Privatizar YPF, un trámite más difícil de lo que parece: claves para entender el plan de Milei

Tras los dichos del presidente electo, Javier Milei, sobre su intención de privatizar YPF, las acciones de la petrolera en Wall Street saltaron 36,6%, en una jornada de subas generalizadas de las empresas argentinas. No obstante, el trámite de privatización no luce tan sencillo para el flamante oficialismo que conducirá el libertario a partir del 10 diciembre próximo.

Milei, de todos modos, prometió que antes de privatizar el 51% del paquete accionario en manos del Estado Nacional y las provincias productoras, revalorizaría su valor para que «se puedan vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos«. Sin embargo, los especialistas recalcan que «es una operación importante» y que «en principio se necesita derogar la ley de expropiación» de 2012, cuando la petrolera era controlada por la española Repsol.

Entonces, Milei debe obtener la autorización del Congreso para traspasar las acciones al sector privado. «Quizás pueda hacerlo por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). Nunca hay que descartar ese instrumento, pero depende de la fortaleza política en cada momento», explicó a Clarín Gerardo Rabinovich, del Instituto Gral. Mosconi. De cualquier manera, los DNU deben igualmente ser aprobados posteriormente por el Parlamento, lo que implica un riesgo para los eventuales compradores.

No termina ahí la cosa. Según Rabinovich, «después se tiene que definir si va a vender todo el paquete a un solo comprador o vender las acciones en la bolsa. Hay que tener en cuenta que según el estatuto de YPF, cualquiera que tenga más del 15% de las acciones tiene que hacer una oferta por el total de la compañía y hasta tiene que acordar con el 49% de los accionistas privados».

Este lunes, YPF tenía un valor bursátil de US$ 5.783 millones. La expropiación de 2012, comandada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, salió cara.

En 2014 Repsol fue indemnizada por US$ 5.000 millones para evitar un juicio. Pero en setiembre pasado, la jueza de Nueva York Loretta Preska sentenció a la Argentina a pagar otros US$ 16.100 millones, porque consideró que cuando el Estado argentino pasó a controlar YPF en 2012 estaba obligado a lanzar una oferta pública a los tenedores de acciones minoristas. El fallo fue apelado y la causa continúa abierta.

Milei tiene unos cuantos obstáculos para avanzar en el proceso de privatización. Primero tiene que reunir mayorías en ambas cámaras para aprobar la derogación de la ley de expropiación, cuando todavía se desconoce la cantidad de bancas propias que contará a partir de diciembre, más allá de los apoyos explícitos que logró de cara al balotaje por parte de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el ala dura del PRO.

«Hay que ver finalmente cuántos legisladores de Juntos por el Cambio y la UCR votan con Milei. Igualmente, la clave de la privatización de YPF es la muy probable resistencia de las provincias petroleras, ya que es una gran fuente de ingresos», explica el analista bursátil Sebastián Marill. El experto recuerda que las dos veces anteriores que el tema pasó por el Congreso (para privatizar y expropiar) «salió aprobado por unanimidad».

Dentro de nuevos los aliados de Milei aparece el ex secretario de Energía de Cambiemos, Javier Iguacel, que suena para ser el que encabece este nuevo proyecto privatizador de YPF. El antecedente fue la privatización de 1992, durante el primer gobierno de Carlos Menem. En ese momento, YPF (una sociedad estatal) pasó a convertirse en una Sociedad Anónima con la aprobación del Congreso y se le otorgó privilegios para aumentar su valor.

En 1999, Repsol compra el 85% de las acciones de la petrolera argentina por casi US$ 13.500 millones y en 2007, con aval del kirchnerismo, el grupo Petersen, (de la familia Eskenazi), se queda con el 14,9% de YPF con la misión de «argentinizar» y comandar los destinos de la compañía para liderar la exploración y explotación de los recursos petroleros y gasíferos del país.