El tratamiento por parte de la Cámara Alta impulsa a que Diputados también se pronuncie, según el jurista Pedro Caminos; mientras que Daniel Sabsay subraya que “la Comisión Bicameral es quien se debe pronunciar en primer lugar”
La convocatoria de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a la Cámara de Senadores para que trate este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 -emitido el pasado diciembre por el presidente Javier Milei- plantea el interrogante respecto a la legalidad del proceso y de la sesión. El debate comenzó anoche entre aquellos que aseguraban que la decisión de la presidenta de la Cámara alta estuvo estrictamente ligada a un deber jurídico y otros que manifestaron que, más allá de la cuestión legal, tuvo una clara intencionalidad política. Al igual que entre los dirigentes políticos que se expresaron ayer, hay también distintas versiones entre los constitucionalistas.
La Constitución Nacional en su artículo 99 inciso 3 y la Ley 26.122 establecen el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo. Puntualmente, el artículo 99 ordena al jefe de Gabinete en un plazo de diez días a “someter a consideración de la Comisión Bicameral Permanente” del Congreso, conformada por representantes de ambas cámaras. Luego de recibido el decreto, la Comisión “elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras”.
Pero ¿qué sucede si pasan los diez días y la Comisión no se pronuncia, como es este caso? El artículo 20 de la Ley 26.122 lo responde: “Vencido el plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate”.
El abogado especialista en derecho constitucional Pedro Caminos afirma que en este caso “es verdad que existe un deber real de tratamiento inmediato”, aunque también alerta de que impulsar este tipo de decisiones o contenerlas tienen un condimento “político” detrás que es insoslayable, en referencia a la determinación que tomó Villarruel.
Caminos apunta a que “la Cámara de Diputados debería hacer lo mismo” y tratar el DNU que entró en vigencia a fines de diciembre del año pasado en lo que fue una de las primeras medidas del Gobierno de Milei. No obstante, eso está lejos de ocurrir, según comentó Martín Menem, el titular de la Cámara baja este, miércoles en LN+.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay, director de la especialización en derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), remarcó que “la primera que se tiene que pronunciar es la Comisión Bicameral” y alertó de que se podría estar “salteándo un paso” si se actúa sin que la Comisión se haya pronunciado antes.
Una de las razones que divulgó de manera informal el entorno de la vicepresidenta a la prensa está referida a que si no hubiese firmado la convocatoria a sesión para tratar el DNU, podría comenzar a tener problemas legales, justamente por no hacerlo.
En ese sentido, Caminos expresa que podría ser acusada por incumplimiento de deberes de funcionario público, aunque considera que este tipo de normas “deben ser interpretadas de manera restrictiva” y, para este caso particular, no ve que se configure este posible delito.
Sabsay, por su parte, asegura que “no es plausible de denuncia penal” y que, eventualmente, le podría caber un juicio político por mal desempeño de funciones. El expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional advierte que este tipo de procedimientos requieren de una mayoría calificada y que no son sencillos.
“Agenda propia e inconsulta”
A horas de que comience el debate en el Senado, Milei envió a Villarruel una serie de mensajes a través de la Oficina del Presidente. Casa Rosada criticó a quienes “pretenden avanzar con una “agenda propia e inconsulta que entorpece las negociaciones y el diálogo en la previa a la firma del Pacto de Mayo”, en alusión a la vicepresidenta.
La Oficina del Presidente sostuvo que el tratamiento del DNU de este jueves es “apresurado” y que “violenta el espíritu del Pacto de Mayo”, convocado por el mandatario para que gobernadores y expresidentes suscriban el próximo 25 de mayo los diez puntos que fijó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el pasado 1 de marzo.
Desde el Ejecutivo, además, pidieron al “Poder Legislativo no dejarse cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden anotarse victorias a corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”.