CARA Y CRUZ
Son maniobras inversas a las instrumentadas por Livent, que exportaba litio a su filial norteamericana por precios declarados hasta el 830% inferiores a los del mercado. Liex-Zijin importó bienes de capital por “valores ampliamente superiores a los del mercado”. De esta manera, puede apoderarse a precio oficial de muchos más dólares de los que precisa.La puntería de Catamarca para acertarle a los estafadores es notable. Norteamericanas o chinas, las firmas podrán formar parte de apasionantes intrigas geopolíticas entre las potencias de las que son oriundas, pero convergen en la pulsión fraudulenta y la Provincia comienza a hacerse una imagen de campo de operaciones propicio para sus enjuagues.
“Lapoliticaonline” también recuerda en su artículo las denuncias por condiciones laborales y seguridad precaria que apuntan a Liex-Zijin desde hace meses. Completitos, los chinos.
Habrá que ver cómo se desenvuelve la historia, pero en lo que concierne a Livent, la empresa que explota el proyecto Fénix en el antofagasteño Salar del Hombre Muerto, reconoció subfacturaciones que produjeron un perjuicio al erario de 8 millones de dólares y se avino a pagar una multa de 5.300 millones de pesos. Eso, por matufias perpetradas en 2018 y 2019.
Tiene otros tres sumarios abiertos en la AFIP por subfacturaciones del orden de los 13,5 millones de dólares, que de prosperar la obligarían a abonar multas por cerca de 500 millones de la divisa.
Es posible que los chinos hayan seguido el ejemplo de los norteamericanos, que llevan más tiempo que ellos defraudando al fisco.
A diferencia del Fénix, que produce desde la década del `90, el proyecto Tres Quebradas recién entraría en producción a principios del año que viene.
De los de 450 millones de dólares comprometidos como inversión, recién lleva desembolsados 70.
La empresa proyecta una producción de hasta 20.000 toneladas de litio anuales promedio durante 20 años, con una vida útil total de 50 años. En el pico productivo, calculado para el período 2025-43, estima exportar un promedio de 243 millones de dólares anuales, aunque con el precedente de Livent y las mañas que la Aduana le detectó tan temprano habría que requerirle que aclare si son valores subfacturados o regulares. La seguridad jurídica no ha de exigírsele solo al Estado.
El Gobierno provincial haría bien en abrir el ojo y seguir de cerca los movimientos de estos personajes hacia los que se muestra tan hospitalario. Está visto que son una luz para aprovecharse y no vaya a ser que alguien empiece a suponer que se procura encubrirlo.
No estaría de más incorporar a los contratos cláusulas que establezcan sanciones en el orden local para este tipo de maniobras fraudulentas, adicionales a las que eventualmente apliquen los organismos nacionales. Si las finanzas públicas catamarqueñas se vieron afectadas podría discutirse, pero el daño provocado a la licencia social para la minería que tanto cuesta lograr es incontrastable