Desde mucho antes —en algunos textos se asegura que las retenciones comenzaron en 1862, durante la presidencia de Bartolomé Mitre—, este formato recaudatorio que registra escasos antecedentes hoy en el mundo ha sido sometido a no poco debate. Que está bien, que está mal; que es poco, que es mucho.
Si bien las aguas aparecen divididas por cuestiones ideológicas a la hora de imponer una u otra postura, lo cierto es que el Estado no ha podido resolver (está dramáticamente expuesto en nuestra vida cotidiana) las cuestiones de fondo que semejante ingreso de dólares a sus arcas debería haber morigerado.
En el mes de julio de 2022, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, el entrerriano Nicolás Pino, aseguró que desde 2003 los productores transfirieron al Estado —en forma directa— unos 130.000 millones de dólares sólo en concepto de retenciones. Y trazó una comparación para un valor que, actualizado, es de alrededor de U$S 140.000 M: “Se trata de una cifra equivalente al dinero invertido en el Plan Marshall, que levantó a Europa entera luego de la Segunda Guerra Mundial”.
Este (necesario) prólogo viene a cuento por la reciente propuesta de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que forma parte de la Mesa de Enlace, respecto del trigo, el producto icónico del sudoeste bonaerense (y el segundo en el listado de la mesa de los argentinos).
Se basa en un estudio realizado por Ernesto O’Connor, economista jefe de la propia entidad gremial, quien demostró —asentado en las estadísticas oficiales— que al eliminarse las retenciones al trigo desde el año 2016, cuando la superficie sembrada pasó de 3 a 7 millones de hectáreas, el crecimiento en producción alcanzó casi las 20 millones de toneladas.
“Sería bueno repetir aciertos, y no errores, eliminando las retenciones y dando un impulso exportador con convicción a toda la producción agropecuaria y a las economías regionales. Y con un tipo de cambio único”, se argumentó desde CRA.
Recordó también lo que ya se sabe: que la sequía y las altas temperaturas han impactado de lleno en la actual producción; que se cosecharán 25 millones de toneladas de soja (en 2021/22 fueron 44 M/T) y 36 millones de toneladas de maíz (vs. 52 M/T previos) y que en esta campaña se aguarda un total de 84 millones de toneladas (vs. 137 M/T de 2018/2019).
Y los números más oscuros: en este año se perderán ingresos en concepto de exportaciones en el orden de los U$S 21.000 millones; es decir, una caída del 45 % de las agroindustriales totales. En otras palabras: un desastre, por donde se lo mire.
Yendo a lo gremial, CRA planteó que en abril de 2018 el Gobierno de entonces (NdR: Juntos por el Cambio) entró en crisis de balanza de pagos, con cesación de colocación de deuda pública voluntaria internacional por la desconfianza, fundamentalmente debido a la sequía de esa campaña. Y que entonces se debió recurrir al FMI, desde donde la economía ya no se recompuso más. Y aportó la solución: “Con las retenciones, este Gobierno no nos escucha. Por eso se lo decimos al próximo: al eliminarlas gana el país”.
Hoy, las retenciones están en el nivel de 33 % para el grano de soja; 12 % en trigo y maíz y 7 % para el girasol. En el desglose, al trigo y al maíz se les aplican los denominados volúmenes de equilibrio (léase intervención del mercado).
Quienes están en contra de las retenciones sostienen, a grandes rasgos, que son un impuesto distorsivo, un factor de empobrecimiento y pérdida. Y que el dinero retenido a los productores se podría recuperar mediante otros impuestos —entre ellos, Ganancias e IVA— y el aumento de la producción (tal como ahora plantea CRA respecto del trigo).
Quienes sostienen que es una medida adecuada argumentan que las retenciones cumplen un rol decisivo desde el punto de vista de la cadena de alimentos y, por ende, con repercusión (positiva) en los sectores de menores ingresos. “Si se eliminan, se incrementará el precio externo (del producto) y ese valor, por ende, aumentará el precio interno”, dicen. De otro modo, se plantea un desfinanciamiento imposible de sostener para el Estado argentino.
Así presentadas las posturas de una cuestión cada vez más movilizante y de aristas renovadas (ahora por el clima, por si faltara algo), el paso siguiente es saber qué opinan los precandidatos de las distintas fuerzas políticas que se presentarán en las venideras elecciones. Soluciones se buscan. Y no sólo para este tema.