A pesar de los esfuerzos del Presidente Milei por impulsar la Ley Ómnibus, la falta de escaños suficientes ha llevado a la necesidad de negociar con la oposición dialoguista para obtener la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, las conversaciones se encuentran estancadas debido a cinco puntos que preocupan a los legisladores opositores.
Uno de los principales puntos de discordia es el capítulo de las jubilaciones. El proyecto propone suspender la actual Ley de Movilidad Jubilatoria y otorgar facultades al Poder Ejecutivo para determinar una nueva fórmula sin establecer un plazo. Ante esta propuesta, la oposición rechaza la eliminación de la fórmula y sugiere la emisión de bonos para aumentar los haberes por encima de la ley actual.
Además, la Ley Ómnibus busca establecer la emergencia en distintas áreas como la económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética. Esto otorgaría facultades extraordinarias al Ejecutivo hasta diciembre de 2023, con la posibilidad de prorrogarlas por dos años más. La oposición está dispuesta a aceptar la declaración de emergencia por un año y renovarla por otro bajo autorización del Congreso.
El incremento de las retenciones al agro también genera controversia. La Ley Ómnibus propone aumentar las retenciones, lo cual afectaría especialmente a las economías regionales. Los bloques opositores se oponen a este incremento y solicitan que el Gobierno busque otras formas de recaudación. Solo aceptarían la fijación de una nueva tasa de retenciones por tiempo determinado y con porcentajes menores.
La derogación de la Ley de Sostenibilidad de Deuda Pública es otro punto de conflicto. Esta ley establece un tope máximo para la toma de deuda externa, que solo puede ser superado con aval del Congreso. Los legisladores opositores exigen que se mantenga vigente debido al amplio consenso con el que fue sancionada.
Por último, el proyecto contempla la posible privatización de 41 empresas estatales, entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Fabricaciones Militares, AySA y la agencia de noticias Télam. La oposición reclama que se presente un listado detallado de las empresas que se pretenden privatizar y se oponen a la privatización de YPF y el Banco Nación