No obstante, tanto el jefe departamental como su equipo dejarán el Gobierno el 10 de diciembre y, en el caso de que no se acuda a la vía judicial y no haya avances, en la próxima gestión, a cargo de Carlos Munisaga, señalaron que se revisará caso por caso.
El tema es delicado, ya que se trata del salto de escalafón de otro grupo numeroso de trabajadores, lo que implica un mayor gasto en salarios en una planta de personal de 1.250 personas, la cual insume el 90 por ciento de la coparticipación municipal. La actual administración viene atravesando distintos problemas económicos, entre los que se encuentra una deficiente prestación del servicio de recolección de basura, sumado a que está en retirada. Y para el futuro gobierno representa una brasa caliente que deberá enfrentar apenas asuma.

La disputa política entre el intendente y el Concejo (integrado por ocho giojistas y cuatro miembros del Pro) es una más de la larga cadena de desencuentros, que incluyó denuncias, interpelaciones y la amenaza de juicio político (Ver recuadro). Uno de los enfrentamientos que persiste tiene que ver con la recategorización del personal, una medida que García llevó adelante con el gremio SUOEM para que 386 empleados escalen de la categoría más baja (la J) hacia otras superiores, como la I, la H y la G.

Sin embargo, en el proceso también estallaron diferencias con el gremio SUOEM por el listado de beneficiarios y el Concejo sacó, el 11 de agosto, una ordenanza en la que incorporó otros 166 ascensos, según fuentes de la comuna. El intendente vetó la norma al asegurar que era «ilegal».

Tras el rechazo del jefe comunal, el Legislativo confirmó, por unanimidad, la normativa en la sesión de hace 11 días, por lo que «el proyecto es ordenanza y pasa al Ejecutivo para su promulgación y publicación», según establece la Carta Orgánica. El concejal Fabián Olguín explicó que, tras un informe de la Secretaría de Hacienda, el municipio cuenta con 260 vacantes, que están presupuestadas y, por lo tanto, «hay plata para los ascensos, ya que, cuando un trabajador sube de categoría, dejar un puesto libre». Además, señaló que el traspaso de escalafón implica unos 2 mil pesos y que la medida no va en contra de la regla de fin de mandato contenida en la ley de Responsabilidad Fiscal, la cual prohíbe el aumento del gasto corriente en los últimos nueve meses de dejar la gestión. En ese punto, el edil dijo que los ascensos forman parte de un proceso que arrancó en 2022.

En el municipio refutan esa postura a la que califican de errónea, por utilizar un término suave. Primero, porque se tratan de recategorizaciones incorporadas en agosto, dentro de la prohibición, sumado a que implican una mayor erogación. Segundo, aseguran que el Concejo no tiene competencia para meterse en los ascensos del municipio y que es falaz el argumento esgrimido de que la Subsecretaría de Trabajo le delegó esa facultad, ya que el organismo provincial sólo se limitó a homologar un acuerdo. Por eso, las fuentes indicaron que está en análisis la presentación de un amparo en la Justicia, junto a una cautelar para frenar la promulgación de la ordenanza, la que no sólo incluyó nuevas promociones, sino que modificó otras que habían sido avaladas por la comuna.

Procedimiento

La recategorización contempló al personal que estaba en la categoría más baja (la J), pero que cumplía tareas en un escalafón superior, como la I, la H y la G. Así, se inició un proceso con 386 empleados, que empezaron a cobrar su categoría en porcentajes, desde 2022 a 2024.

Una pelea de larga data

Rubén García llegó a la Intendencia en 2019 de la mano de su predecesor Juan Carlos Gioja, de quien fue su secretario de Obras. Sin embargo, a poco de andar en la gestión, se distanció del giojismo y la pelea no tuvo retorno. Así, se enfrentó con el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvadó, quien convocó a paritarias al gremio SUOEM en dos ocasiones, cuando se trata de un llamado que debe hacer el jefe comunal. Uno de ellos se produjo cuando García se recuperaba de una operación de corazón.

En noviembre de 2022, el Legislativo interpeló al intendente y, un mes después, los concejales radicaron una denuncia penal en su contra. En abril de este año, ampliaron la denuncia contra García.

Además, el Concejo interpeló a mediados de septiembre al secretario de Servicios, Alfredo Castro, y en la sesión de este mes le apuntaron al secretario de Obras, Delfor Sánchez, quien no asistió tras presentar un certificado médico, indicaron en el Concejo.

García también tuvo un fuerte enfrentamiento con el gremio municipal SUOEM, lo que repercutió en el servicio de recolección de residuos

Diario de Cuyo