El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, propuso, insólitamente, hace unos días que la policía bonaerense y los tribunales locales dejen de ser los encargados de combatir la venta minorista de drogas y el narcotráfico en el ámbito provincial, y que sea el fuero federal el que se encargue de esta tarea, algo que no ocurre desde que fue sancionada la ley 26.052 en 2005.

Este cambio de modalidad, que en la práctica implica un desentendimiento de la responsabilidad que le compete a la provincia de Buenos Aires en la lucha contra este flagelo que tanto mal le ocasiona a la sociedad, es un absurdo que nunca tendría que haber sido planteado por el gobernador, ya que se asemeja a una maniobra con la que se busca evadir una responsabilidad para salvaguardar intereses políticos propios o los vínculos que puedan existir con el narcotráfico.

Kicillof ha confirmado que ya ha efectuado el pedido para que todos los delitos vinculados al narcotráfico, ya sea referidos al delito complejo como aquellos de narcomenudeo, se vuelvan a integrar. El gobernador sostiene que hay que volver a unificar su tratamiento en el ámbito de la esfera federal, ya que la separación de un tema tan complicado deja a la sociedad en una situación de mayor vulnerabilidad.

Esta argumentación no tiene relación con el sentido común que indica que mientras más fuerzas de seguridad y organismos de justicia intervienen en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas, mayores son las posibilidades de ejercer una acción concreta y obtener resultados favorables contra este mal que, precisamente, en Buenos Aires y otros estados densamente poblados del país requiere acciones conjuntas entre la provincia y la Nación. Esto último ha sido admitido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien ha propuesto trabajar con la Nación en la lucha contra el narcotráfico.

Lo expresado por el mandatario bonaerense puede interpretarse como el deseo de no colaborar con la Nación en la lucha contra el narcotráfico; ahorrar esfuerzos dejando de lado una tarea tan importante para la comunidad o simplemente como un incumplimiento de deberes para un funcionario de su categoría, lo que podría llegar a derivar en una denuncia o hasta un enjuiciamiento político, si se lo considera una falta grave.

En realidad es poco lo que ha hecho Kicillof en los últimos cuatro años de gobierno correspondiente a su primera gestión como gobernador de Buenos Aires, ya que de acuerdo a los registros en ese período fue resuelto sólo el 10% de las más de 90.000 causas por infracción a la ley de drogas iniciadas en esa jurisdicción.

Ahora el gobernador con su pretensión de que sólo la Justicia Federal trate temas de venta de drogas dejaría fuera de investigación toda denuncia de venta minorista, un objetivo oscuro que deja muchas dudas