YPF anunció que no tiene interés en invertir en áreas no rentables y acuerdan con Mendoza para que las operen empresas más chicas. No habrá reversión, sino «asociación o venta». Las condiciones.
La relación entre la petrolera YPF y el Estado mendocino ha recorrido un camino sinuoso y condicionado por la relación de dependencia que tiene Mendoza de esa empresa. Ahora hay una confluencia forzosa: la petrolera estatal blanqueó la intención de desinvertir en áreas que no son rentables y el Gobierno transita el mismo camino para que haya otros operadores que se hagan cargo de al menos 14 áreas que están en manos de YPF. Ese camino es irreversible y ahora negocian el modelo: si YPF queda como “propietario” de las áreas y se asocia con los nuevos operadores o si, como también analizan en la empresa, las vende. En ambos casos se ratifica otra decisión del Ejecutivo liderado por Alfredo Cornejo: no habrá reversión de áreas, ni sanciones.
En el horizonte hay un tema que puede mantener la tensión entre las partes: el precio que paga YPF por el petróleo que se extrae y que compra para refinar. Hay una histórica disputa porque la petrolera tiene toda la cadena de valor en Mendoza y se “autocompra” el petróleo para industrializar en la refinería. De ese valor depende lo que se paga, por ejemplo, de regalías. El precio ha sido motivo de controversia muchas veces porque desde el Gobierno sospechan que se subvalúa el petróleo. La intención de Cornejo es que una vez que se cambie de operador, haya auditorías en esas transacciones para que se hagan a un valor de mercado.
El camino
La intención del Gobierno es que las áreas petroleras vuelvan a producir o, al menos, haya inversión para revertir el declive que tienen. La máxima de la que parten es que si bien a YPF no le interesan por una cuestión de escala, sí sean atractivas para empresas pequeñas a las que les sea rentable explotar áreas maduras. Los activos petroleros en cuestión tienen una larga historia en la que también está involucrada la política y el sinuoso camino que tuvo YPF, particularmente antes de la estatización.
En 2011 el entonces gobernador Celso Jaque prorrogó las áreas antes de su vencimiento en un mega acuerdo firmado con Sebastián Eskenazi, que oficiaba de principal directivo de la empresa. Eskenazi ya había ingresado a esa empresa con la particular maniobra de pagar su participación con “futuros dividendos”, en una operatoria que sería cuestionada a futuro. Un año después de la prórroga y las gestiones del empresario como jefe de YPF; el gobierno nacional expropió la empresa para que vuelva al control estatal. La “nueva” YPF heredó todos los contratos y compromisos y ahora se vuelven a negociar las condiciones, con el sinceramiento de la empresa ahora conducida bajo los lineamientos del presidente Javier Milei.
Las áreas que fueron prorrogadas en su momento y vuelven a estar cerca de su caducidad son El Portón, Barrancas, Cerro Fortunoso, El Manzano, La Brea (ya revertida), Llancanelo, Llancanelo R, Puntilla del Huincán, Río Tunuyán, Valle del Río Grande, Vizcacheras, Cañadón Amarillo, Altiplanicie del Payún, Chihuido de la Sierra Negra, Puesto Hernández y La Ventana. Aún no ha sido oficializado el listado de las áreas que YPF quiere desestimar, pues solo buscarían quedarse con las que son rentables. Igual, desde la empresa aseguran que no habrá decisiones intempestivas y que no habrá cambios que generen alteraciones en la “paz social”.
Apuros
En el Gobierno y la empresa aseguran que el proceso será rápido. Tanto, que quieren que el año que viene ya haya resultados en cuanto al cambio de tendencia en la producción y la generación de actividad. En la campaña electoral, el equipo de Cornejo hizo una estimación optimista: lograr una inversión de U$D 500 millones en 4 años. En carpeta está también la licitación de otras 12 áreas petroleras.
El esquema previsto es apostar a las empresas chicas y medianas e incluso a la formación de nuevas compañías. El mascarón de proa que tienen para ilustrar el horizonte es lo ocurrido con la empresa Aconcagua, que fue creada en la provincia y tiene activos en otros distritos. Esa empresa, por ejemplo, está asociada con el Estado local y anunció en los últimos días la incorporación de un equipo de perforación. Se trata de un activo comprado por el Estado a través de PRC, a cargo ahora de la empresa Impulsa Mendoza y que será adaptado para la industria petrolera y para que Aconcagua, socio de Impulsa, lo opere.
En el Ejecutivo destacan que el camino iniciado con YPF puede ser virtuoso porque tienen visiones parecidas y por eso buscan acelerar. Igual, hay negociaciones a futuro. Además del precio que YPF declara y paga por el petróleo, también habrá discusión para que la empresa invierta en las áreas que sí pueden tener interés. Entre ellas está la recuperación terciaria y, posiblemente, el petróleo pesado de Llancanelo y la prueba piloto en la parte mendocina de la formación Vaca Muerta. En ese caso ya se realizó la fractura hidráulica y en se espera que entren en producción para evaluar el potencial. Una vez que se realice ese trabajo, la empresa debe estimar si es viable la explotación. El propio CEO de YPF ya advirtió que habrá inversión futura si la ecuación económica está a la par de los beneficios que otorgan los pozos del otro lado del Río Colorado, es decir en Neuquén. La variable de ajuste para “hacerlos competitivos” podrían ser las regalías que Mendoza cobra. Es decir, es altamente probable que se pida una rebaja en ese canon.
Mendoza es parte del directorio de YPF, pero con un peso meramente testimonial. Incluso la directora designada, Jimena Latorre, deberá abstenerse de firmar como Ministra de Energía expedientes relativos a la empresa por ese doble rol. En Casa de Gobierno explican que el 90% de los temas relativos a petróleo tienen que ver con YPF en Mendoza