Ayer se cumplió un año desde que el intendente de Almafuerte, Daniel López, inició su segundo período de gobierno.
López empezó su segundo mandato con un respaldo político notable: había sido reelecto con más del 60 por ciento de los votos. Lo que a todos –incluso a sus allegados– les cuesta explicar es por qué políticamente parece haber pasado mucho más que un año.
De lograr por esa ostensible ventaja electoral una amplia mayoría en el Concejo Deliberante (de cinco sobre siete ediles), casi desde el comienzo el cuerpo deliberativo comenzó a tomar distancia de su gestión y a objetar varias de sus decisiones. Ya lo habían hecho, en el epílogo de su primera gestión, los ediles radicales que planteaban la necesidad de cambios a su intendente. Hubo acuerdo entre los radicales para la campaña y la reelección pero tras tras ésta volvieron y hasta se agudizaron las diferencias. De los cinco años que lleva López, éste fue el más complicado, cuando todo indicaba que iba a resultar el más cómodo.
La renovación del contrato con las empresas del semáforo filmado; el conflicto que se abrió por la concesión de la terminal; la denuncia por presuntas irregularidades en el pago de becas municipales, fueron –entre otros– los temas más polémicos. Además, se sumó una imputación judicial contra el intendente, por la venta de cuatro motocicletas usadas que según se denunció, se habría concretado sin cumplir los pasos legales. Si la imputación se transforma en elevación del caso a juicio, López debería ser suspendido en su cargo. Sólo la mención de esa posibilidad genera ruido político en la ciudad.
Mientras López defendía su posición, los ediles tanto radicales como peronistas, con diferentes matices, achacaban al gobierno desaciertos y cuestionaban a la administración. No hubo ni desde el oficialismo gestos evidentes de apoyo al jefe municipal.
Complicaciones. Mientras, una comisión investigadora del Concejo Deliberante sigue con su tarea para dilucidar si existió alguna irregularidad en los pagos a un becario ya fallecido. Las sospechas giran en torno a si esa persona habría realmente cobrado la remuneración que consta en los papeles. Desde el entorno del intendente han rechazado toda posibilidad de anomalía. Pero por este hecho se alejó ya la responsable del área de Acción Social, Cristina Rubén, una funcionaria del riñón político del intendente.
No fue el único cambio en el gabinete de López. Los concejales le reclamaban que se nombrara a un secretario de Hacienda propio y la renuncia del cordobés y asesor externo Francisco Benatti, que a distancia manejaba las cuentas municipales, allanó el camino: López nombró al contador almafuertense Hugo Schneebelli en ese sitio.
Mientras, una de las funcionarias que más cercana al intendente y que inclusive oficiaba de vocera del Ejecutivo, la asesora letrada Claudia Azategui, también renunció semanas atrás. La abogada hasta asumió que en su dimisión, más allá de cuestiones particulares, influyeron desacuerdos con el intendente.
Claudia Azategui era una de las funcionarias más cercanas al intendente. También, de las más cuestionadas por los concejales oficialistas y opositores. Pero su reciente alejamiento más que distender las tensas relaciones entre el intendente y los ediles radicales causó el efecto inverso.
La crítica hacia el estilo “personalista, inconsulto y confrontativo” de López, es compartida por oficialistas y opositores. Ante los cuestionamientos sobre su estilo, López ha respondido que no variará su forma de ser, y que con esa característica la gente lo eligió intendente dos veces.
De todas maneras, cuando se cumple un año de su segunda gestión, los problemas que se le presentan ahora no pasan solamente por una “cuestión de estilo”.
Con un Concejo Deliberante muy crítico, incluso desde el oficialismo, el interrogante es el margen de maniobra que tendrá el intendente en los tres años que le restan de mandato. La gran duda es si podrá reconstruir las bases políticas del gobierno y rearmar un equipo para relanzar su gestión. Y si lo hará a partir de una reparación de la distante relación con su partido o si apostará a buscar respaldo de quienes fueron sus votantes más allá de concejales y partido.
Más allá de cuestiones políticas, el oxígeno a su gestión tras un año complicado podría llegar si logra cristalizar algunas obras relevantes, como la siempre postergada red cloacal o la creación de un parque industrial que sirva a la ciudad, entre otros.
El dilema es que para ese tipo de proyectos –y aun para otros mucho menores– el municipio no tiene recursos propios: depende de lo que pueda conseguir de la Nación o la Provincia.
Por Fabián Menichetti – LA VOZ