamiento territorial de esa región minera en su conjunto durante las próximas décadas

Podemos definir al «ordenamiento territorial» como ..»el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen como cometido implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio».

Además, según la Real Academia Española, «Infraestructura» es el «conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera».

Esto significa que, a la necesaria construcción de vías de comunicación y transporte debe sumarse la provisión de los servicios imprescindibles para la radicación de familias y de nuevos emprendimientos.

El Estado debería estar ya estudiando la distribución de las actividades de acuerdo a los diferentes escenarios que surgirán como consecuencia de la evolución de los distintos proyectos mineros y, tal vez industriales. Sin perjuicio de lo que le corresponde a cada Provincia, el Gobierno Nacional es el que mayores beneficios impositivos recibe de la minería y como tal tendría que liderar esta clase de gestiones habida cuenta de que no se observa que devuelva parte de los tributos que recibe a las zonas productoras.

No se trata de comenzar a hacer obras por las dudas y en cualquier parte sino estudiar las diferentes alternativas para definir opciones a elegir en el momento de diagramar el ordenamiento territorial en forma simultánea a la construcción de los emprendimientos productivos.

El ordenamiento territorial previamente estudiado servirá para que las grandes inversiones presentes y futuras de las empresas y las estatales sean aprovechadas y compatibilizadas al máximo para conseguir un desarrollo armónico, y en lo posible diversificado, de la región minera del país.

El mal ejemplo de reemplazar un ferrocarril que sirva a toda las actividades por un «caño» que solo le sirve a la mina es algo que no debería repetirse

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