En una entrevista con Lilí Berardi, el abogado de la empresa, José Benito Aldazábal, explicó los delitos que consideran que cometió el Gobierno al entregar las llaves y facilitar el acceso de los preadjudicatarios a la obra. Indicó que las familias podrían «ser cómplices», aunque advirtió que podrían «reclamar por el incumplimiento» de los funcionarios. «No se puede hacer lo que hicieron, jugar así con la esperanza de la gente», dijo.
La empresa Arcor se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente y los funcionarios actuantes a la cabeza, como presuntos autores de acciones delictivas en el marco de la toma de posesión de las 84 viviendas por parte de los preadjudicatarios sorteados el 25 de febrero.
El abogado José Benito Aldazábal, en representación de la compañía multinacional, hizo la presentación ante la fiscala María del Valle Viviani para que en la causa, que tiene como carátula «averiguación de ilícito» se investiguen los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de bienes del Estado.
Arcor pidió a Viviani que caratule así la causa en trámite desde que los preadjudicatarios tomaron posesión de las viviendas y solicitó que tenga en cuenta la medida cautelar vigente en el fuero Contencioso Administrativo, que impedía al Gobierno de Cecilio Salazar tomar cualquier medida respecto de las consecuencias del sorteo anulado.
«Si bien ,como dijo la fiscal, no es una usurpación porque se les abrió la puerta y se les entregó la llave, entendemos que hay delitos más graves, en los que están involucrados funcionarios públicos al hacer entrega«, sostuvo en diálogo con La Opinión el abogado José Benito Aldazábal.
El representante legal de Arcor en la causa consideró que «se desobedeció la manda judicial de la cautelar, que ordenó no innovar; hubo abuso o incumplimiento de los deberes de funcionario público; y hubo hasta malversación, porque se entragaron bienes del Estado que no se podían entregar«.
Explicó que el Gobierno no podría haber hecho entrega de las llaves ni autorizado la toma de posesión de los preadjudicatarios porque se trata de bienes del Estado que están involucrados en una causa en el fuero Contencioso Administrativo con medida de no innovar.
«El sorteo se anuló y la cámara dijo que hasta que no se resuelve el juicio, esa medida cautelar está vigente», recordó Aldazábal.
«La llave no se la dieron en el sorteo y el sorteo fue anulado. La llave se la dieron después y de manera clandestina, irregular«, señaló el abogado y advirtió que en la Justicia «ni siquiera está la escritura del sorteo».
«La Justicia les pide los antecedentes y eso no está, no está la escritura pública con escribana que dice que esos son los sorteados. Tampoco hay expediente administrativo, todo eso lo pidió la Justicia y no está», aseguró.
Respecto de la situación de los preadjudicatarios, recordó que «hay un principio que dice que la ley se presume conocida por todos».
Dstacó que «los primeros que deberían saberlo son los funcionarios», por lo que «la gente podría decir que fue inducida, pero son parte de una maniobra irregular y resultan beneficiarias de casi un delito, yo pienso que lo hicieron de buena fe, pero en parte se sabía lo que estaba ocurriendo».
«Tendrán un derecho subjetivo de ir contra los funcionarios que crearon una falsa expectativa. Hay responsabilidad de los funcionarios que fueron contra algo que estaba normado y ellos sabían», señaló Aldazábal.
En la causa en el fuero Contencioso, Arcor pidió a la Justicia que la Municipalidad cumpla el cargo de la ordenanza, que establecía que esos terrenos fueron donados para relocalizar habitantes del Bajo Puerto que ocupan tierras de la empresa. El Gobierno, por su parte, considera que ese cargo ya fue cumplido. Esa es la cuestión de fondo