En el marco de un resonado conflicto entre las provincias ricas en recursos naturales y las empresas estatales extraccionistas, en donde se intentan dirimir las consecuencias de los pasivos ambientales causados por estas últimas, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, exigió a la compañía estatal YPF el pago de “100 años de pasivo ambiental”, en el marco del Plan de Restitución de Áreas de Explotación de Petróleo Convencional.
En este sentido, el director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, dialogó con el programa “Planeta Tiempo” que se emite por Tiempo FM 97.5, explicando que los pasivos ambientales consisten en todas aquellas situaciones que suceden en los territorios, a lo largo del proceso de una actividad económica que tiene como eje principal la explotación de recursos naturales y que, en consecuencia, “genera residuos y quedan allí asentados todo lo que son desechos. Muchos de ellos no pueden ser procesados o minimizados y quedan establecidos en el territorio. Los desechos pueden ser de múltiples procedencias: de desagües líquidos, cloacales, o químicos. Quedan ahí en el terreno y tienen que ser -de alguna forma al finalizar o durante la actividad- procesados y minimizados para que eso pueda ser utilizado de otra manera”, detalló.
“Cuando se realiza una actividad económica y quedan los pasivos, se generan impactos enormes como se conocen en muchos lugares. No quedan inertes al suelo y, después, quedan transmitiendo sus efectos a las personas que habitan allí”, añadió Nápoli.
Al ser consultado por Tiempo FM sobre cómo repercuten los contaminantes en la salud y la calidad de vida de la población, el director Ejecutivo señaló que dicho daño depende del tipo de contaminantes a los cuales la comunidad queda expuesta: “Lo que hay que hacer -fundamentalmente- cuando hay una actividad económica en marcha, es un estudio de cuentas generales y de pasivos ambientales. Muchas veces eso se establece pensando en el precio, ya que si uno tiene que comprar una empresa que tiene muchos pasivos, es posible que esa empresa tenga otros pasivos como juicios, reclamos y demandas. Entonces, los precios bajan”, puntualizó.
Nápoli señaló que en distintos lugares del país existen normativas vigentes para regular la actividad extraccionista y los pasivos ambientales: “Si bien se cuenta -en Buenos Aires- con normativas, las mismas son prácticamente inaplicables porque no existen organismos técnicos que sean capaces de tener una opinión sobre el tema. Y cuando existen, no están bien remunerados y ahora que estamos en un proceso de desmembrar el Estado, esto está librado al “sálvese quien pueda”. Por lo que lejos de avanzar en esos aspectos que en todo el mundo se hace, acá estamos retrocediendo”, remarcó.
El Acuerdo de Escazú
Por otro lado, Nápoli explicó que -desde hace poco tiempo- el país logró ingresar en una guarda internacional denominada “El Acuerdo de Escazú” la cual consiste en “un acuerdo que promueve la participación, la información y la justicia ambiental. Ahí van a existir obligaciones para que los países reporten estos temas, que tienen que ver con la información pública puesta a disposición de toda la ciudadanía. Hay una obligación que, en algún momento, va a tener que cumplirse”, indicó.
Por último, el director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se refirió a las recientes declaraciones del gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres. El mandatario sostuvo que exigirá a la empresa estatal YPF el pago de “100 años de pasivo ambiental” en el marco del Plan de Restitución de Áreas de Explotación de Petróleo Convencional: “Esto me parece una excelente idea, de generar un plan de desarrollo que no es solamente sacar el petróleo, venderlo y cobrarlo. Es sacar el petróleo en determinadas condiciones y que el mismo pueda servirle a la población para desarrollarlo pero, también, que las consecuencias no las sufran las personas que viven en el territorio. El país puede estar abundante en materia de recursos, pero las provincias -como Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén- sufren todas las consecuencias, y ahí es donde hay que apuntar”, destacó.
“Yo creo que es una buena estrategia para tomarlo en serio. Si se va a tomar la idea del pasivo ambiental, no puede ser un arma más para presionar a uno u otro sector, sino que tiene que venir de la mano de un estudio bastante serio y complejo que hay que hacer, para poder establecer qué es un pasivo ambiental y cómo poder recomponerlo”, concluyó
Tiempo FM