Los tres representantes del Ejecutivo municipal de Bariloche que forman parte del Consejo Social de Tierras se ausentaron de la última reunión de ese órgano consultivo, donde arreciaron las críticas por la falta de una política pública clara en materia habitacional.

Los inquilinos autoconvocados que reclaman por la escasez de viviendas y departamentos de alquiler, los que esperan por nuevos loteos (algunos con ordenanza ya aprobada) y también quienes viven en barrios populares beneficiados con obras de infraestructura cuya ejecución registra considerables atrasos llevaron sus demandas a la reunión del Consejo y se fueron sin respuestas.

La presidenta del instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Paula Meira, el secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano Claudio Otano y el secretario de Desarrollo Humano Juan Pablo Ferrari son quienes deben participar del Consejo de Tierras en nombre del gobierno y recibieron la respectiva citación al último encuentro, pero los tres dejaron la silla vacía.

Así lo denunciaron los integrantes de ese foro, entre ellos los concejales opositores Julieta Wallace y Gerardo del Río, quienes se comprometieron a presentar un pedido formal para que el Ejecutivo informe sobre la aplicación del programa Hábitat Bariloche, que (entre otras cosas) debía desarrollar y adjudicar 500 lotes sociales.

El representante de la fundación Ambiente y Hábitat Sustentable, Tomás Guevara, dijo que tenían expectativas en la reunión porque era “la primera del año” y aseguró que la deserción de los funcionarios del gobierno fue mal recibida. Por eso decidieron efectuar un reproche público.

Aclaró que recibieron las citación formal para el Consejo de Tierras y su participación no es voluntaria, sino “obligatoria por ordenanza”. A su entender “hay falta de voluntad política”, porque el IMTV tiene un directorio de tres miembros y los secretarios tienen subsecretarios, de modo que la ausencia de todos llamó la atención.

Guevara dijo que hay varios temas de urgente tratamiento como los loteos paralizados del sindicato de Luz y Fuerza (40 beneficiarios) y de las cooperativas de estacionamiento medido (otras 30 unidades), que ya fueron formalizados por ordenanzas, pero no tienen avances. Señaló el Ejecutivo “debería hacer el planteo urbanístico y pasar a la aprobación de Catastro, para luego adjudicar, pero no hace nada”.

Sostuvo que la crisis en materia de acceso a la tierra y vivienda se agrava día a día, “hay un pedido con 300 firmas para que se declare la emergencia habitacional”, están las obras inconclusas del Registro Nacional de Barrios Populares que esperan en Nueva Jamaica, Arrayanes, Wanguelen y otros barrios, y se suman también las demandas de los inquilinos, pero el Ejecutivo no parece tener un plan de trabajo que les de respuesta. “Es algo que va juntando presión y algún día desborda”, advirtió Guevara.

En la reunión participaron referentes de varias juntas vecinales, de inquilinos autoconvocados, la fundación Gente Nueva, el barrio Alún Ruca, las cooperativas de Estacionamiento y la FTV Miles, entre otros.

Segun lo informado, el representante de la secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, Pablo Marigo, reseñó el estado de las obras en los barrios cubiertos por el Renabap, que “si bien registraron algún grado de actividad todavía siguen muy retrasadas en relación a los tiempos previstos”, especialmente las que deben asegurar el agua potable en los barrios Eva Perón y Arrayanes.

Guevara dijo a modo de ejemplo sobre la errática política pública, que el municipio se había comprometido a garantizar 500 lotes sociales para “descomprimir” la demanda y apostó todo al fraccionamiento Las Morenas, que llegó a ingresar al Concejo Municipal como proyecto de ordenanza, pero quedó frenado porque “los dueños no pudieron acreditar la titularidad del inmueble”