Al caer la tarde del jueves 20 de diciembre del 2001, pasadas las 19.30 del día en que definitivamente se desplomaría el gobierno de la Alianza, que había asumido nada más que dos años antes, el presidente Fernando de la Rúa presentaba su renuncia indeclinable al cargo. Se alcanzaba así el momento de mayor tensión institucional, económica y social vivida por la Argentina en los tiempos modernos. Y comenzaban a dejarse atrás dos días de convulsión extrema en la capital del país y en la mayoría de las ciudades importantes de las provincias argentinas. Ese día, y sólo en la Plaza de Mayo morirían 5 personas, de un total de 39 que dejaría como saldo tal deflagración generalizada en todos los ámbitos, con foco, desde ya, en el fracaso económico que había sido alcanzado por toda la dirigencia, no sólo la política, claramente.
Lo que vino luego de la caída de De La Rúa es historia conocida. Pero lo que se vive hoy en la Argentina le demuestra a toda su población, con la vigencia de los mismos dramas de ese momento particular, con otros agudizados y con nuevos que han aparecido, el padecimiento crónico que le ha impedido escaparle a un estado de estupidez incomprensible para ojos extraños que, a su vez, no le ha permitido alcanzar acuerdos mínimos de convivencia ni tan siquiera, al menos, un contrato social básico pese a las diferencias ideológicas y a la grieta que aparecería promediando la segunda década del milenio, para huir de la idiotez que la mantiene hundida.
Justo este miércoles, en un nuevo aniversario de la fecha fatídica, y con un inédito gobierno libertario, que ha advertido que no permitirá más cortes de calles ni manifestaciones piqueteras que alteren el normal desplazamiento de las personas, el funcionamiento del Estado y de la prestación de los servicios básicos, un variopinto grupo de organizaciones sociales, piqueteras y políticas ha anunciado que marchará por la CABA contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. El Ejecutivo, por su lado, ha sido enfático y se ha mostrado firme: “El que corta no cobra”.
El pronóstico es reservado. El Gobierno nacional más la jefatura porteña han coincidido en un frente común. La provincia de Buenos Aires, del kirchnerista Axel Kicillof, ha dicho que preservará el derecho de la manifestación en lo que le corresponda. Será la carta de presentación del Código Antipiquetes que dio a conocer días atrás la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En buen romance para los mendocinos, la Nación desplegará o, al menos, intentará aplicar, lo que se conoce como el “modelo mendocino”, un protocolo vigente desde casi una década atrás que ordena la manifestación urbana y que está incluido en el Código de Convivencia Ciudadana.
La intención de la administración de Milei es permitir la movilización de unas 50.000 personas sólo por la vereda, sin cortes de avenidas, como es habitual en las marchas de la Unidad Piquetera. ¿Y qué se hace en Mendoza? Se aplica el artículo 19 del Código de Convivencia combinado con el artículo 194 del Código Procesal Penal. “Las movilizaciones y/o manifestaciones que tengan origen en un lugar distinto al indicado en el párrafo anterior (N.d.R.: se refiere a la explanada de la Municipalidad como lugar permitido de la concentración), deberán realizarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas. La infracción a la conducta descripta en este artículo será considerada gravísima”. El 194 del Código Penal dice: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
En la práctica, el protocolo se activa con una serie de advertencias y notificaciones cuando no se cumple el procedimiento, que no es otro que pedir autorización para marchar por los lugares permitidos. Se labran actas, se activa un plazo de diez días para el descargo, se emite una resolución con la aplicación de la sanción (una multa dineraria) y, en caso de no cumplimiento, se avanza en la notificación del apremio. Cuando se suceden las reiterancias, en Mendoza se pone en marcha el 194. Y fue así cuando, en marzo, los dirigentes del Polo Obrero Martín Rodríguez y Lorena Torres terminaron aprehendidos y pasaron algunas horas detenidos por averiguación de antecedentes, pero también por los cortes de calles y el caos que provocó una marcha liderada por ambos en la ciudad.
Desde el 2015 en adelante, cuando se puso en vigencia el Código, se labraron multas por más de 20 millones de pesos, se cobró un total de 5,6 millones de pesos y está en apremio un total de 14,4 millones de pesos, con datos oficiales vigentes a este martes. Y el top 10 de las organizaciones sancionadas por el Código lo encabeza ATE, con 45 multas; el SUTE, 42; el Polo Obrero, 27; el MST, 23; la CTA, 10; el PTS, 9; Sadop, 6; Sitea, 6, La Bancaria, 5 y los trabajadores del Casino, 5. El desafío que tiene por delante Bullrich este miércoles y, por supuesto, el gobierno de Milei, es darle cumplimiento a una advertencia que quienes apoyan a las “fuerza del cielo” de la administración, esperan que se cumpla a rajatabla: que se efectivice eso de que “el que corta no cobra”, una leyenda que incluso comenzó a aparecer en la app oficial Mi Argentina. La autoridad del Ejecutivo se pone a prueba, frente a la actitud provocadora de una dirigencia que no esperó nada para manifestarse en contra de un gobierno que recién transita su segunda semana; pero una dirigencia piquetera, hay que reconocer, que fue la única que se le paró con firmeza al cuarto gobierno kirchnerista, un fabricante de pobreza y de marginalidad como pocos vistos en la Argentina.
EL SOL