Cada vez que algún municipio coloca en la vía pública uno de estos elementos se generan las más diversas opiniones sobre su conveniencia para evitar accidentes de tránsito.
Si bien la construcción de «lomos de burro», «lomadas» y otros recursos destinados a reducir la velocidad de los automotores que circulan por la vía pública suelen ser un reclamo común de los vecinos en zonas de alto tránsito, hay muchos que se preguntan qué tan legales son estos resaltos que en ocasiones cumplen con su cometido de hacer más lento el tránsito vehicular y otras veces sólo sirven para dar origen a una serie de inconvenientes vinculados con el tránsito, constituyéndose en factores de riesgo y peligro.
En los últimos años los reductores de velocidad se han convertido en una solución implementada por la mayoría de los municipios, tanto del país como de la provincia de San Juan, con el objeto de prevenir accidentes o hacer más seguros algunos tramos viales llegando, en algunos casos, a convertirse en una práctica exagerada o motivada por las ganancias que genera su implementación. Su presencia en las calles y en algunas rutas ha dado lugar a algunos sucesos, en ocasiones lamentables, que más allá de lograr reducir la velocidad de los vehículos ha provocado que pierdan el control con graves consecuencias.
En la Ley Nacional de Tránsito 24.449 no está incluida la definición de «lomos de burro» o reductores de velocidad en las vías de circulación, de ahí que en la opinión de muchos especialistas en el tema de seguridad vial hay una ilegalidad que no siempre es tenida en cuenta por los organismos ejecutores hasta que se produce un accidente obligando a la intervención de la Justicia.
Para el especialista y divulgador de normas de educación vial Rubén Daray, quien visitó la provincia hace algunos días, los reductores de velocidad no deberían existir ya que son más los problemas que ocasionan que las soluciones que aportan. Consignó que en ningún país desarrollado existen estos recursos para controlar la velocidad de los vehículos ya que se recurre a una efectiva y correcta educación vial para evitar que los conductores excedan límites de velocidad o conduzcan temerariamente.
Hasta ahora, las comunas que han recurrido a colocar reductores de velocidad lo han hecho en base a la disposición de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia, «autorizando a los municipios a colocar medidas de seguridad y hacer obras en la vía pública para seguridad».
Es un hecho que una buena educación vial y obras de infraestructura para la seguridad de la gente son la solución para terminar con esta polémica sobre la conveniencia o no de los reductores de velocidad. En caso de que esto no sea suficiente en otros países recurren a multas muy elevadas para desalentar la superación de los límites de velocidad que están muy bien señalizados y se hacen respetar.