En la audiencia pública realizada ayer, hubo contrastes entre la iniciativa municipal y grupos económicos ligados a la construcción. El punto clave: bajar el nivel de pisos a construir.
La secretaria de Planeamiento, Mirta Levin, escucha a uno de los expositores. «Vamos hacia una normativa más proteccionista», admitió el intendente
El intendente Miguel Lifschitz, la secretaria de Planeamiento, Mirta Levin, y el presidente del Concejo Municipal, Miguel Zamarini, inauguraron ayer la audiencia pública para abordar distintos aspectos que contendrá el nuevo Código Urbano, a través del que se planificará el reordenamiento y desarrollo del área central y la que está contenida en el primer anillo perimetral. A lo largo de la jornada las posturas de más de 30 de los asistentes quedaron bastante alineadas entre quienes integran el negocio inmobiliario, los colegios de profesionales y los empresarios de la construcción quienes con distintas expresiones sostuvieron la inconveniencia de bajar «tanto» el nivel de la construcción – se refieren a los 5 pisos que plantea el proyecto oficial- en el área central. También cuestionaron el que denominaron como «masivo» proteccionismo hacia las áreas consideradas como patrimonio arquitectónico de la ciudad. Desde otro lugar numerosas expresiones académicas y de organizaciones ecologistas y vecinales señalaron la necesidad de una planificación completa de la ciudad, el cuidado del medio ambiente sin que pese el valor de mercado o del sector inmobiliario y las tareas de prevención para el escurrimiento de los suelos y de la posibilidad de disfrutar del sol. Levin señaló su satisfacción por el aporte que hicieron los ponentes y que ahora serán evaluados: «Suman un gran valor al trabajo hecho por el municipio».
La convocatoria municipal fue saludada en general por los oradores que de todos modos sugirieron que debió hacerse antes y un buen número coincidió en señalar al proyecto oficial como muy «conservacionista». Esta calificación fue descartada por Lifschitz, quien opinó sobre los argumentos que se cuestionan porque señalan algunas zonas o propiedades declaradas de valor patrimonial. De aprobarse el proyecto oficial no podrán demolerse para construir allí edificios. «Veníamos de una normativa que no protegía en absoluto el patrimonio histórico arquitectónico -dijo el intendente-, ni la identidad urbana de Rosario construida a lo largo de más de un siglo. Vamos hacia una normativa más proteccionista pero que también deja espacio importante para la renovación y la construcción en altura. De lo que se trata es de ordenar y orientar el fenómeno hacia algunos sitios, preservando otros».
«En los últimos años hubo aumentos importantes en los alquileres, en la construcción y en los terrenos sin que hubiese ningún cambio normativo, es decir que la lógica del mercado tiene parámetros que no tienen relación exclusiva con las normas», aclaró.
Los más de 32 ponentes plantearon distintas miradas en relación con las normas que regirán la construcción de edificios en la zona comprendida entre Oroño, Tucumán, Francia y 27 de Febrero, pero además expusieron sus argumentos y opiniones sobre las alturas e índices de edificación para el casco céntrico. La Asociación de Empresarios de la Vivienda dejó clara su postura a través de la intervención de Mario Ulanovsky quien refutó el contenido del proyecto oficial en cuanto a la disminución de alturas y aunque se comparte que este sector tiene elevada contaminación en varios aspectos «es incorrecto cargar todas las responsabilidades de la misma a la densidad de edificios de departamentos».
Ulanovsky enumeró una serie de perjuicios: el gran incremento de los costos de los departamentos -que calculan en un 30 por ciento-, un aumento similar de los alquileres y de los gastos centrales en una proporción mayor. Esta descripción fue suscripta por los colegios de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, de profesionales de la Ingeniería Civil, Profesional de Técnicos y Maestros Mayor de Obras, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Empresas Inmobiliarias y Corporación de Empresas Inmobiliarias de Rosario.
Emilio Farruggia, desde el Colegio de Arquitectos de Rosario, dijo que el proyecto oficial responde a «planes urbanos claramente subjetivistas» que se organizan con dos principios, bajar la altura de los edificios y sobrevalorar el patrimonio arquitectónico histórico. «Se trata de una operación masiva de preservación con la que estamos absolutamente en desacuerdo», dijo Farruggia, mientras propuso que especifiquen los tramos que estarán sujetos a la normativa.
Una de las pocas intervenciones que arrancó aplausos fue la del arquitecto Roberto Monteverde quien habló a títuto personal y expuso razones por las cuales bajar las alturas de los edificios, entre ellas la saturación de las infraestructuras de servicios y del sistema vial, el incremento de la congestión del tránsito, de los niveles de contaminación sonora y de polución en el aire, el aumento de los conos de sombra que deterioran la calidad de vida e impactan sobre la matriz energética y la pérdida del patrimonio construido. Pero también habló de los porqué no bajar las alturas y en su análisis enumeró en primer término el hecho por el que se pondría en riesgo el modelo de negocio inmobiliario y que comprende la existencia de dinero en plaza que no confía en otras inversiones, que encuentra en estas operaciones «un espacio de blanqueo u ocultamiento».
El ex concejal Alberto Cortés junto al Taller Ecologista, Asociación Amigos del Arbol y profesores universitarios formularon propuestas que contemplan dar solución a aspectos conflictivos que existen en el área central vinculados con la densidad edilicia y la concentración poblacional en cuanto a la pérdida de privacidad habitacional, a la dificultad para acceder al sol y al aire, la contaminación atmosférica, los niveles inadecuados de ruidos, la insuficiencia de la infraestructura destinada al parque automotor y la deficiencia del transporte público.
Por Alicia Simeoni – Rosario/12