El intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte (JxC), presentó ante la Justicia Federal un escrito para que se investigue una operación de hace 20 años por un establecimiento de 200 hectáreas de la Municipalidad
Un municipio de la provincia de Buenos Aires denunció en la Justicia Federal presuntas irregularidades en la cesión de un campo de 200 hectáreas a una empresa privada, como forma de pago por la contraprestación de una obra de red cloacal y estación de bombeo.
Se trata de la comuna de General Lavalle, que presentó un escrito para que se averigüe sobre una operación realizada en marzo de 2003 cuando era intendente Osvaldo “Vasco” Goicochea y se hizo entrega de un predio de la Municipalidad sobre la ruta 11, a la altura del balneario Lucila del Mar, en el partido de La Costa, a la firma Madaki SA, cuyo propietario es Alfredo Dávila y que actualmente administra el basural a cielo abierto en Paraje Pavón. Goicochea se postula nuevamente como candidato a intendente por Unión por la Patria.
La denuncia busca que se investigue sobre una posible comisión de delitos tipificados en el Código Penal en los artículos 261 (funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo) y 263 (el que causare daños en propiedad ajena).
La compañía en cuestión tiene sede legal en Mar de Ajó y fue creada en 2000. Su área de trabajo es el movimiento de suelos, la preparación de terrenos para obras y el reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos, entre otros.
Si bien ya pasaron dos décadas del hecho, según contaron funcionarios del municipio, hacerse de datos y documentos que permitan realizar una denuncia consistente y que tenga sustento legal fue un arduo trabajo. “Es una cosa que es vieja pero sabíamos que había algo extraño. Venimos trabajando en busca de pruebas desde hace tiempo y se nos dificultó muchísimo encontrar material para armar la denuncia. Nos costó conseguir la escritura y, de hecho, aun no pudimos dar con la licitación de la obra”, dijo a LA NACION el actual intendente, José Rodríguez Ponte (JxC), quien finaliza su segundo mandato a fin de año.
Según describió el funcionario lavallense, son varias las cuestiones que deberá analizar e investigar la Justicia. “Todos los municipios tienen prohibido la enajenación de sus bienes en forma directa, salvo excepciones como por ejemplo algún terreno pequeño que tenga un fin social o por remate judicial, siempre con la anuencia del Concejo Deliberante. Y, entre estas excepciones, no se incluye dicha venta hecha en el 2003: esa operación fue hecha como dación en pago, que es dar un bien en lugar de dinero. Pero, además, la dación en pago se autoriza exclusivamente sobre bienes muebles y no sobre inmuebles”, enfatizó.
Para Rodríguez Ponte, la irregularidad no se acaba en la dación, sino que esta cesión que se aprobó luego en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), se consumó mucho tiempo antes de que se lanzara la licitación y la adjudicación de la obra. “Es decir que la entrega del bien se realizó con anterioridad de que se sepa quién iba a ser adjudicatario del proyecto”, apuntó.
“Pareciera que la obra estaba adjudicada de antemano a esta empresa, por lo que pudo haber otras compañías que estuvieren interesadas en hacer dicha obra pero no pudieron hacerlo”, aseguró.
“Todo muy raro. Además, el monto total de la operación fue minúsculo, unos $380.000 (unos US$127.090 en ese momento) cuando el valor promedio que tiene la hectárea es de US$10.000, por lo que se adjudicó en un valor cinco veces menor. Una gente compró en la zona un predio de similares características y lo pagó US$1 millón. Es un campo productivo, encima está enfrente a la zona balnearia. Lo primero que hicimos fue iniciar un proceso administrativo y poner en conocimiento al Tribunal de Cuentas y ahora hemos avanzado en la denuncia en la Justicia”, agregó.
Lo que busca el municipio es que el acto jurídico se declare “nulo de nulidad absoluta y que se retrotraiga ese hecho a antes de la cesión irregular”.
“Queremos que se investigue si hubo una defraudación en perjuicio de la administración estatal. La provincia de Buenos Aires está llena de Insaurraldes. Hay políticos que tienen vocación de servicio y otros que se sirven de la política”, finalizó el intendente.
LA NACION intentó comunicarse con Alfredo Dávila, presidente de Madaki, pero no obtuvo respuesta.