Quienes redactaron la Constitución Nacional – exultantes de espíritu confederal, agotados de guerras intestinas – no se propusieron, evidentemente, forjar una Nación centralizada en el Puerto de Buenos Aires y alrededores, ni mendigar derrame de recursos desde el centro enriquecido hacia la periferia pobre del país, pero en los hechos, la práctica constitucional, el ejercicio de las distintas magistraturas, la han construido ladrillo a ladrillo, desde 1853 a la fecha. Es historia conocida.
Sebastián Aguirre Astigueta
La situación al día de hoy
No faltarán quienes, ante el desorden provinciano que sobrevino (y empeorará) al compás del recorte y quita de recursos federales en represalia indisimulada por el reciente desaire en el Congreso Nacional al tratar la Ley Ómnibus, pongan en tela de juicio el dogma federal de la Constitución y postulen de nuevo la disolución nacional, la formación de ligas de acción política del interior, la separación de provincias o secesión del Estado Federal, en un inaceptable «dÞjÓ vu» de los tiempos de la anarquía del año XX, que renueva la impactante y cruda constatación de la falta de federalismo real (como un golpe de luz artificial, diría el poeta Santiago Sylvester) en especial ante las crisis económicas sistémicas.
Esto además, gobierne quien gobierne, pues el origen del problema sigue siendo el mismo y proviene de un sólo e idéntico lugar: el del cómodo espacio del unitarismo conceptual dominante en el centro del poder, desde el que se alimenta el látigo y la billetera, el «doy para que des» o el rudo disciplinamiento fiscal, que el interior del país no termina de entender y conjugar como nocivo desde su génesis misma, ante cada liberalidad o fondo discrecional que se genera (reparación histórica, fondo fiduciario, docente, tabaco, compensador, etc.) y que luego con la misma discrecionalidad y unilateralidad se quita. Lo que nunca pasó es que las quitas y recortes sean hoy indiscriminados, sin reparar ni respetar alineaciones partidarias o ideológicas, como pasó sorprendentemente ahora con Chubut y tiene en vilo y debilitados a todos los gobernadores.
Este unitarismo del siglo XXI, intentará reeditar y provocar con viejas antinomias, ataques con eslóganes nada ingeniosos (pese a surcar el espacio con twitteos en X o videos en tik tok). Les llamará a quienes resisten los ataques, «gobernadores rebeldes» «caudillaje provinciano», «casta del interior», o lisa y llanamente «traidores», «enemigos» o «ratas» a quienes hay que «fundir» o «dejar sin un peso». por no entender la naturaleza del «cambio» -en verdad un populismo recidivo, esta vez ultraconservador- que no es más que el mismo vino de siempre, en odre archiconocidamente viejo. Otra vez «Civilización y Barbarie».
La reacción federal
Pero el tema merece ser analizado desde otra perspectiva: qué puede pasar -contando con un arsenal de remedios federales disponibles-, con la estrategia y la acción concreta de casi todos los gobernadores y autoridades varias de la Nación que comprende diputados, senadores, jueces de todas las instancias federales, ante la sólida puesta en escena de un indudable proyecto unitario en lo fiscal, preocupado por el déficit cero del ejercicio nacional y despreocupado del financiamiento provincial (u ocupado del desfinanciamiento para ahogar las administraciones). Es el momento de reflexionar y poner en ejercicio el tan mentado «check and balances», o frenos y contrapesos para equilibrar el hiperpresidencialismo que acelera a fondo, la atrofia de la federación que cruje.
La justicia federal de las provincias incipientemente reacciona, como la decisión del juez federal de Rawson o tantos otros, y pone presión y de algún modo adelanta en el tiempo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que – se avizora- deberá despertar de la sesión de «cronoterapia» aplicada a los asuntos de la Nación (expresión de Carlos Fayt) y deberá proceder a resolver la larga lista de temas, todos vinculados a la complexión de la República que pongan claridad en este enredo.
Será el tiempo de invocaciones al proyecto federal de los constituyentes, el consenso, buena fe y lealtad federal y el llamado al diálogo institucional entre Nación y los Estados provinciales, el que difícilmente se concrete si el presidente no acepta que es el jefe supremo de la Nación, jefe de su gobierno y responsable político de la administración general de una República Federal, en un momento muy difícil, sin exclusiones.
Acuerdos políticos
Si esto no fuera comprendido, si la lección constitucional no fuere asimilada en estos términos de preexistencia y mayor ascendiente político de las provincias sobre la Nación – repito- hay herramientas e instrumentos aptos en la Constitución, para corregir la ya casi inocultable dificultad del Presidente para llevar adelante los acuerdos políticos, en cumplimiento de pactos preexistentes, que den gobernabilidad a la Nación entera, en cumplimiento de la propia Constitución y para superar la crisis presente.
Esperemos no tener hacia adelante la necesidad de una especie de Caseros moderno ni permitir la fragmentación o balcanización de las unidades políticas de la Nación. Solo controlando las pulsiones hiperpresidencialistas desmadradas del presente y convocando los gobernadores a la Unión Nacional podrá revertirse la anormalidad que se impone bruscamente – anormalidad que resalta el politólogo Ezequiel Jiménez en páginas recientes -, por la que un día se comienza con el silencio a los pedidos y las cartas documentos ministeriales ante los recortes, se sigue con la emisión de cuasimonedas, el cierre de llaves de gas y puertos y se termina en la anarquía nacional, cuando no el caos en las calles. Todo, por no seguir los caminos señalados en la Constitución Nacional