La municipalidad ya estaría en condiciones de rescindir el contrato que mantiene con Clear, por la concesión de los servicios de recolección de residuos domiciliarios y barrido y limpieza, debido a que la “grave negligencia (de la empresa) en el desarrollo de las tareas a su cargo, afectó la eficiencia de los servicios”. Esa causal está prevista en el artículo 7° del contrato y también en el artículo 43° del pliego de bases y condiciones de la licitación pública convocada en 1997 por el entonces intendente Oscar Mario Jorge, hoy vigente.
Hasta ahora, las autoridades comunales han contestado con evasivas las preguntas sobre una eventual rescisión y sino se han remitido a la Dirección de Asesoría Letrada, cuyos funcionarios tampoco hablaron públicamente del tema. Incluso el propio intendente Nestor Alcala llegó a expresar que desconocía los plazos legales que deberían cumplirse para quitarle la concesión a Clear.
La citada causal, prevista en el inciso a) del artículo 43°, parece bastante clara sobre cuáles son las facultades que tiene el municipio para que la empresa no siga barriendo las calles santarroseñas. Señala que el acuerdo puede caducar o ser rescindido “cuando el contratista sea culpable de fraude o grave negligencia en el desarrollo de las tareas a su cargo y, por ello, se afecte la eficiencia o continuidad de cualquiera de los servicios”.
Si aún así, Alcala no considerase grave negligencia el hecho de que Clear lleva ocho días consecutivos sin recolectar los residuos, ni barrer y limpiar; el jueves –de mantenerse esta situación–, ya no tendría argumentos para que la concesión de los servicios siga en manos de Cristóbal López, el empresario K que también es dueño de Casino Club.
¿Por qué el jueves? Porque otro de los incisos del artículo 43°, el c), expresa que el contrato puede rescindirse –o dictarse su caducidad– “cuando el contratista deje de efectuar alguno de los servicios en una décima parte del área comprendida en el convenio, durante 10 días corridos y continuos, o 15 discontinuos, en el período de un mes calendario”. Como el primer día sin servicio fue el lunes 9 a la noche, los diez días sin recolección se cumplirían mañana a la noche.
El artículo habla de causales de “rescisión/caducidad del contrato” sin más especificaciones. En términos jurídicos, la rescisión se interpreta como dejar sin efecto un contrato o una obligación; y la caducidad como la extinción de una facultad, o acción, por el mero transcurso de un plazo. Por eso, quizá, la rescisión se adaptaría más al inciso a) y la caducidad al c). Un detalle muy fino: el artículo 43° dice “podrá” y no “deberá”. Por lo tanto la facultad de ir para adelante quedaría en manos del intendente.
Mutuo acuerdo.
Hubo voceros oficiales que buscaron instalar la idea de que a la rescisión sólo podría llegarse por mutuo acuerdo entre las partes. No es así. El artículo 2° del polémico convenio de prórroga firmado por Alcala hace dos años, y a través del cual Clear logró quedarse con el negocio de la basura hasta 2010, dice que “las partes podrán convenir de mutuo acuerdo la expiración anticipada de la prórroga”.
La lectura de la frase no deja dudas. Una cosa no invalida la otra. La municipalidad y Clear pueden ponerse de acuerdo para rescindir el vínculo; pero si Clear no cumple con sus obligaciones, la municipalidad puede rescindirlo o dictar la caducidad unilateralmente, además de aplicarle las multas correspondientes.
En realidad el conflicto no es entre la empresa y la comuna, sino entre aquélla y los trabajadores agrupados en el Sindicato de Camioneros. Los empleados dispusieron un paro por tiempo indeterminado en reclamo del pago de horas extras y mejoras en las condiciones laborales. Clear adujo que no está en condiciones económicas de afrontar esas exigencias porque si lo hiciera perdería plata y por eso le pidió a Alcala renegociar el contrato. Pero el contrato habla de una sola actualización anual que en 2007 ya se produjo.
El contrato estipula en el artículo 9° que “a fin de mantener el equilibrio económico-financiero del contratista, tanto la municipalidad como la contratista, podrán revisar anualmente los costos concurrentes a la formación del precio cotizado, siempre y cuando se registren variaciones en cualquiera de los costos, que puedan ser consideradas como imprevistas y significativas; entendiendo como tales aquellas distorsiones que sumen un monto superior al 5 por ciento del precio contractual en el período considerado”. Incluso establece que el nuevo precio debe fijarlo el Departamento Ejecutivo, “sin derecho a recurso alguno”.
Ese convenio fue firmado el 22 de julio de 1997 entre Jorge, actual candidato a gobernador por el PJ, y Juan Carlos Begovic, actual gerente zonal de Clear. Era por seis años, a cambio de 13.000.000 pesos, y prorrogable sólo por dos más a pedido del municipio. Sin embargo, Alcala lo prorrogó el 30 de setiembre de 2005 por cinco años más.
– La Arena