Muy pocas industrias tienen un importante y considerable riesgo como la minería. Sus inversiones pueden alcanzar miles de millones de dólares con garantías que no siempre justifican esos desembolsos y que serían necesarias para que los inversores decidan con más certeza desarrollos que beneficien a todos los sectores que intervienen en esta actividad, incluidas las comunidades en las que se encuentran inmersos.

El respeto por las normas vigentes y el compromiso a través de las políticas de estado son claves para que el potencial minero de Argentina asome definitivamente con su correspondiente impacto en las comunidades, actuando como factor de desarrollo que brinde la posibilidad de superación en cuanto a la calidad de vida. No obstante, los candidatos políticos que han participado en los recientes comicios, cada vez que han tenido la oportunidad no se han referido de una manera contundente a esta necesidad de garantizar a los inversores del área minera, la seguridad jurídica o las políticas de estado que les permita avanzar en los proyectos sin ningún tipo de sobresalto.

Es cierto que algunos precandidatos han alcanzado a esbozar algunos conceptos vinculados con la minería, pero esto no es suficiente como para decir que han puesto de relieve las bases de una actividad que es fundamental para promover el desarrollo económico y social, de un país que debería tener forjadas esperanzas en este rubro. Falta que en la continuidad de la campaña, hasta llegar a la elección de octubre, los postulantes a cargos ejecutivos y legislativos nacionales se comprometan un poco más a apoyar la minería otorgándole un marco legal respecto a su desarrollo como actividad económica y en cuanto a la generación de divisas, contemplando reglas de juego que deben ser claras en varios aspectos, entre ellos el de las retenciones y regalías que son, desde que se implementaron, factor de atraso al no otorgar la competitividad necesaria para que el desarrollo minero se convierta en realidad.

En todo este contexto es necesario comprender que los inversores mineros identifican potencial geológico, pero también marcos normativos y decisiones oficiales a efecto de decidir las inversiones.

Para que el potencial minero de Argentina pueda desarrollarse en todo su esplendor es preciso contar con un cuerpo normativo, que es lo que posibilita la seguridad jurídica que otorga garantía a los inversores. Las políticas de Estado son imprescindibles ya que son las que garantizan que esas medidas trasciendan mandatos, trazando objetivos estratégicos a largo plazo.

Todavía hay tiempo para que los aspirantes a ocupar los máximos cargos nacionales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo consideren la necesidad de garantizar a la minería una estabilidad duradera, basada en un plan de desarrollo que realmente reconozca lo que la minería le puede dar a las provincias y al país en general.