Córdoba. Propuestas en campaña sobre seguridad, necesarias pero insuficientes

Más allá de tener muy diferentes volúmenes proselitistas, Martín Llaryora y Luis Juez se apartaron de las consignas simples, las chicanas y las generalidades sin demasiado contenido, para esbozar ideas concretas sobre el plan de cada uno en materia de seguridad. Saludable ejercicio para una campaña que hace rato está instalada, pero que casi no ha tenido propuestas concretas y a la que le queda un mes en el que no habrá debates ni cruces de proyectos mano a mano de los principales aspirantes a suceder a Juan Schiaretti.

Juez y Llaryora enumeraron sus propuestas referidas a seguridad, con salientes omisiones, algunas coincidencias y ciertos enunciados de dudoso cumplimiento y legalidad.

Parecen acordar los candidatos en algo que el Gobierno provincial se niega a admitir: faltan efectivos policiales en tareas operativas. Juez propone aumentar la cantidad por la vía de reincorporar retirados, mientras Llaryora quiere poner a civiles en tareas administrativas, para que haya más uniformados en la calle.

Los dos proponen aumentar el presupuesto al área de Seguridad, lo que equivale a decir que las partidas asignadas actualmente son insuficientes. Llaryora evitó ponerle números, mientras que Juez habló de un 50 por ciento. Mucho tiene que ver la prudencia que suelen adoptar quienes se postulan por el oficialismo y los más flexibles límites para la osadía de los candidatos opositores.

En ese terreno, Juez ya mencionó como jefe de Policía de la Provincia a Julio Faría, exjefe de Recursos Humanos que en su momento, luego de ser relevado, cuestionó duramente la capacitación que brinda la institución. Semejante anticipación en un puesto tan sensible no suena demasiado responsable. Llaryora intentó no transitar ese camino, al decir que anunciaría el jefe de Policía cuando esté por asumir, pero sin mensurar que el candidato oficialista está diciendo que piensa en una nueva conducción para la fuerza a casi siete meses del recambio de autoridades.

O sea, los dos candidatos no avalan a la actual cúpula policial y falta más de medio año para que uno de ellos muy probablemente asuma como gobernador.

AYUDA EXTERNA

Los dos hablaron de asistencia externa a la Policía. Juez insiste en pedir el auxilio de fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura, resorte que depende del Gobierno nacional. Llaryora habla de una policía municipal y de la asistencia del ejército en el combate al narcotráfico. Para lo primero, necesita un cambio de legislación provincial, y una modificación de la ley nacional para lo segundo, lo que parece poco accesible para un eventual gobernador que tendrá un número minúsculo de bancas en el Congreso argentino.

Los dos hacen eje en la lucha contra el narcotráfico con ideas difusas. Y refieren también a cambios en el control político del combate al delito. Para Llaryora, hay que unificar la actual cartera de Justicia con la de Seguridad; para Juez, el gobernador tiene que tener un involucramiento directo en el área.Ambos apuntan, con matices diferentes, a la problemática de las cárceles. Subyace la admisión de que parte del crimen organizado en Córdoba se maneja desde los institutos penitenciarios, como ocurre abiertamente en Rosario.

¿Y LA JUSTICIA?

En lo que sí se cuidaron en las primeras exposiciones sobre propuestas para mitigar la inseguridad, fue en abordar uno de los puntos centrales: el accionar de la Justicia. Obvio que se trata del funcionamiento que teóricamente es independiente y requeriría de cambios en la legislación.

Hubo algunos esbozos por parte de los candidatos, referidos a impulsar leyes (Juez dijo que propiciará la eliminación del Fuero Anticorrupción). pero sin abordar lo complejo y engorroso que son los procesos de denuncias de hechos delictivos, la falta de un accionar rápido y eficaz en los esclarecimientos de los casos penales y la alta reincidencia fruto de puertas giratorias para los apresados por delitos, entre otras cosas. Todas cuestiones que no son de competencia directa del titular del Ejecutivo y la Policía sino del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

Más allá de que lo que esté en juego sea el cargo de gobernador, esas cuestiones también deben ser debatidas en campaña electoral.

Porque ese flagelo de la inseguridad que se lleva la vida y los bienes de los cordobeses todos los días requiere un abordaje complejo, y mucho tiempo para enfrentarlo.