Sostienen que afectará la competitividad de pymes locales. El Tribuno
La resolución con la que el martes pasado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) volvió a implementar el Registro Fiscal de Actividades Mineras, que había sido eliminado en marzo de 2019, provocó una reacción por parte la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin), desde donde se denunció que afectaría la competitividad de las empresas locales. Si bien esa entidad no tiene mucha trascendencia en Salta, el comunicado enciende una luz de alerta ante el crecimiento de la actividad minera en la provincia, que tiene a los proveedores como principales factores de desarrollo.
Como parte de la medida de la AFIP, se crea un nuevo régimen de información al que estarán obligados los titulares de derechos de exploración o cateo otorgados por las autoridades mineras correspondientes, y se establecen regímenes de retención sobre el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA) respecto de las operaciones realizadas entre empresas de este sector.
«Esta resolución sustituye la Resolución General Nº 3.692, oportunamente derogada, esta tuvo un claro resultado cuando fue implementada desde 2015 al 2018: disminuir la participación de pymes nacionales en la cadena de valor minera. Estas consecuencias radican en el drástico aumento de la presión impositiva para los proveedores, haciéndolos menos competitivos frente a los bienes, insumos, piezas, equipos mineros y servicios que se fabrican en el exterior; y que las operaciones mineras pueden importar sin aranceles en el marco de la Ley 24.196, cambiando la industria nacional por productos importados», consignaron desde la Capmin.
Agregaron: «El corolario de esta resolución es un aumento de precios de venta de proveedores a mineras entre un 5,25 a un 10,5%. El mantener esta resolución generará una quiebra de las pymes de todo el país».
Consultado al respecto, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), Diego Pestaña, dijo a El Tribuno que la resolución de la AFIP «es más burocracia y presión a los contribuyentes y sirve para que los que tienen propiedades mineras tengan que justificar sus fondos». Consideró que no afectará a los proveedores