Lo que en ese momento se aplicó como algo “excepcional”, como contribución del sector a la crisis económica y social que atravesaba en país, logró perpetuarse y, lo peor, su contribución no significó una mejora en las condiciones macroeconómicas.

Según un informe reciente de la Sociedad Rural Argentina, en el período 2001–2022 los productores agropecuarios transfirieron en concepto de retenciones al fisco más de U$S 175 mil millones.

Sin embargo, la pobreza aumentó. En 2001 alcanzaba a 16,5 millones de personas y en 2022 el número llegó a 20,2 millones.

Además, el último censo agropecuario nacional determinó que hay 70 mil productores menos. La cantidad de empresarios en el sector pasó de 297 mil a 227 mil en los últimos 21 años.

La otra fecha destacada en el calendario de marzo es el día 11 de 2008. Fue cuando el Gobierno nacional, en un intento por apropiarse de hasta el 45% del precio que recibía el productor por la soja, buscó implementar un sistema de retenciones móviles.

Es conocida por todos la resistencia que generó la medida entre los productores que, con el apoyo del interior productivo y del Congreso Nacional, lograron frenar la aplicación del tributo.

LAS NECESIDADES PARA CÓRDOBA

Marzo fue también el mes elegido por una entidad agropecuaria de Córdoba para dar a conocer de manera pública su propuesta de prioridades en política agropecuaria, que presentará a los candidatos a gobernar la provincia.

Desde el interior productivo, Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la entidad rural que agrupa a 20 sociedades rurales de Córdoba, hizo punta con la iniciativa, que busca instalar una agenda productiva e impositiva para el sector.

“Quienes aspiren a dirigir el Poder Ejecutivo provincial y los legisladores que representen a los cordobeses deben tener claro que es ‘urgente e innegociable’ la eliminación total de los derechos de exportación y la unificación de tipos de cambio”, afirma sin vueltas la propuesta de Cartez.

En octubre del año pasado, la entidad agropecuaria, que también tiene acción gremial en San Luis, La Rioja y Catamarca, comenzó a trabajar en la iniciativa cordobesa.

Dividió a la provincia en cinco regiones, donde las sociedades rurales de cada una de ellas identificaron sus necesidades en materia de política agropecuaria.

Luego de varios meses de trabajo, y buscando que su contenido no se filtrara, un plenario de la mesa ejecutiva, con la presencia de todas las rurales de Córdoba, fue el que terminó definiendo la propuesta final.

“Lo que buscamos con esto es hacer más eficiente la reunión con los candidatos, presentándoles lo que consideramos que son las prioridades para el agro cordobés. Si adhieren a ellas, vamos a exigir que las ejecuten”, aseguró Javier Rotondo, titular de la entidad.

CON EL FOCO MÁS ALLÁ DE LA PROVINCIA

Más allá del pedido al futuro gobierno provincial por “más actividad agropecuaria”, “libertad para producir”, “ruralidad planificada”, “conectividad e infraestructura” y “administración eficiente de los recursos”, la propuesta también tiene un fuerte encargo para la futura administración nacional.

Tiene que ver con la necesidad de terminar con la vigencia de las retenciones a las exportaciones.

Según Cartez, Córdoba aporta el 7,5% de la recaudación nacional por ese impuesto (medido en porcentaje del producto bruto geográfico para 2021). Esa participación la convierte en la provincia más afectada por la carga tributaria que significa el impuesto.

“Los derechos de exportación, fáciles de recaudar para el Estado, atentan contra la equidad distributiva (entre actividades, regiones y productores de una misma actividad), desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones”, asegura desde la confederación.

En sintonía con la postura que en los últimos tiempos ha enarbolado la dirigencia agropecuaria nacional, la entidad cordobesa reitera que los derechos de exportación no deben formar parte de la estructura tributaria argentina. Y mucho menos si lo recaudado se utiliza para asistir a un monumental déficit fiscal provocado por un gasto público ineficiente.

Los precursores de la propuesta, que el día de su presentación contó con la participación de representantes locales de Sociedad Rural de Córdoba y de Federación Agraria Argentina, aseguran que así lo deben creer y sostener los representantes políticos de la provincia.

Están convencidos de que será la única forma de que se termine con una fiesta que ya tiene mayoría de edad.