El abogado de la ciudad de Bolívar Jorge Moroni fue centro de una nota periodística publicada por el Diario La Nación, vinculada a su actuación profesional en representación de numerosos productores agropecuarios de Bolívar, Azul y Daireaux afectados por el desmesurado incremento de las Tasas Municipales, especialmente la Tasa Vial, la creación potencial de nuevas tasas que afecten las explotaciones y/o la falta de prestación de los servicios que suponen.
Moroni se ha especializado en estos temas tocantes a lo contencioso-administrativo y su estudio en Bolívar está siendo epicentro de numerosas consultas de productores de los distritos vecinos.
La nota periodística de La Nación, con la firma de Mariana Reinke, hace foco en “el hartazgo generalizado de muchos productores bonaerenses” que provocó “una catarata de juicios contra varios distritos de la provincia. Son cientos de propietarios de tierras que, individualmente, recurrieron a la Justicia para tratar de revertirlo”.
La periodista en primer lugar informa acerca de las actuaciones de Moroni en relación a productores de la ciudad de Azul, quienes demandaron al municipio contra una “Tasa de servicios esenciales” creada por ordenanza, equivalente a un litro de gas oil por hectárea. Unos 50 campesinos azuleños depositaron confianza en Jorge Moroni para que los represente ante los tribunales de esa ciudad y se está al aguardo de una resolución judicial por una medida cautelar peticionada, que suspenda la obligatoriedad del pago hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Su estudio, no obstante, también está interviniendo en casos relativos al distrito de Daireaux, por aumento desmesurado de esas tarifas y por falta de prestación de servicios. Son unos 15 productores que, como manifiesta el letrado a La Nación, “hicieron una demanda contra el municipio por la no prestación del servicio y, además, por el aumento de más de un 350% de la tasa planificada para este año”.
Moroni explicó al diario de tirada nacional que ya hay antecedentes jurisprudenciales favorables a las actuaciones que lleva adelante, mencionando el caso Andrea Passerini, una productora de Carlos Casares que logró que la Justicia le admita razón ordenando a la Municipalidad a restituirle lo pagado ante la no prestación del servicio que presupone la Tasa.
Apalancándose en este fallo que sentó precedentes Moroni afirmó que “teniendo en cuenta este antecedente jurisprudencial, para el caso de la gente de Daireaux, le estamos pidiendo al mismo juez que permita a los productores no pagar para que luego no se tenga que hacer otro juicio posterior para que restituyan lo pagado. Más de 12 ya han iniciado juicio y otros tantos están en vía de hacerlo, juntando la documentación pertinente”, subrayó.
Sin embargo, más allá de toda esta actuación zonal ya descripta, rescatamos como más trascendente la información que Moroni aportó al diario colega relativa a juicios contra la Municipalidad de Bolívar prestos a ser iniciados, ya que la vía administrativa quedó cerrada, según su afirmación. Por tal razón, consultamos este miércoles a Jorge Moroni, quien se expresó sobre el particular.
Efectivamente, el abogado explicó a La Mañana que “con mucho orgullo” se sumó al trabajo que inició en esta ciudad originalmente el Dr. Juan Pablo Merbilhaá, destacado constitucionalista, docente del Derecho, ex presidente del CARBAP y asesor permanente de esta última entidad, quien ha venido asesorando a un grupo de productores, básicamente todos ellos enrolados en el grupo denominado PAU (Productores Agropecuarios Unidos), y que han presentado diferentes trámites, peticiones e intimaciones ante el municipio de Bolívar. Todas ellas han sido rechazadas y por lo tanto se ha producido el cierre de la vía administrativa, instancia imprescindible en la materia contencioso-administrativa como para iniciar acciones judiciales.
Moroni tiene a su cargo la totalidad de las acciones procesales que correspondan y en ese sentido aseguró que en el curso de la semana entrante se radicarán demandas ante el Tribunal competente, procurando que la Justicia determine fehacientemente, en principio, la falta de prestación de los servicios cubiertos por la Tasa Vial. Es decir, dejar sentado jurisprudencialmente que no ha habido la retribución correspondiente del servicio de arreglo de caminos rurales, circunstancia “imprescindible para que la Tasa no se convierta en un tributo a la tierra”.
“En paralelo también iniciaremos una medida cautelar con base en la jurisprudencia sentada en el caso Passerini (que mencionamos más arriba). Procuramos que el juez determine la no obligatoriedad del pago para evitar que, de lo contrario y ante una resolución favorable de la medida de fondo, se deba iniciar otro juicio para que el Municipio devuelva al productor lo pagado sin causa”, explicó didácticamente Jorge Moroni.