Cammesa recibirá $90.000 millones adicionales, que equivale al gasto de la entidad en dos meses promedio. Los otros $ 28.000 millones son para financiar obras de gasoductos entre los que se encuentra el que unirá Vaca Muerta con Buenos Aires.
En el cierre de la semana anterior, el Gobierno amplió, por decreto, el gasto del Presupuesto 2021. Según calculó la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), los gastos corrientes y de capital aumentan en $708.504,9 millones, y el cálculo de recursos, en $684.811,1 millones, lo que lleva a un aumento del déficit financiero de $23.693,8 millones. De ese monto total, $654.000 millones son para gastos corrientes y $54.000 millones para gastos de capital.
El sector energético ocupa el 18% del total de los nuevos gastos. Mayormente al sistema eléctrico que a través de Cammesa recibirá $90.000 millones adicionales, que equivale al gasto de la entidad en dos meses promedio. Los otros $ 28.000 millones son para financiar obras de gasoductos entre los que se encuentra el que unirá Vaca Muerta con Buenos Aires con un presupuesto aproximado de US$500 millones a aplicar entre 2021 y 2022.
Para Julián Rojo, director del área técnica del Instituto General Mosconi, la modificación del presupuesto refleja las consecuencias de “no tener plan ni estrategia energética”. Por un lado dice que hay un sistema eléctrico y gasífero que demanda cada vez más fondos para poder presta el servicio público de distribución y, por el otro, hay un sector hidrocarburífero que no quiere ni puede tomar riesgos para invertir pero que demanda infraestructura.
“Es decir, hay importantes problemas en la producción, en el transporte y en la distribución de energía que se cubren con fondos estatales -agrega-. Esto implica que el Estado argentino asuma gran parte de los riesgos del negocio. Por ejemplo, en el caso del gas, se subsidia a los productores (Plan Gas) asegurándoles un precio a gran parte de la oferta, se subsidia la diferencia entre el precio doméstico de distribución y el de importación (IEASA), se financian inversiones con el impuesto a la riqueza (YPF/IEASA) y otras inversiones privadas con fondos de Anses y, a través del presupuesto, a una ser de obras de infraestructura entre las que se encuentra el gasoducto de Vaca Muerta. La suma por estos ítems alcanza los US$ 2.800 millones por año hasta el 2022, es decir, US$ 5.600 en total”.
Según el trabajo del Instituto, en energía eléctrica la cuenta es más simple porque se destina todo a Cammesa que cubre la diferencia entre costos crecientes de generar la energía y precios congelados que paga la demanda mayorista,resultando en una dinámica alcista de subsidios.
En los primeros siete meses de 2021 Cammesa recibió US$ 3.200 millones, y los subsidios totales incluyendo el gas suman US$ 5.000 millones hasta julio. Si la energía eléctrica sirve para ejemplificar los efectos del atraso tarifario en el erario público, el caso del gasoducto de Vaca Muerta sirve para mostrar las malas prácticas en la formulación y ejecución de infraestructura.
Rojo advierte que esto sucede porque el proyecto está presupuestándose sin antes conocer los estudios de pre-factibilidad y factibilidad económica, financiera, social y ambiental enmarcados en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. “Mucho menos los estudios de optimización de las obras necesarias”, añade.
Desde ya, el energético no es el único sector que se aparta de las buenas prácticas internacionales ya que lo señalado sucede en la gran mayoría de las obras de infraestructura pública del país. “Al mes de agosto de 2021, el Estado argentino no ha podido articular los dos pilares fundamentales de un plan energético. Es decir, no tiene una política tarifaria definida institucionalmente y no es capaz de estudiar, seleccionar y priorizar los potenciales proyectos de infraestructura que, paradójicamente, va a financiar con dinero que no tiene”, agrega el experto.
Otros gastos
Además de la energía, uno de los puntos con mayor ampliación del gasto es el asociado a la Anses. Ese organismo recibió $112.648 millones para el pago a los jubilados, que recibirán bonos especiales e incrementos por una variación de precios que resultará mayor a la presupuestada.
También se ampliaron los gastos para asignaciones familiares ($21.099 millones), seguro de desempleo ($3300 millones), programas de complemento a las prestaciones previsionales ($23.885 millones) y las transferencias a las cajas de seguridad social provinciales ($12.100 millones).
Con la proximidad de las elecciones, una de las apuestas del Gobierno para traccionar la economía es la obra pública. En ese marco se incluyeron $21.026 millones adicionales, asignados para más de 150 obras viales, de repavimentación y reparación de rutas y autopistas, que serán administrados por la Dirección Nacional de Vialidad.
La inflación que superó las proyecciones presupuestarias, y que implicó la revisión de las paritarias firmadas a comienzos de año, también tuvo impacto en el presupuesto, con millonarias ampliaciones para el gasto en salarios de empleados públicos y otros rubros. Así se registraron expansiones en las partidas para el poder legislativo ($6550 millones) y el Poder Judicial ($22.126 millones)
– Diario Alfil