Lo que está en juego es alrededor de un tercio del objetivo planteado si se calculan los impactos de la reforma del Impuesto a las Ganancias, el adelanto de Bienes Personales, las resistidas retenciones, el blanqueo de capitales, la moratoria fiscal y el desfase en la actualización de haberes previsionales.

La primera reacción oficial deslizó un rencor solapado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que habrá un mayor ajuste sobre las provincias. Ya comenzó, aun cuando las transferencias discrecionales no sean tan relevantes en términos macroeconómicos.

Pero el recorte de envíos es elocuente. Según el Ieral de Fundación Mediterránea, los giros no automáticos de enero fueron apenas $ 206 millones. La cifra equivale al 0,4% del dinero distribuido un año atrás por la misma vía. Hubo 10 provincias que ahora no recibieron nada; La Rioja entre ellas.

La puja por la coparticipación del ajuste empieza a ser medular, tanto por razones políticas como económicas. Y el peso de las miradas se inclina, sobre todo, hacia los espacios dialoguistas.

“Córdoba no para, Córdoba no se arrodilla, Córdoba no tiene miedo”, exclamó el gobernador Martín Llaryora en el cierre de su discurso por la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

El mandatario, quien tiró del ya clásico alambrado cordobesista que otras gestiones provinciales tensaron o relajaron, según las circunstancias, se esforzó por marcar diferencias entre un ajuste por las malas y otro por las buenas, al que calificó de “convenio colaborativo”.

Claro que alinear los espíritus de cooperación no es sencillo. Las pruebas están expuestas en las magulladuras que la joven piel libertaria está coleccionando en su primera travesía parlamentaria, incluso más allá de los errores no forzados.

Los saldos

¿Qué quedará del proyecto de “ley ómnibus” cuando pase por el Senado? Mientras el presidente Javier Milei masculla bronca, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó que convocará a los gobernadores para acordar “un nuevo pacto fiscal”.

Por lo pronto, sin aumento de retenciones ni reforma de Ganancias (están en el núcleo duro de los proyectos impositivos), el primer galope fue sobre los combustibles, aunque sin ejecutar todo el atraso tributario acumulado desde mediados de 2021, por el impacto en la inflación y en el clima social.

Los gobernadores quieren hincar sus dientes sobre el impuesto Pais (grava las operaciones en moneda extranjera), cuyo peso en la recaudación ha crecido de manera exponencial, aunque frente a la nueva hoja de ruta comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ese podría ser un callejón sin salida si finalmente Milei ejecuta este año el operativo desarme del cepo cambiario.

Este punto refleja otro eje en pugna: la velocidad de las reformas y del ajuste. No en vano hay economistas que señalan que, si bien el déficit cero financiero no asoma ahora como posible, hay chances de lograr el superávit primario (resultado que no incluye el pago de intereses por deudas), un estatus que se perdió en 2010.

Y entre la profundidad y la velocidad, también se juega la consistencia, que no sólo salpica el territorio de la gobernabilidad. Los impactos de la estanflación corroen a la economía real y demandan una fina coordinación con las decisiones de políticas cambiarias y monetarias, sobre las que el Gobierno nacional no termina de mostrar sus cartas