La investigación liderada por el fiscal Guillermo Marijuan detectó que 173 empleados públicos mendocinos cobraban el plan social Potenciar Trabajo, dirigido a personas en estado de alta vulnerabilidad.

Se trata de un situación irregular ya que la normativa del Potenciar Trabajo destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”. A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.

Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), envió en noviembre una carta al por entonces gobernador Rodolfo Suarez para solicitar información sobre los empleados estatales (de planta y contratados) de Mendoza. La misma nota fue enviada al resto de los mandatarios provinciales.

La intención del fiscal era hacer un entrecruzamiento y análisis de los datos entregados por cada provincia, mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). En el marco de la investigación, que se lleva adelante bajo la calificación de defraudación a la administración pública, se dispusieron varias medidas con el fin de verificar las incompatibilidades.

En tal sentido, se confirmó que al menos 9.041 empleados públicos de 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cobraban esa prestación, un hecho incompatible. Sólo no enviaron la información requerida las autoridades de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca, que ya fueron intimadas por Marijuan.

El listado es liderado por Tucumán, que registra 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo. Siguen La Rioja (1.060), Jujuy (652), Corrientes (518), Salta (434), Santa Fe (350), Neuquén (343), Chaco (336), Misiones (321), CABA (231), Río Negro (198), Córdoba (194), Formosa (180), Mendoza (173), Santa Cruz (128), San Juan (109), Entre Ríos (106) y San Luis (43).

A principios de noviembre, el fiscal federal Guillermo Marijuan envió una carta idéntica a los 24 gobernadores argentinos, entre ellos, el mendocino Rodolfo Suarez, ya que estaba tratando de determinar irregularidades que comenzaban a saltar en el Potenciar Trabajo, el plan…

Desde el Gobierno mendocino indicaron que en noviembre respondieron la solicitud de Marijuan, y que enviaron nuevamente la información un mes después, ya con Alfredo Cornejo en el poder.

Desfalco millonario

Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.

Asimismo, el Gobierno nacional dio de baja a más de 36 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo por diferentes irregularidades. Se trata de personas que percibían “jubilaciones o pensiones; prestación por desempleo; monotributistas categoría C o superior; trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero; fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad”, según destacó la cartera de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Según publicó el portal Infobae, la Justicia estima que el desfalco al Estado Nacional actualizado es de casi $8.000 millones de pesos por año