El debate por el uso de las pistolas Taser, que volvió a estar en la agenda nacional en los últimos días, había quedado frizado en Mendoza, pero el PRO analiza volver a plantear la discusión en la Legislatura. En la provincia hay 15 armas de este tipo que no se utilizan.

Un proyecto para incorporar, utilizar y regular estos artefactos electrónicos no letales en la Policía obtuvo despacho en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) en 2021, pero quedó frenado en Secretaría, luego de que el gobernador Rodolfo Suarez declarara que era una discusión que “no tenía sentido”.

La iniciativa fue del por entonces legislador provincial Álvaro Martínez, actual presidente del PRO local, sector que volverá a insistir con el uso de las Taser en la provincia. Los “amarillos” creen que esta es una herramienta que los policías deberían aprovechar en ciertas circunstancias, aunque reconocen que “mucha voluntad política de querer usarlas no habría”.

La postura del radicalismo no ha cambiado, por lo que se abriría una nueva ventana de conflicto de las muchas que hay con los liderados por el diputado nacional Omar De Marchi, del cual aún se espera su definición electoral.

“El proyecto tuvo despacho en LAC, estaba para ser tratado, pero quedó en Secretaría. Se planteó porque teníamos pistolas que no las estábamos usando. Creemos que pueden usarse en lugares públicos, como terminales, por ejemplo”, comentó el diputado Gustavo Cairo.

El PRO analiza si insisten con la iniciativa que ya tiene despacho o si presentan una nueva.

La discusión se reavivó a nivel nacional después del asesinato de una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien murió baleada por un hombre que le quitó el arma. Quienes promueven el uso de las Taser aseguran que ese tipo de situaciones podrían evitarse si las fuerzas contaran con pistolas no letales.

Patricia Bullrich, titular del PRO nacional, acusó recientemente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no tomar la decisión política de utilizar las pistolas. Así se profundizó la interna dentro de ese partido de cara a las elecciones.

“Son herramientas necesarias para que los efectivos puedan cuidar a la ciudadanía y resguardarse, sin necesidad de recurrir al arma reglamentaria que puede ser letal. Seguiremos insistiendo en su utilización”, escribió en Twitter Álvaro Martínez.

En Mendoza hay 18 de estas armas de electrochoque utilizadas para incapacitar a una persona, inmovilizándolas muscularmente con descargas eléctricas. Están destinadas a las fuerzas especiales de la Policía y se han utilizado “dos o tres veces”, indicaron desde el Ministerio de Seguridad, desde que fueron adquiridas en 2007. Una de esas ocasiones se trató de un caso de intento de suicidio.

Los agentes capacitados para utilizarlas son tres, por lo que el resto de las pistolas están guardadas. Además, quedaron viejas, ya que, de aquel año a esta parte, la tecnología avanzó y se diseñaron nuevos modelos.

“Si quisiéramos comprar, más allá de que son carísimas, tienen que ser autorizadas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), además el Gobierno de Alberto Fernández las trabaría para que lleguen”, señalaron desde el radicalismo.

Consideran que la burocracia sería demasiada para la poca cantidad de ocasiones en las que podrían usarse: “No se puede tener a todos los policías por la calle equipados con Taser. Se necesita capacitación”, indicaron. A su vez, tampoco las justifican por los tipos de delitos que hay en Mendoza, debido a que, por ejemplo, no hay robos de bancos con tomas de rehenes, como sí en Buenos Aires.

En el peronismo, este debate no es una prioridad, pero podría surgir en la reunión de la Bicameral de Seguridad que se realizará el próximo jueves, a la que asistirá el ministro de Seguridad, Raúl Levrino.

“No está en nuestra lista de temas que le plantearemos al ministro, pero habría que abrir el debate porque en ciertos casos pueden servir”, afirmó el diputado Néstor Márquez (FdT-PJ), quien preside dicha comisión.

La citación a la Legislatura fue aprobada la semana pasada en la Cámara Baja, para que dé detalles del plan de combate al delito, la federalización de los recursos y la transparencia de datos, entre otras cosas.

Detrás de los reclamos al funcionario no solo estuvieron los peronistas, sino también el PRO. El senador Gabriel Pradines pidió la visita de Levrino para que informe en qué situación se encuentra Mendoza en términos de seguridad, tras el crimen del dueño de un lubricentro en Guaymallén.