La ciudad con mayor tasa de pobreza infantil es Concordia, que en el segundo semestre del 2022 registró un índice del 69,2%. Más atrás aparecen Gran Resistencia con 64,3% y Santiago del Estero – La Banda, con 64%. Completan los primeros cinco lugares Gran San Luis (61,9%) y Gran Tucumán – Tafí Viejo con el 60,2%. Por encima de Catamarca y de la media nacional están Santa Rosa (La Pampa) con 59,8%, Gran Mendoza con 59,2%, partidos del Gran Buenos Aires con 58,5% y Gran Córdoba con el 58,4%.

A nivel general, en el período julio-diciembre del 2017 había 2.394.670 niños pobres (39,7%). Cinco años después, en igual tramo del 2022, son 3.629.774.

La zona en la que más aumentó la pobreza infantil desde 2017 es el Gran Tucumán, donde el índice se incrementó 29,78 puntos porcentuales, pasando de 30,5% a 60,2% de la población de ese grupo etario.

Apenas por debajo quedó La Rioja, con un avance de 28,25%. Más atrás aparecen Jujuy (23,95%), Río Gallegos (23,38%), Gran San Luis (23,08%) y el conglomerado de Ushuaia-Río Grande (23%).

Junto con La Rioja, Ushuaia-Río Grande son las ciudades que duplicaron sus tasas de pobreza infantil en los últimos cinco años.

La disparada de la miseria se explica por la sostenida e indomable inflación, contra la que el presidente Alberto Fernández anunció a principios del año pasado que iniciaría “una guerra”. Los especialistas explican, además, que los hogares pobres tienen más hijos.

Que más de la mitad de los chicos sean pobres implica una carga generacional enorme que plantea varios interrogantes.

Uno de ellos, central, está vinculado a las condiciones en que se educan, es decir: que adquieren las competencias básicas para insertarse en el mundo laboral y defenderse en la vida.

Aparte de perseguir inversiones para extraer litio ¿está el Estado en condiciones de instrumentar mecanismos para al menos comenzar a revertir el drama social?

Más inquietante es preguntarse si alguien con poder de decisión y gestión se está planteando el problema y sus proyecciones. Entre maniobra y maniobra electoral.

Comparar los miles de millones de pesos que eroga el sector público en cuestiones superfluas con los indicadores de la pobreza infantil debería dar vergüenza.