A través de un decreto el gobernador confirmó la continuidad de los miembros del organismo que otorga derechos mineros.
A pocos meses de dejar el Gobierno, Rodolfo Suarez confirmó a los miembros del Consejo de Minería de Mendoza, entidad clave para la actividad que tuvo contrastes muy marcados en su proceso de desarrollo durante la gestión.
Según consta en el Boletín Oficial, el gobernador confirmó a los miembros del organismo que resulta clave para la actividad minera en Mendoza. El Consejo es el órgano más importante de la Dirección de Minería porque es el único que puede conceder, denegar o caducar derechos mineros.
A través del decreto 2015 y «a fin de no resentir el normal funcionamiento de ese Cuerpo Colegiado, resulta imprescindible proceder a la renovación de la designación de sus miembros».
De esta manera, se prorrogó la presencia de los geólogos Ana Graciela Defant y Mario Oscar Balod. Por el lado de los productores mineros se confirmó al consejero Titular, Juan Carlos Pérez Gallardo, y al suplente técnico minero José Raimundo Bravo.
A ellos se suman el director de Minería, Roberto Zenobi, y al abogado Hernán Díaz Moyano, los que completan los cinco miembros del cuerpo.
La importancia del consejo
Aunque es poco conocido su funcionamiento, el Consejo de la Dirección de Minería es el que decide si se le otorgan o no los derechos a cualquier empresa que quiera explotar un yacimiento en Mendoza, por encima de los poderes políticos, ya que se trata de un organismo netamente técnico.
Todos los expedientes necesariamente terminan allí, exceptuando a los de la tercera categoría (canteras), cuyo registro es facultad del director de Minería.
Según los expertos, es una suerte de «juez» de minas y jerárquicamente es el superior al director de Minería, ya que resuelve las apelaciones que hagan contra él.
El consejo puede entregar los derechos de explotación, pero no dependerá del organismo que un proyecto llegue a ejecutarse. Eso porque el consejo no injerencia alguna en la tramitación y otorgamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
Su perfil técnico permite que la política no esté involucrada en la totalidad de los procesos mineros y no pueda, por ejemplo, decidir si se le otorga o no el derecho sobre una concesión a una empresa o persona.
MEMO