Santa Cruz no firmó
Las y los vicegobernadores plantearon que “en la sociedad se invierte, no se gasta” y destacaron el rol central la Nación en esa tarea. El vicegobernador santacruceño, Fabián Leguizamón, no firmó el acompañamiento.
Después de la caída de la Ley Ómnibus, las provincias se plantaron contra las medidas de ajuste. Los vicegobernadores Rubén Dusso, de Catamarca; Teresita Madera de La Rioja; Alicia Mayoral, de La Pampa; Carlos Silva Neder, de Santiago del Estero; Antonio Marocco, de Salta; Pedro Pesatti, de Río Negro; Eber Solís, de Formosa; Lucas Romero Spinelli, de Misiones y Alberto Bernis, de Jujuy, acusaron al Gobierno de Javier Milei de tener “desprecio” por el interior del país, en el marco de un reclamo en varios distritos por la repartición de fondos. En el documento que se dio a conocer este fin de semana, no se encuentra la firma del titular de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, aunque el gobernador Claudio Vidal sí ha advertido sobre la quita de fondos a las provincias, señalando que en enero varias partidas presupuestarias cayeron a cero.
«Manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno Nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios, pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados. Al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige».
Además del repudio al plan económico del Gobierno, los vicegobernadores apuntaron contra el presidente Javier Milei, quien opera por «venganza política» contra las provincias, tras el ajuste y la quita de fondos a los distritos del país.
«El método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar ‘venganzas políticas’. Como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros. Medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes, responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público», advierte el escrito.
En este punto, informaron que «desde el Gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentado medidas que, en dos meses, han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos. En particular, en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años».
En otro apartado, los firmantes señalaron la gravedad del ajuste en educación a partir del freno en las transferencias de recursos del Fondo del Incentivo Docente (FONID) a las provincias. Sostuvieron que esta maniobra contra «las familias de nuestras provincias» también «amenaza seriamente la educación de sus hijos, con la decisión de Javier Milei de dejar de transferir los importes que corresponden al Fondo del Incentivo Docente (FONID)».
El FONID, durante enero, fue prácticamente el único rubro «de las transferencias discrecionales a las provincias que siguió devengando importes (por el pago de salarios, etc.), pero el Ejecutivo solo transfirió a nuestras provincias menos del 1 % del importe para el concepto de Educación», detalla el comunicado.
De esa manera, «cuando se liquidaron los salarios de enero, los docentes hubieran visto en sus recibos de sueldo una disminución de sus ingresos, lo que no sucedió, porque que los gobiernos provinciales compensaron ese adicional. Esta es una situación extremadamente grave, responsabilidad única del presidente de la Nación. El FONID tiene 26 años en Argentina. Es un componente del salario en un país donde muchas provincias tienen un alto componente de sus presupuestos destinados a salarios».
Es necesaria «la presencia del Estado reintegrando por esa vía parte de lo que producen las provincias. No puede, de un momento para el otro, desaparecer. Se trata de más de 14.500 millones de pesos por mes. Es una suma imposible de compensar mantenida en el tiempo, como claramente se advierte, ya que es claro que con nuestros ingresos recortados y con la enorme caída de la actividad económica, este aporte de las provincias no podrá sostenerse en el mediano plazo», agrega.
Para finalizar, sobre los recursos para la educación y pago de salarios docentes, los vicegobernadores advirtieron: «De persistir esta situación, las provincias no podrán hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional. Y esta situación se está dando en todas las jurisdicciones del país, que están siendo sometidas al mismo retraso en la transferencia de los complementos salariales docentes por parte del Gobierno de Milei»
Tiempo Sur