Guillermo Dalla Lasta, integrante del equipo de asesores de la Asesoría General de Gobierno (AGG) y miembro de la Comisión de Reforma del Código de Procedimiento Administrativo y Código Contencioso Administrativo, estuvo en “Hablemos”, el micro radial de la AGG. El abogado, especialista en Tributación y docente universitario, comentó los avances en la modernización de los códigos para la Administración Pública.
La «Comisión de Reforma del Código de Procedimientos Administrativos y Código Contencioso Administrativo» (CR CPA – CCA) fue creada a través del Decreto N° 1173. De acuerdo con el articulado del Decreto, la constitución y funcionamiento de este órgano será coordinada por la Asesoría General de Gobierno, dado que fue designada como autoridad de aplicación. Actualmente, trabajan 19 comisionados.
El especialista remarcó que hay una necesidad “imperiosa” por actualizar el Código de Procedimiento Administrativo, dado que al día de hoy se trabaja con un Código de 1983. “Estamos en la era de la información. Con la pandemia, se aceleró el uso de las TIC (tecnologías de las información y la comunicación), con un cambio vertiginoso”, expresó.
Esta aceleración impactó en cambios y organización en la Administración Pública como así también en el Derecho Administrativo, advirtió. Por ello, Dalla Lasta consideró que no debe verse como un estancamiento sino como cambios sociales y dinámicos.
“Las TIC y la inteligencia artificial impactan de lleno en la Administración Pública”, aseguró.
Ante esta nueva situación, se plantean –con las nuevas tecnologías- nuevos principios básicos en leyes, tratados y reglamentos. En paralelo, surgen nuevos valores a tener en cuenta, en este ámbito marcado por la tecnología: la transparencia, la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad electrónica.
Para el asesor Dalla Lasta, se trata de nuevos cimientos para un “gobierno abierto”. En este sentido, indicó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya sentó jurisprudencia. El “gobierno abierto” pone énfasis en la personal y el eje funcional, la perspectiva de derechos y la protección de los grupos sociales vulnerables.
No obstante, advirtió sobre la brecha digital y la ausencia de personas en red. A fin de reducir esta brecha, también se debe trabajar en infraestructura para garantizar el acceso a medios tecnológicos, banda ancha y wifi y en recurso humano capacitado para que se pueda hacer uso de este servicio. A la vez, señaló que las instituciones deberán trabajar en la articulación de políticas públicas para lograr una efectiva inclusión social.
Es decir, a fin de dar acceso a las personas de los grupos vulnerables –tanto personas con discapacidad como personas adultas mayores-, amparadas por la Constitución Nacional se tendrán que tomar medidas.
“El Estado debe dar participación y el servicio de internet es un servicio esencial. Por ello la importancia del Código: es un pie de igualdad, con garantías para el ciudadano. Con el ‘gobierno abierto’ se cambia ‘administrado’ por ‘ciudadano’”, explicó.
Además, consideró que con la implementación de un nuevo Código, no sólo se produce un cambió administrativo. Al mismo tiempo, se genera un cambio en el Derecho Administrativo. “El cambio a ‘servidor público’ es el primer paradigma a alcanzar. El cambio estructural es lograr una administración más flexible e innovadora, en red, conectada a la política pública con participación ciudadana en la Administración Pública”, expresó.

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El Esquiú