Análisis: Cuasi monedas en La Rioja, señal de necesidad de un ordenamiento tributario nacional

El gobierno de La Rioja emitió una cuasimoneda para pagar los sueldos de los empleados públicos. La medida consiste en la emisión de títulos de deuda pública provincial. Aunque no tienen el estatus de moneda legal, estas cuasimonedas funcionan de manera similar en transacciones comerciales.

Pero existen diferencias. Las cuasimonedas tienden a depreciarse frente al peso argentino, exacerbando los efectos de la inflación. El exceso de emisión de estos títulos podría llevar a una devaluación acelerada, afectando negativamente tanto a empleados públicos como al sector productivo de la provincia. Este fenómeno, lejos de ser una solución, plantea serios interrogantes sobre la gestión fiscal y la necesidad de una reforma tributaria integral.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA EN LA RIOJA

El gobernador de La Rioja argumenta que el problema son las insuficientes transferencias por parte de la Nación. Sin embargo, datos del Ministerio de Economía revelan que La Rioja ha recibido más del doble de coparticipación por persona en comparación con el promedio nacional y posee una cantidad significativamente mayor de empleados públicos por habitante. Este escenario sugiere que el problema no radica en la falta de recursos sino en un manejo ineficiente del gasto, sobre todo por la expansión excesiva del empleo público.

La situación en La Rioja no es un caso aislado. Otras provincias beneficiadas por la coparticipación enfrentan riesgos similares. Los incentivos actuales promueven el gasto público excesivo y prácticas clientelares, lo que a largo plazo puede desencadenar crisis financieras similares en otras regiones.

EL PROBLEMA ES LA COPARTICIPACIÓN

Los patrones de gasto público excesivo, especialmente en el empleo público, se ven impulsados por los incentivos creados por la coparticipación de impuestos nacionales. La distribución de la recaudación nacional a las provincias se realiza diaria y automáticamente, siguiendo criterios fijos que responden a otro momento del país y no con poca arbitrariedad. Esto resulta en que algunas provincias reciban una cantidad desproporcionada de recursos en comparación con su aporte, sin condiciones específicas.

Este fenómeno de financiamiento excesivo permite y fomenta la ejecución de prácticas clientelares por parte de los gobiernos provinciales, siendo el aumento de la plantilla de empleados públicos para perpetuar el poder un claro ejemplo de ello. Recibir una mayor coparticipación se convierte, paradójicamente, en un obstáculo para el progreso ya que promueve la mala gestión.

Contrario a la creencia popular, los problemas generados por las cuasimonedas no se solucionarán incrementando las transferencias nacionales. De hecho, mayores recursos sólo intensificarían el desperdicio de fondos públicos. En su lugar se requiere un reajuste del sistema tributario que elimine la coparticipación. En vez de centralizar la recaudación de impuestos nacionales para su posterior distribución entre el Estado nacional y las provincias bajo parámetros arbitrarios, se debería avanzar hacia una distribución asociada a las fuentes tributarias de cada jurisdicción.

Con esta nueva estructura, las provincias se autofinanciarían con el IVA generado en su territorio, combinado con los Ingresos Brutos. La recaudación seguiría centralizada, pero la distribución no se basaría en coparticipación, sino que iría directamente a la provincia donde se generó el valor agregado. Para las provincias menos desarrolladas, se considera la creación de un Fondo de Convergencia que les permita funcionar de manera normal, pero que también les exija implementar y cumplir con una estrategia de desarrollo realista y verificable.

ORDENAMIENTO TRIBUTARIO: UN PENDIENTE DE LA LEY ÓMNIBUS

La ley ómnibus, actualmente en discusión, contempla reformas en algunos impuestos, pero omite un reordenamiento integral del sistema tributario. Esta omisión representa una debilidad y pérdida de oportunidad que necesita ser abordada con urgencia.

El desarrollo general del país, y en particular de las regiones más desfavorecidas, depende crucialmente de la eliminación de los incentivos perjudiciales que surgen de la actual estructura de coparticipación. Las cuasimonedas en La Rioja son resultado de décadas de sostener un esquema de redistribución de fondos que atenta contra un verdadero desarrollo federal