La propuesta había sido motorizada desde el Colegio del Distrito III del Consejo Profesional de Agrimensura de Bahía Blanca y la región.
Por Guillermo D. Rueda
La accesibilidad al suelo con seguridad jurídica era un tema sin resolución efectiva en Bahía Blanca. Ahora, con la aprobación de un proyecto por parte del Concejo Deliberante, se empiezan a dar soluciones a estas inequidades.
“Lo más importante de la resolución, que la rescatamos como un valor agregado, es que se puso sobre la mesa una cuestión medular del ordenamiento territorial de Bahía Blanca, una ciudad que está próxima al bicentenario (2028), donde los principales actores se tomaron casi un año para encontrar una solución que excede los intereses de cada uno de ellos”, dijo Reinaldo Beain, titular del Colegio del Distrito III del Consejo Profesional de Agrimensura de Bahía Blanca y la región.
¿De qué se trata? Cuando un titular dominial del área urbana de Bahía Blanca intentaba desarrollar un suelo para, luego, venderlo o hacer fracciones más pequeñas, la normativa provincial le exigía contar con distintos servicios para realizar el plano de mensura de división; entre ellos, el de agua.
“Con la problemática que existe en la ciudad con la empresa ABSA (Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima), esa distribución estaba totalmente imposibilitada. ¿Por qué? Porque la prestataria del servicio no está en condiciones de hacerlo por razones, principalmente, económicas”, añadió el Agr. Beain.
“Por eso, desde al Consejo Profesional de Agrimensura en el año 2022 pusimos el tema sobre la mesa, haciendo especial acento en la dificultad de accesibilidad al suelo con seguridad jurídica”, dijo.
“Esto implicaba que los proyectos de mensura y subdivisión de todos modos se realizaban, pero interdictos de venta. Es decir, el titular dominial no podía transmitirlo y quien compraba no podía acceder a través de una escritura, por ejemplo”, sostuvo.
Agr. Reinaldo Beain, titular del Colegio del Distrito III del Consejo Profesional de Agrimensura de Bahía Blanca y la región.
“Por eso se producía la compra y venta a través de un boleto, con todo lo complejo que eso conlleva: no tener dominio de la parcela; ni poder hipotecar ni llevar adelante un plan de construcción con permisos porque no había una partida inmobiliaria y tampoco se podían generar sucesiones hacia los herederos”, dijo.
“Lo que propusimos es un proyecto de ordenanza para encontrar una alternativa que genere ese suelo sin la interdicción de venta con seguridad jurídica”, señaló.
“De la propuesta original que llevamos adelante, el Ejecutivo municipal, sobre todo el subsecretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. Martín Castro, tomó el tema. Y empezamos a estudiarlo y a debatirlo también con los concejales de todos los partidos, con desarrolladores, con representantes de colegios profesionales afines y hasta con vecinos”, explicó.
“(…) A fin de resolver esta problemática persistente desde hace años, resulta conveniente la implementación de una política al respecto para permitir, al menos, resolver las condiciones de irregularidad en la que se encuentran algunos desarrollos urbanos y dar lugar a otros nuevos dentro de ciertas condiciones que tengan que ver con el uso racional del suelo, de las infraestructuras y servicios urbanos (…)”, sostuvo el Arq. Castro, en los argumentos del proyecto de ordenanza presentado.
El directivo comentó —justamente— que desde la comuna local se entendió la problemática, así como que se trataba de un tema importante y que había que encontrarle una solución.
En uno de los proyectos presentados por el Ejecutivo a cargo de Héctor Gay, el que finalmente se aprobó en el Concejo Deliberante dice que en aquellos planos que ya se encontraban aprobados, pero interdictos por el servicio de agua porque la empresa no estaba en condiciones de brindar el servicio, se recurrirá a la opinión de la Autoridad del Agua, que depende de la subsecretaría de Recursos Hídricos del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.
“Si el organismo entiende que ABSA no puede prestar el servicio, se autorizará el uso del agua subterránea; es decir, de los pozos”, expresó el Agr. Beain.
De este modo, insistió en que todos los desarrolladores de planos de mensura que se encuentren interdictos por servicio de agua podrán recurrir ante la opinión de la Autoridad del Agua bonaerense.
“Uno vez cumplimentada una serie de requisitos, rápidamente se destrabará la situación. Así lo advertimos oportunamente desde el Consejo Profesional, cuando decíamos que necesitábamos encontrar herramientas para que esa transferencia dominial se genere con seguridad jurídica”, aseguró.
Si bien el Agr. Beain sostuvo que este paso es muy importante para movilizar el suelo que, hoy, se encuentra inactivo, lo real es que no se termina de solucionar el problema del servicio de agua de la empresa prestataria en Bahía Blanca.
Asimismo, admitió que en el Colegio de Agrimensores ya se advierte que muchos titulares dominiales consultan, por medio de profesionales del sector, para llevar adelante los proyectos de mensura