El país deberá negociar para evitar pagar 16.000 millones de dólares. La Procuración del Tesoro será la encargada de apelar la medida.
Argentina quería que Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación, para que la compensación sea fijada desde ese día. Además, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar fuera del 0%. Esto se traduciría en 5.000 millones de dólares.
En contrapartida, Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento, Axel Kicillof, fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.
En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de 8.300 millones de dólares, aun con un 0% de interés, como quería Argentina. De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a 16.000 millones de dólares, lo que finalmente decidió la jueza.
Según Infobae, las partes deberán negociar sobre la base del tope del reclamo teniendo en cuenta que la Procuración del Tesoro apelará el fallo. “El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, afirmó la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, en X.