Javier Gerardo Milei es un presidente outsider de acuerdo con su propia definición de un rol que le viene cómodo como un personaje revulsivo que está al mando de un país acostumbrado a las crisis cíclicas.
Siente que es un momento clave (como tantos otros) en la vida colectiva argentina, pero con la diferencia que él no pertenece a la dirigencia tradicional argentina que sí representan, por ejemplo los gobernadores.
Son los gobernadores de los 24 distritos con quienes el presidente mantiene una cinchada por la tenencia de los fondos recolectados de los impuestos que paga la empobrecida ciudadanía argenta. Es decir, es un tironeo en la nueva grieta, entre él (que declama representar a la población) y ellos (la casta). Y la pelea es por quién se queda con «la nuestra», hablando libertariamente. Esta primera observación es la que emerge de las declaraciones del presidente que bucea plácido en una pecera zamarreada por el oleaje que él mismo genera.
Su incontinencia verbal, no forzada, y el desparpajo que exhibe le hacen creer que se acerca más al promedio del «argentino de bien», del «laburante» o sea de los mortales que sobrellevamos esta realidad. Y como consecuencia se convence que tiene el aval popular del cual se alimenta como todo dirigente político emergente de los barrios porteños donde la crueldad es un elogio. Eso transmite, produce sorna y azora en la misma proporción. Pero también cataliza y provoca la reacción como los «brotes verdes feministas» que se vieron germinar nuevamente en las calles, el viernes 8M.
De todos modos, mientras transcurre esta escena que se renueva diariamente hay otros canales subterráneos donde fluyen las corrientes que marcan los objetivos últimos de JGM y de su gobierno. Así lo aseguran quienes se arrogan el manejo de la información fina, de la letra chica de las definiciones presidenciales.
La clave, señalan, es una de las condiciones del decálogo que el mismo Milei expuso el viernes 1 de marzo en el discurso ante la Asamblea Legislativa como base para llegar al Pacto de Mayo. Precisamente es el punto 6 que plantea el «compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de recursos naturales del país».
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