Salta.- El ajuste emerge como el tema más preocupante para los gobiernos provinciales, especialmente a partir de la insistencia de la gestión nacional de alcanzar el déficit cero como prioridad excluyente.
Con evidencias del costo de tal propósito, se avanza en Salta en poner a resguardo el equilibrio fiscal que se ha venido sosteniendo.
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, ponderó el impacto del ajuste con una cifra precisa. Las transferencias automáticas sufrieron un recorte de 15.000 millones de pesos en enero. “Eso significó un retroceso muy grande en términos de nuestra economía”, advirtió el funcionario.
Se estimaban dificultades para el arranque del año, que en situaciones ordinarias suele ser un período difícil desde el punto de vista financiero. Cabe recordar que la administración del Estado se está rigiendo con una prórroga del presupuesto del anterior ejercicio fiscal, a lo que debe agregarse que en el último bimestre se redujeron los envíos de fondos coparticipables por la reducción del impuesto a la Ganancias, del que se excluyó a la cuarta categoría. Ahora debe sumarse la interrupción del flujo de recursos con asignación específicas en áreas vinculadas con educación, salud, programas sociales, viviendas y transporte, entre otras.
En principio se dispuso la paralización de obras públicas; además, han comenzado a emerger dificultades en servicios como el de la salud, que evidencia los efectos de falta de insumos, que está obligando a la reducción de prestaciones. En ese marco se ubica la reanudación de paritarias del sector público.
La convocatoria se realizó para el 15 de este mes, el mismo día en que se realizará la reunión del Consejo del Salario para acordar un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. No es una fecha caprichosa sino que se fijó para un día después de que el Indec publique la inflación de enero que se estima por encima del 20 por ciento por segundo mes consecutivo. Si bien la cifra que pueda resultar de la compleja negociación que se da en ese ámbito no genera una obligación directa a los gobiernos provinciales, es una referencia ineludible a la hora de fijar el salario inicial.
La última actualización del salario mínimo, actualmente de 156.000 pesos, fue realizada en setiembre pasado, en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández. La situación política, social y económica actual permite anticipar que la negociación será complicada. El Consejo se integra con más de 30 miembros, entre los que se encuentran referentes de las tres centrales obreras y de las principales representaciones empresariales, como la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural. La conducción de la CGT ya anticipó que pedirá un aumento del 85% en el salario mínimo y se espera que la CTA demande un incremento aún mayor.
Para la negociación provincial, el gobierno de Gustavo Sáenz adelantó que las discusiones salariales deberán plantearse por la recaudación y no por la inflación. El propósito podría verse facilitado por el cierre de las paritarias de 2023, que adecuó los salarios al crecimiento de los precios en el año anterior.
Será así en tanto se logre acercar posiciones entre dos sectores que sufren los efectos del recorte de partidas, en el caso del Gobierno y de la inflación, que pulveriza los sueldos.
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