Necochea. La Justicia ordenó al intendente comenzar a construir la Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales

La pericia realizada en el marco de la causa, a cargo del Instituto del Hábitat y el Ambiente (IHAM) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño dela Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) estableció que al tomarse muestras en diciembre del 2021 de las aguas de Punta Carballido en busca de bacterias del tipo Estreptococo «el resultado obtenido supera en 68.571,4 veces el límite establecido para asegurar condiciones adecuadas de balneabilidad».

La sentencia de la causa número 3691 bajo la carátula «ASOCIACION CIVIL VECINAL DE FOMENTO Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA Y OTRO/A S/MATERIA A CATEGORIZAR» estipula en primer término condenar «a la Municipalidad de Necochea y a la Provincia de Buenos Aires a presentar un plan de saneamiento y recomposición ambiental del sistema cloacal del centro urbano Necochea/Quequén que desemboca en Punta Carballido conforme las pautas de ejecución resuelto precedentemente dispuestas». Posteriormente habrá un plazo de 45 días en los que un comité de peritos deberá evaluar el plan e, inmediatamente después, deberá ponerse en marcha.

La sentencia fue notificada a la Secretaría de Legal y Técnica del municipio de Necochea, a cargo de Ernesto Povilaitis. El funcionario ahora debe resolver la estrategia que deberá tomar el municipio para responder a la orden, algo que incluso se presenta como karmático para Povilaitis, dado que en 2014, cuando se desempeñaba como representante legal del gobierno interino de José Luis Vidal, delineó los primeros alegatos que ahora vuelven con fuerza como si fueran un boomerang.

Es que según consta en la sentencia, en su respuesta a la demanda Povilaitis reconoció en nombre de la Comuna que se estaba produciendo un daño por acción estatal afectando el derecho público a un ambiente sano, algo que consta en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en numerosas resoluciones ministeriales, leyes nacionales y provinciales, ordenanzas y hasta resoluciones de la ONU y la OMS. Ese reconocimiento inicial fue la clave por la cuál, tras recabar las pruebas, informes y testimonios, el juez resolvió su sentencia.

El caso surge de una demanda iniciada por la presidente de una sociedad de fomento de Quequén, Teresa Ruiz, quien inició el reclamo judicial en nombre del derecho colectivo invocado y no precisamente como particular interesado. Aunque el abogado Povilaitis intentó desestimar la demanda por una serie de motivos que el juez desestimó, admitió en el intento que el municipio estaba en conocimiento del daño que se estaba provocando, por ende, ya desde 2014 que consta la admisión de responsabilidad por parte del Estado Municipal, siendo esta una de las razones de mayor peso para habilitar la condena.

En representación de la Provincia (demandada junto al Municipio) se presentó Cintia Febbraro, quien actualmente figura como Directora General de Legal y Técnica de Necochea en la Web Municipal. En aquella oportunidad, Febbraro rechazó la injerencia que pudiera tener su representado (OPDS) en la situación, depositando la responsabilidad en la Municipalidad. En septiembre del 2014 el Juzgado ordenó producir pruebas y un mes después la demandante contestó las excepciones planteadas por la Comuna. «Extinguido el periodo de prueba, se llama autos para sentencia en 16 de mayo de 2023», indica el último párrafo de los «autos y vistos» de la sentencia, lo que finalmente sucedió y se presentó días atrás.

Contaminación probada

De la sentencia surge la evaluación de datos ofrecidos como pruebas por la demandante y de oficios judiciales. En orden de la causa se dispuso la realización de un estudio sobre las aguas de Punta Carballido que arrojaron resultados preocupantes.

La pericia realizada en el marco de la causa, a cargo del Instituto del Hábitat y el Ambiente (IHAM) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño dela Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) estableció que al tomarse muestras en diciembre del 2021 de las aguas de Punta Carballido en busca de bacterias del tipo Estreptococo «el resultado obtenido supera en 68.571,4 veces el límite establecido para asegurar condiciones adecuadas de balneabilidad» dispuestas por la resolución 125/2016 del Ministerio de Salud.

Es decir que aunque el agua en el lugar tiene 68 mil veces más bacterias de los límites permitidos, que la Comuna ya admitió estar generando el daño y que ya se han agotado las instancias administrativas para la obra (la planta de tratamiento fue anunciada tantas veces como intendentes hubo desde hace casi 20 años); el tema ni siquiera mereció un comentario del intendente Arturo Rojas, que busca por estas horas la reelección montando shows proselitistas con vistosas obras cosméticas.

Sacaron hasta el cartel

Está visto en numerosos temas de los últimos años que la gestión del intendente Arturo Rojas y Nueva Necochea en su conjunto ha carecido de cualquier clase de conciencia ambiental al punto que incluso ha intentado tapar o denostar cualquier clase de reclamo de los vecinos, vinculando las protestas a la «Necochea del No», ese ente imaginario del que gusta echar mano Nueva Necochea y su periodismo adicto a la pauta cada vez que quiere achacarle a los vecinos sus propios defectos de gestión.

La muestra de ese desinterés está en un hecho puntual que grafica la situación a las claras: a pesar del riesgo para la salud de vecinos locales y turistas que representa la emisión de residuos cloacales al mar en Punta Carballido, la gestión del intendente Rojas decidió cubrir de arena el caño y retirar el cartel que se había instalado para señalizar el peligro. Algo similar hicieron con el cartel que pusieron vecinos en el sector denominado «El Caño» en Necochea para advertir la presencia de agua contaminada en el lugar.

Sin señalizar y evitando el tema en plena campaña, la negligencia de la gestión se vuelve aún más grave y representa un riesgo real para toda la comunidad.

El municipio tapó el sector con arena y retiró el cartel de advertencia para que el problema no se vea

La misma desidia en cuestiones ambientales ha mostrado la gestión en otro tema de suma relevancia como es el tratamiento de la basura en el distrito: el intendente impuso en diciembre pasado un nuevo convenio con la empresa recolectora de basura retirándole todas las multas por el daño ocasionado tras casi 20 años de acumular basura sin ningún tratamiento y, además, decidió reconocer que la Municipalidad debe casi 1000 millones de pesos a la empresa por dejar la basura en esa montaña sin darle el tratamiento adecuado.

Tal es el escándalo que este sábado el diario local Ecos Diarios publicó la denuncia penal que lleva adelante la ex concejal macrista y actual precandidata a intendente por el PRO, María Eugenia Vallota, contra el intendente Rojas y el secretario Povilaitis por defraudación al Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público. El dato que conecta ambas cuestiones es el monto de la deuda reconocida: se calcula que los casi 1000 millones que la Comuna reconoció a la empresa RELISA por un servicio que no dio es el costo que tendría la primera etapa de la construcción de una planta de pretratamiento en Punta Carballido que la Municipalidad no gestiona ni ejecuta.

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