Aunque debería cumplir la misión que hoy se le da a Impulsa Mendoza, sigue siendo el organismo técnico en materia minera. Abandonada hace muchos años, es clave para el desarrollo de la actividad, con o sin una sociedad anónima de por medio. La columna de Edu Gajardo.
El Ejecutivo provincial está decidido a avanzar con el desarrollo de la actividad minera, aún con las restricciones que tiene la Ley 7.722. De la mano de la recuperación de Potasio Río Colorado y los recursos que dejó Vale (resumiendo la historia), se avanzó con la creación de una sociedad anónima que se encargará de gestionar una serie de proyectos mineros con la finalidad de buscarle inversores. Impulsa Mendoza se llama la compañía y son 38 los proyectos que tiene en su carpeta. El anuncio no estuvo exento de polémica política por la forma en que creó la empresa, recibiendo -el Gobierno- críticas de propios y ajenos.
Sin embargo, lejos de la política, la preocupación que generó en los especialistas del sector, es que se creó una empresa privada cuando la ley indica que el mismo trabajo que tendrá la «S.A» es el que debería estar haciendo la Dirección de Minería. De hecho, la misión mendocina que fue en el 2005 a Toronto a buscar inversores fue diseñada, preparada y ejecutada por el director de Minería de ese entonces. Carlos Monjo tuvo muy buenos resultados y logró traer varias empresas, pero su amigo Julio Cobos le puso encima la 7.722.
El problema de la entidad estatal, que según la ley debería ocuparse de la promoción y el desarrollo de la actividad minera, es el abandono que vive desde que se aprobó la Ley 7.722. Sin recursos, y escondida en un rincón de un edificio de la calle Boulogne Sur Mer, sufre por la indiferencia de las distintas administraciones provinciales, a pesar que su rol sigue siendo clave, con o sin sociedad anónima de por medio.
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La cuestión de fondo es que aún con una sociedad anónima en el centro de la escena, la Dirección de Minería es fundamental, porque allí funciona el Consejo de Minería, su órgano más importante. Es este cuerpo el único que puede conceder, denegar o caducar derechos mineros, por lo que define todo proceso relacionado con la actividad, más allá de que en el Ejecutivo prefieran funcionar con una sociedad anónima.
Sin firmas no se avanza
Por eso, resulta paradójico que mientras se crea una «S.A.» la Dirección esté detenida porque falta un decreto. En el anonimato y abandono bajo el cual funciona la entidad, hay muchos expedientes detenidos porque falta nombrar a uno de los cinco miembros del Consejo de Minería.
El órgano está compuesto por dos geólogos, un representante de la Cámara de Empresarios, el director (actualmente el ingeniero en minas Roberto Zenobi) y un abogado. Desde el 31 de diciembre el Consejo se quedó sin la pata legal, porque renunció la abogada que tenía. Desde esa fecha no se avanzó con nada porque en el seno del organismo entienden que es necesaria la voz de la parte jurídica. El resto de los miembros no está firmando expedientes porque consideran que un documento -de cualquier tipo- que salga sin la firma del abogado, puede ser recurrido por alguna cuestión legal que corresponde que vea el experto jurídico que participa del Consejo. Si bien hay una persona en ese rol, no puede firmar porque (hasta ahora) no ha salido el decreto de su nombramiento.
En un hecho parecido, cuando se nombró a Santiago Fernández -director anterior a Zenobi- tampoco podía firmar expedientes porque la ley exige que el titular del organismo sea geólogo, ingeniero en minas o tenga algún título habilitante relacionado. Fernández era especialista en petróleo y tuvo un breve paso por esa oficina porque pasó a PRC. En su lugar ingresó Zenobi, que sí tenía el título adecuado.
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Por este tipo de situaciones, en el sector minero consideran que lo correcto sería fortalecer la Dirección de Minería y darle el rol que la ley le indica, porque más allá de la creación de una sociedad anónima, sigue siendo el organismo técnico que se encarga de todos los procesos. De hecho, deben pasar por allí todos los documentos y requerimientos relacionados con Potasio Río Colorado, Hierro Indio y Cerro Amarillo, en sus distintas etapas de desarrollo.
Claramente en el Ejecutivo prefieren funcionar y manejar la promoción minera por fuera de la Dirección, dejándole un presupuesto para promoción minera que ni siquiera alcanzaría a cubrir los vestidos que usan las reinas de la Vendimia en el Frank Romero Day.
Más allá de las empresas que se creen, no se puede desarrollar la minería de manera adecuada sin una pata estatal fuerte y ordenada para recibir a los inversores. Una pata estatal fuerte que, además, sea la garante de los procedimientos y controles que la sociedad espera de la minería moderna. Hoy, sin recursos y sin atención del Ejecutivo, tiene que esperar meses por la firma de un decreto para funcionar con cierta normalidad. Es urgente que se le preste atención para que esté a la altura de los planes que se están haciendo en Casa de Gobierno para la actividad.