A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN APROBADA POR MAYORÍA
La iniciativa se trató en la última extraordinaria del Concejo Deliberante. Hubo fuertes cruces entre concejalas de UCR Azul y Unión por la Patria. La judicialización de la nueva tasa, por parte de la Sociedad Rural y el CEDA, fue uno de los aspectos abordados en el proyecto y su posterior debate legislativo.
Un proyecto de Resolución aprobado por mayoría en la reciente sesión extraordinaria del Concejo Deliberante solicitó al Ejecutivo que la tasa por servicios esenciales sea liquidada en forma separada a las tasas urbana y vial rural, ante la inminente judicialización impulsada por entidades locales.
La iniciativa generó un intenso debate, fundamentalmente protagonizado por las concejales Pilar Álvarez (UCR Azul, firmante del proyecto) y María Inés Laurini (Unión por la Patria), quien cuestionó diversos aspectos del proyecto.
Aprobado por mayoría luego de un extenso debate -en el que los únicos bloques que se opusieron fueron Unión por la Patria y Nuevo Azul-, el proyecto de Resolución fue firmado -y votado afirmativamente- por los concejales Pilar Álvarez, Agustina Bauché, Agustín Puyou, Consuelo Burgos, Valeria Hiriart, Natalia Colomé, Pablo Disalvo, Andrea Barceló y Gerardo Lucero.
En la iniciativa se solicita al intendente de Azul, Nelson Sombra, que «la tasa por servicios esenciales sea liquidada individualmente y separada de la tasa de servicios urbanos, de la tasa por inspección de seguridad e higiene, de la tasa por conservación de la vial rural municipal y/o de cualquier otra tasa que en el futuro se cree».
Del mismo modo, se encomienda al titular del Ejecutivo que, «en el caso de que se accione judicialmente en contra del municipio por el cobro de la tasa de servicios esenciales, genere los espacios de diálogo necesarios y suficientes para lograr acuerdos que conduzcan a modificar la norma creada y sancionar otra norma, de origen legal y consensuada con todos los concejales y por todos los sectores contribuyentes involucrados».
Se indica que en «los últimos días del mes de noviembre pasado, se aprobaron por mayoría del Concejo Deliberante [las ordenanzas fiscal e impositiva] de carácter preparatorias, con la creación de una nueva tasa, la tasa por servicios esenciales, que anteriormente estaba integrada a la tasa urbana, en una indudable situación de conflicto político institucional y frente a una plaza central de Azul que estaba dividida por manifestantes de diversos sectores de nuestra comunidad».
Refiere asimismo que «luego se celebró la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el 4 de diciembre, a los fines de aprobar o no aquellas ordenanzas preparatorias, dándose una exigua diferencia de un solo voto, que hizo que quedaran aprobadas ambas ordenanzas de manera definitiva».
«La creación de este nuevo impuesto -se afirma luego- impactará de manera más que significativa en los bolsillos e ingresos de gran parte de los contribuyentes locales. Haber establecido 1 o 2 litros de gasoil para los contribuyentes urbanos y comerciales -según la ubicación de su inmueble- como 1/2 a 1 litro de gasoil por hectárea para los contribuyentes rurales -según la ubicación del Cuartel en que se asientan), ha generado un impuestazo significativo para el bolsillo de los frentistas, de los comerciantes y del sector rural».
Señala además que «a ello debe sumársele el grave equívoco legislativo de generar un impuesto atado a un producto [gasoil común] con la segura ilegalidad de la imposición del mismo, por un lado, y la terrible actualización que ello impactará en los pagos mensuales, por otro lado. Ya desde la fecha de aprobación de las ordenanzas al día de hoy, en tan solo un mes, el valor del gasoil ha tenido un incremento del 80%».
«Tanto la Sociedad Rural de Azul y el Centro Empresario de Azul han manifestado en distintas reuniones mantenidas en el seno del Concejo Deliberante, en asamblea y en los medios de comunicación, sobre la dudosa legalidad de las citadas normas y la posibilidad de que, debido a la difícil coyuntura económica, la tasa de servicios esenciales pudiera no ser cobrable en la práctica».
En la resolución aprobada por mayoría se indica, además, que «la nueva tributación, presentada como tal, no se condice con un contexto complejo y de grandes dificultades que atraviesan los contribuyentes, como son la alta inflación descontrolada y los ingresos cada vez más disminuidos en términos reales».
Se considera que «al tratarse de una tasa que ahora se le ha dado individualidad o independencia, ya que antes estaba incluida dentro de la tasa por servicios urbanos -como servicios generales que presta el Municipio-, corresponde que su cobro sea efectuado de manera individual e independientemente del cobro de alguna otra tasa que debe ser percibida por el municipio, sea ella la tasa por servicios urbanos, la tasa por inspección de seguridad e higiene, la tasa por conservación de la red vial municipal y/o cualquier otra tasa municipal que pudiere corresponder».
En otro párrafo se indica que «hasta por cuestiones de buen orden administrativo y contable, resulta necesario y lógico que esta nueva tasa sea percibida por el Municipio y abonada por el contribuyente de manera separada de cualquier otro tributo, para tener certeza el contribuyente de cuánto es lo que efectivamente paga por cada tributo y para el Municipio saber efectivamente cuánto es lo que se percibe por cada tasa de manera individual e independiente, a los fines de utilizar su monto de acuerdo a la asignación presupuestaria correspondiente».
«En la última reunión mantenida entre los concejales y los representantes del CEDA y la SRA -se añade- se mencionó el inminente inicio de acciones legales de distintos frentistas, contribuyentes, comerciantes y productores agropecuarios, que consideran que las mencionadas normas revisten carácter inconstitucional».
Se sostiene también que «esta situación de probable conflicto judicial de gran envergadura generará un notable cúmulo de demandas judiciales que deberá afrontar el municipio, siendo hasta lo más razonable dejar y permitir que los contribuyentes afectados sólo accionen judicialmente sobre la tasa por servicios esenciales, pero no lo hagan con las demás tasas que pudieran estar atadas a ella, a los fines de evitar una merma aún mayor a las arcas municipales. Si las acciones judiciales traen consigo una medida cautelar de no pago de la tasa, el Municipio de Azul no sólo perdería el monto de la tasa por servicios esenciales sino también el monto de la tasa a la actual la hubieran ‘pegado'».
Por último, en la Resolución se menciona que «esta situación se podría sumar a las tantas incertidumbres económicas y los pronósticos de fuertes ajustes que imposibilitarán su efectiva aplicación, y en consecuencia se verá afectada la recaudación que se pretende lograr. Generar la tasa de servicios esenciales -única tasa mayoritariamente cuestionada por los contribuyentes- de manera individual e independiente de las demás tasas municipales, permitirá que los contribuyentes sí abonen en tiempo y forma las demás tasas -urbana, de seguridad e higiene, vial- por lo que no se generaría un desfinanciamiento de las arcas municipales, tan importante en estos momentos y por el cual debemos bregar los concejales».
Pilar Álvarez (UCR Azul), al fundamentar el proyecto, consideró que «sería lo más justo y lo más seguro para el municipio, imprimir o separar esta tasa de servicios esenciales para evitar que, en el caso de alguna demanda judicial, como ya lo anunciaron la Sociedad Rural y el Centro Empresario de Azul, frente a alguna medida cautelar o algún amparo se evite que no se puedan cobrar las otras tasas».
Por su parte, la concejala Inés Laurini (Unión por la Patria) se adelantó en anunciar que «no vamos a acompañar esta Resolución», al tiempo que afirmó que «nos parece un planteo irresponsable. No constituye más que seguir apelando a alguna estrategia para desfinanciar al municipio».
Observó que «a lo largo de la redacción de la Resolución insisten con la utilización de expresiones que es no aceptar el sistema democrático. Como por ejemplo mencionar que fue exigua la diferencia por la que se aprobó o no, cuando el sistema, una vez que se debate, consiste en levantar la mano y cerrar las votaciones con mayorías y minorías».
«Después dice -añadió- que impactará de manera más que significativa en los bolsillos. Y eso es real, es una afirmación real. Ahora voy a demostrar cómo impactará de manera positiva en la mayoría de los bolsillos».
Y «con respecto a la legalidad, se usan expresiones como ‘la segura ilegalidad’; más adelante ‘la dudosa legalidad’, ‘revisten carácter inconstitucional’; se vuelve a insistir en la estrategia de confundir a la población con afirmaciones que no son verdaderas, como decir que la tasa por servicios esenciales se va a liquidar con la tasa de inspección, seguridad e higiene. Eso no es cierto. No sé cómo hay que explicarlo. Y cuántas veces».
Laurini sostuvo que «la tasa por servicios esenciales se liquida junto a la tasa por servicios urbanos y a la tasa por conservación de la red vial municipal».
En tanto, «en relación a proponer la liquidación por separado, que en realidad es imposible porque ya está liquidada -afirmó Laurini-, y que esto daría un buen orden administrativo y contable, en realidad el buen orden lo da que se liquiden juntas. Es mucho más prolijo; está diferenciado el valor de cada una de las tasas; o sea que no es cierto que los ciudadanos no pueden saber con cuánto contribuyen por cada una de las tasas y, obviamente, se ahorran cuestiones de logística, de distribución, de papel, etc.».
En ese sentido, opinó que «es buscar estrategias para dar la posibilidad que no se pague. El tema es que siempre, cuando plantean este tipo de cuestiones, tienen que explicar de dónde sacarían los recursos. Esa es la cuestión, que es la que no terminan de explicar».
Cuestionó, además, que «seguimos teniendo reuniones donde dicen que tenemos que tener otras reuniones, pero no se ha escuchado una propuesta alternativa. Y se lo hemos planteado: generen la propuesta alternativa. Pero no. Hacemos reuniones para organizar la siguiente reunión, pero no hay ninguna propuesta concreta».
Por otra parte y «con respecto a la posibilidad de judicialización, ya mencioné que hicimos la consulta a la Asesoría General de Gobierno. Nadie me la pidió para darle una leída». Mencionó algunos párrafos del dictamen, por ejemplo el que sostiene que «…la Municipalidad cuenta con una amplia discrecionalidad para crear tributos para la efectiva o potencial prestación de servicios locales de inexcusable interés público y, por ello, además de su hecho imponible, su regulación ha de preceptuar ineludiblemente quiénes son los obligados pasivos y su base imponible…».
Luego: «…este organismo asesor es de la opinión que, en la medida que la normativa local por la que se consulta, mediante la cual se creara la tasa por servicios esenciales, recepte y respete en su efectiva implementación y vigencia los distintos condicionamientos, particularidades y circunstancias explicitadas a lo largo del presente, principalmente trazados en la profusa doctrina jurisprudencial referenciada, no existirían objeciones jurídicas que formular desde la perspectiva de su constitucionalidad».
Ante ello, Laurini afirmó que «seguir planteando la cuestión de la legalidad, obviamente nosotros preferiríamos que en lugar de gastan tanta plata en ver cómo hacen para no pagarle al Estado municipal, decidieran tener un poquito de conciencia colectiva y entender, tal como se explicó, que cualquier persona que tiene un accidente, en cualquier lugar del distrito, tiene que ir al Hospital Municipal para ser atendido. He puesto en muchísimas oportunidades como ejemplo la cuestión de la existencia de la cantidad de jardines maternales que tenemos en Azul. Y un ciudadano de bien no se cuestiona si tiene un bebé para llevar al jardín maternal. Supone que colabora con su existencia porque hay mujeres trabajadoras que necesitan dejar a sus hijos al cuidado institucional para poder ir a trabajar. En eso consiste formar parte de una comunidad».
Además, «con respecto a seguir afirmando que es un ‘impuestazo’ y que si tiene o no un impacto significativo, obviamente que sí. Acá cuando se plantea que es la única tasa cuestionada, cuando nosotros planteamos la modificación del esquema tributario, siempre lo planteamos en virtud de tratar de revertir una situación injusta. Lo mostramos en un mapa de la provincia, donde Azul tiene como su principal ingreso, con las características geográficas y productivas que tiene, es la tasa por servicios urbanos. Una tasa demasiado cara».
Para Laurini, entonces, «la forma de equilibrar es ver de qué manera se genera un recurso para tratar de hacer un poco de justicia».
Luego refirió algunos ejemplos puntuales. Dijo Laurini: «Yo tengo un ejemplo de tasa urbana de 5.789,97 pesos, se pasa a pagar 8.564,21 pesos. Esto es un incremento del 47,91 por ciento. Ya está liquidada, tal cual lo explicamos. Hay un segmento que iba a tener un incremento de hasta el 40%. Este es un inmueble que tiene un incremento de hasta el 60%, pero explicamos que no era que llegaba al 60, este llegó al 47,91%, sumando la tasa por servicios urbanos, el fondo de seguridad y la tasa por servicios esenciales. Y no tiene el descuento por buen contribuyente, que sería de aproximadamente de 1.600 pesos, con lo cual la tasa a pagar sería de unos 7 mil pesos». También expuso un caso de la localidad de Cacharí.
En ese contexto, Laurini sostuvo que «cuando se trata de arrastrar a toda la ciudadanía y decir que la van a judicializar los frentistas, los productores agrarios, los comerciantes, parece un disparate. Atentarían contra todo un procedimiento que se hizo para intentar generar una equidad que tenga que ver con la capacidad contributiva».
Aseguró que «lo que se está planteando, proponerle al Departamento Ejecutivo, es una estrategia para que se desfinancie a sí mismo, cosa que carece bastante de racionalidad». La nueva modalidad tributaria, dijo Laurini, contempla «una propuesta de cancelación por adelantado, cuando les preocupa tanto a cuánto se va a ir el precio del gasoil, por más que también se establecieron topes para ese incremento, el contribuyente con buena voluntad puede hacer una cancelación anual y liquida al precio actual del gasoil. Está claramente establecido en el artículo 96 del Código Tributario».
Ratificó que «no vamos a acompañar esta Resolución porque es una recomendación que se le hace al Departamento Ejecutivo para que se desfinancie a sí mismo. Nunca aparece la propuesta alternativa», en tanto aseveró que «de esta manera es imposible; no son serios en las propuestas».
«Se ha criticado un montón que si con esta composición -dijo Laurini-, que si con la otra composición, ahora vienen a la sesión a confesar que hay cuestiones que todavía no entienden. Hay que ser serios, responsables; asumir la responsabilidad que significa la cantidad de servicios que presta el municipio y cómo garantizamos los recursos para sostenerlo pero, además, para mejorar calidad en la prestación de esos servicios».
El concejal Alejandro Vieyra (Nuevo Azul) intervino para destacar que «hay un detalle que siguen insistiendo que va más allá de un número, que se ganó por poco [en la votación], es descalificar a los que pensamos distinto. Si no es como yo digo, lo demás no existe, no sirve». Añadió que «eso es una soberbia que tienen, pensando que nosotros somos concejales de segunda, que este es un gobierno que no es legítimo porque ganó por 700 votos. Lo mismo que le puede haber pasado al de Juntos por el Cambio de Pinamar, que ganó por un voto, ¿no es legítimo? Y no lo he visto decir algo parecido a Garro, que perdió por el 0,001 por ciento. Estas son las reglas de la democracia».
Luego observó: «Quieren descalificar a los que no piensan como ellos. ¿Por qué no piden un voto calificado?», para luego apuntar: «Como perdimos por poquito, somos mejores que ustedes. Mi voto vale porque la gente me votó. No descalifiquen más al que piensa distinto. Hay que bancársela, se gana y se pierde, sino más que una sesión deliberante va a ser una sesión psicológica. Se gana por un voto y se pierde por un voto».
La edil Pilar Álvarez volvió a intervenir en el debate. Indicó que «lo que ha leído Laurini son generalidades de una consulta. Este proyecto simplemente está pidiendo que la tasa por servicios esenciales sea liquidada individualmente y separada de las otras tasas, de manera que si se da alguna situación de judicialización, no se desfinancie el municipio, porque, en ese caso, no se va a pagar ninguna tasa. Y eso es lo que nosotros queremos evitar».
Opinó que «si ya se liquidó el primer trimestre, bien puede a partir del segundo trimestre hacerla por separado».
Por otro lado, Álvarez sostuvo que «la concejal Laurini nos tilda de poco serios, de que no hacemos propuestas, que no trabajamos. Eso es descalificar. En ningún momento he descalificado a ningún concejal, en todos los años que he estado acá en el Concejo Deliberante. Entonces, la descalificación por pensar distinto, al menos por mi lado, no. Todo lo contrario. Si en el proyecto está manifestada la diferencia de votos, simplemente fue para mencionar que al haber poca diferencia y al nosotros haber pedido que esto pase por comisión, que cumpla con los pasos legales requeridos. Simplemente fue eso. Entonces, ¿quién es el que no cumple y el que se lleva todo por delante y atropella a todo el mundo?».
Aseguró entonces que «la idea acá no es volver a discutir la tasa por servicios esenciales. Es una Resolución para que esto se liquide de manera separada, atento a lo que vinieron a plantear acá la Sociedad Rural y el Centro Empresario, que van a hacer un litigio. Si vienen a decir eso, bueno, que litiguen solamente sobre la tasa de servicios esenciales pero que sigan pagando las otras tasas, así no desfinancian al municipio».
También refirió: «Que no se quieran cambiar las cosas. Nosotros no tratamos mal, ni ninguneamos al que piensa distinto. El tema es que se manejan de manera democrática». Además, sostuvo que «las propuestas sí las teníamos. Varias, como por ejemplo que no se pague por hectárea sino cada diez hectáreas, o que se pudiese aumentar la tasa vial rural y no poner la de servicios esenciales. Había un montón de propuestas, pero no nos dieron ni el lugar ni el espacio para poder decírselas; porque les pedimos que pasen a comisión y nunca nos dieron bolilla. Entonces, no es que no tenemos idea, que somos tontos, poco serios. Todo lo contrario. Queríamos un espacio institucional de discusión para poder tener consenso, porque sí en esto es real, que pensamos que el intendente llegó con un 30% de los votos y pensábamos que necesitaba el apoyo de nosotros también, y queríamos sacar la fiscal e impositiva con un apoyo mayor».
También intervinieron en el debate los concejales Agustín Puyou y Nicolás Cartolano -el primero en favor de la Resolución, el segundo en contra-, en tanto Laurini ratificó sus dichos en una segunda intervención, al igual que Vieyra.
Finalmente, sometido a votación, el proyecto se aprobó por mayoría -de los bloques firmantes, y la negativa de Unión por la Patria y Nuevo Azul