Narcotráfico: un Estado corrupto que no impone la ley y ya no puede “gerenciar” el delito

Desde hace mucho tiempo sabemos que hechos como la amenaza que sufrió la familia de Messi en Rosario no surgen de un supuesto vacío estatal, sino de exactamente lo contrario. Lo que esconde este suceso, así como el ataque narco en el que fue asesinado el niño Máximo Gerez, es una relación intensa entre la policía, el sistema judicial y los partidos políticos rosarinos con grupos dedicados al narcotráfico y demás negocios ilegales. A raíz de la experiencia con la policía de la provincia de Buenos Aires, diversos estudios han puesto de manifiesto que esas relaciones se componen de un intercambio particular. El Estado –representado por policías, el sistema de justicia y dirigentes políticos– vende a los narcotraficantes una mercancía muy preciada, que se paga con gusto y que he definido como una forma de protección basada en la “suspensión de la ley”. Por sumas variables de dinero, narcotraficantes, reducidores de vehículos, traficantes de armas o dueños de talleres clandestinos, entre otros, pagan de manera sistemática a policías, jueces o políticos para que no se los haga cumplir con la ley. A cambio, estas autoridades ofrecen suspender normas que están obligadas a cumplir, así como desviar patrullajes, no investigar, falsificar documentos, suministrar información sobre allanamientos y otros servicios.

También sabemos desde hace tiempo que esta suspensión de la ley, además de servir para el enriquecimiento privado, tiene una finalidad bastante definida: financiar campañas y carreras políticas, así como gerenciar la paz social sin que esto último signifique eliminar los negocios espurios. Un delicado equilibro que unos y otros aprenden a transitar. Permitir a ciertos grupos, como los barrabravas o supuestos dirigentes sociales, el control de negocios ilegales se ha convertido en una forma de amortiguar o neutralizar potenciales conflictos sociales y de mantener una red informal de apoyo político o fuerza de choque.

En el caso del narcotráfico, la circulación de drogas es admitida en la medida en que los niveles de violencia sean los “normales”, lo que muchas veces significa que las víctimas fatales no se ven, principalmente porque pertenecen a barrios pobres o marginales alejados del interés de los medios de comunicación.

Lo que hoy nos muestra la ciudad de Rosario es que este orden según el cual el delito está gerenciado por actores estatales se ha subvertido. Una de las muestras más elocuentes de este quiebre no es la amenaza a la familia de Messi, sino que –según registros oficiales– el 77% de los homicidios cometidos en esa ciudad fueron planificados y que el 85% fue con armas de fuego. Esto significa que estamos ante una fragmentación del negocio del narcotráfico; es decir, ante grupos o clanes familiares que eliminan competidores para expandir el negocio a través del territorio y extorsionan a actores estatales para conseguir favores procesales, ventajas frente a competidores, reducción de penas, cajoneo de expedientes, etcétera.

En resumidas cuentas, se trata de un Estado que no solo es incapaz de imponer la ley, sino que tampoco puede gerenciar el delito. O, como diría Max Weber llevado al cono sur, un Estado que ha perdido el monopolio de la fuerza tanto legal como ilegal.

Esta complicidad gubernamental y estatal no puede entenderse si no se las vincula a otro fenómeno presente en Rosario, esto es, a una extendida y profunda economía informal y cultura de la ilegalidad que involucra movimientos de fondos de clubes de fútbol, desarrolladores inmobiliarios o cuevas financieras. A través de estas instituciones y servicios se lava el dinero proveniente del narcotráfico; se lo convierte en negocios y bienes legales que sirven, entre otras cosas, para financiar la política y estructuras de poder.

Consumo y deterioro

No obstante, la acción de organizaciones delictivas que operan gracias al favor gubernamental y de las fuerzas de seguridad encuentra incentivos extraordinarios en el verdadero motor de todo este fenómeno: el impresionante aumento del consumo de cocaína, marihuana y drogas sintéticas tanto en Santa Fe como en el resto del país. Así como no es posible explicar la violencia en Rosario sin aludir a una dirigencia estatal, económica y política venales, tampoco es posible entender la densidad del negocio y los riesgos que muchos están dispuestos a correr sin hacer referencia a las oportunidades que crea una demanda estable y continua de drogas ilegales originada en Rosario y más allá. Si la posición geográfica de Rosario –cerca de la Hidrovía, de uno de los puertos más importantes del mundo para el transporte de cereales y oleaginosas y atravesada por las rutas 34 y 9– resulta relevante es por su conexión con centros de consumo locales e internacionales.

Estamos acostumbrados a observar el consumo de drogas como una expresión de decisión individual o deseo personal de comprar una sustancia; se trata de una forma de comprender el problema que encontramos en no pocas políticas públicas. Esta perspectiva, sin embargo, olvida que el consumo de cualquier sustancia ilegal forma parte de prácticas rutinarias individuales y colectivas íntimamente vinculadas a transformaciones sociales más amplias. En síntesis, el aumento significativo del consumo de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales no está desconectado de una crisis socioeconómica profunda y prolongada como la que aqueja a la Argentina.

Del mismo modo, el acceso a las drogas ilegales de manera casi inmediata no es ajeno al surgimiento de tecnologías como los teléfonos móviles, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería o los medios de pago digitales, que facilitan y normalizan consumos que antes nos hubiesen parecido extraños. En este sentido, la tecnología no tiene un valor neutro; no es simplemente un medio que transporta contenidos; los dispositivos digitales o electrónicos tienen el poder de transformar el modo en que se consume: entre otras cosas, crean la posibilidad de tener drogas inmediatamente, de transferir dinero sin que el Estado se entere o de meterse en este mercado sin sufrir violencia alguna.

Variedad de sustancias

Un estudio reciente sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado ilegal de drogas en Argentina muestra que, en comunidades de aplicaciones como Telegram, el consumidor encuentra una amplia variedad de sustancias, incluyendo diversas calidades y variaciones de una misma droga. Existe una proliferación de vendedores minoristas que encuentran nichos muy específicos, como ciertas variedades de marihuana, calidades particulares de cocaína o pastillas sintéticas que causan determinados efectos. Convencidos de que la encriptación de las comunicaciones es suficiente para evitar a las fuerzas de seguridad, estos vendedores crean nichos de consumo que terminan impactando en nodos de producción y distribución como Rosario.

En tal sentido, observar lo que sucede en Rosario a través del consumo de drogas echa luz sobre una multitud de prácticas rutinarias que lo enmarcan y nos enseña que no se trata de consumos desconectados. Por el contrario, el consumo de drogas ilegales está vinculado, mediante cadenas de distribución silenciosas, con la violencia que vemos por televisión. Tanto los procesos de expansión como de contracción económica reorganizan prácticas sociales, introducen nuevas ansiedades, recrean objetivos culturales y crean nuevos espacios en donde el consumo se resignifica.

La escalada del consumo de cocaína y marihuana en Santa Fe luego del año 2000 estuvo particularmente propulsada por la demanda generada en clases medias y altas, hecho que en parte explica el establecimiento de cocinas y laboratorios en las periferias destinados a abastecer el mercado local.

Asimismo, el declive económico general convierte a la producción de drogas y al narcomenudeo en una fuente de ingresos atractiva apoyada en el convencimiento de que las fuerzas de seguridad no son un obstáculo. El estudio mencionado previamente pone de relieve a personas que, haciendo uso de diversas herramientas digitales, se dedican a la venta de drogas cuando regresan de su trabajo legal en empresas o comercios regulares. “Complementar los ingresos” vendiendo sustancias prohibidas por Telegram ha sido una respuesta que no hace más que indicar cómo el mercado de drogas se adapta a una estructura social determinada, a las deficiencias de la economía formal, al vacío regulatorio y a los recursos tecnológicos disponibles.

Voluntad política

Llegados a este punto, la pregunta es qué hacer o cómo se puede comenzar a revertir esta situación. Ciertamente, las soluciones instantáneas no existen y propuestas tales como la “legalización de las drogas”, con el argumento de que así se eliminaría el negocio delictivo, no solo operan con un diagnóstico equivocado de lo que sucede en Rosario (y la Argentina), sino que además agregarían más dificultades.

De los pocos países que han optado por este cambio normativo, ninguno ha logrado eliminar el mercado ilegal de drogas y en todos ha aumentado el consumo. En el plano de lo realizable, existe una multiplicidad de ámbitos que requieren intervención, desde mejoras infraestructurales y políticas públicas educativas hasta mejoras urbanas y creación de empleo, entre otras tantas. Sin embargo, puesto que lo que está en cuestión es la autoridad misma del Estado, aludiré a dos elementos sin los cuales toda intervención estatal está destinada al fracaso: voluntad política y construcción de capacidad estatal.

En cuanto a la primera, como afirma Derick Brinkerhoff en relación con la lucha contra la corrupción, se trata del compromiso individual y colectivo para emprender acciones tendientes a lograr ciertos objetivos y resistir los costos implicados. En otras palabras, densidad política con objetivos claros como, por ejemplo, emprender una imperiosa reforma policial en Rosario e introducir reformas en el servicio penitenciario.

Mientras, el segundo aspecto que me interesa realzar es el de la capacidad de las agencias estatales para hacer cumplir la ley. Ya sea por convencimiento moral o por la existencia de incentivos específicos, hacer cumplir la ley es indispensable para que cualquier reforma normativa tenga algún impacto y no pase a ser una simple abstracción. Si las normas no se hacen cumplir, simplemente no existen. Este es, sin duda, un desafío importantísimo, ya que los incentivos para continuar vendiendo cuando existe una virtual suspensión de la ley son poderosos. Esta capacidad estatal apegada a la legalidad y apoyada en mejoras de formación del personal, salariales y tecnológicas, debería servir para tomar medidas contra los circuitos de lavado de dinero del narcotráfico en donde están involucrados grupos criminales, clubes de fútbol, empresarios locales, desarrolladores inmobiliarios y agentes financieros.

Finalmente, en la misma línea, hay que tener presente que los servicios de pago digitales suministrados por reconocidas Fintech “incluyen financieramente” no solo a personas “desbancarizadas”, sino que también canalizan fondos cuya procedencia probablemente termine llevándonos a Rosario.

* Matías Dewey es sociólogo e investigador senior en la Universidad de San Galo, Suiza. Autor de El orden clandestino: política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina (Katz editores)