El litio es un componente central para encarar la transición energética, pero hay polémica sobre quienes deben comandar la inversión y cuáles deben ser los recaudos en materia medioambiental.
A fines de 2019 se constituyó el Foro de Especialistas en Litio de la Argentina, espacio federal y transdisciplinario -abarca el conjunto de la ciencias humanas y las ciencias formales, hecho inédito en el país-. Está integrado por 30 líneas de investigación litiferas (radicadas en torno al Consejo Universitario Nacional, CONICET, CNEA, INTI, INVAP), y nació con el objetivo de contribuir al diseño de la utilización del recurso. En su tercera y última declaración, el Foro evidencia que la situación jurídico-política y económica de explotación litifera tal cual existe hoy en la Argentina no contribuye al bienestar general.
El debate colectivo del Foro se tradujo en propuestas concretas. La posibilidad de declarar al litio recurso estratégico -lo es en todos los países sudamericanos con importantes reservas: Bolivia, Brasil y Chile-, permitiría sustraerlo del neoliberal código minero y la ley de inversiones mineras. Declararlo estratégico se fundamenta en que su utilización es legalmente potestad de la CNEA y, a su vez, debido a que el litio no es estrictamente un mineral, sino un elemento químico, pero principalmente en que contribuye a alumbrar un nuevo patrón de desarrollo.
El Foro propuso la creación de una Comisión Nacional del Litio genuinamente inclusiva que modifique la situación actual y genere una política estratégica a largo plazo. Entre otras cosas, podrían crearse mecanismos de control de impacto ambiental participativos y autónomos; respetar el derecho a la consulta previa libre e informada a las comunidades atacameñas; superar la atomización y descoordinación en el área científica, estimulando la articulación cooperativa del sistema de ciencia y las empresas públicas que hoy están interesadas en baterías (YTEC, Fabricaciones Militares, IEASA, Astilleros Rio Santiago).
¿Por qué estas propuestas? Porque el actual corset jurídico-político no beneficia al país, por ello hay más de 50 proyectos de empresas extranjeras en diferentes estadios. Las empresas mineras se llevan uno de los recursos estratégicos más codiciados del mundo casi sin costo: pagan un magro 3% de regalías a las provincias en base a sus propias declaraciones juradas, tienen estabilidad fiscal por 30 años y gozan de un abanico de beneficios fiscales, deducciones, exenciones y subsidios. Por ejemplo, reciben un reintegro del 5% de las exportaciones. Tampoco tienen requisitos del tipo de litio que externalizan (exportan litio “grado técnico” -vendiéndose a “sí mismas” al menor precio posible- y realizan la agregación de valor química “grado batería” en sus filiales centrales, y estamos hablando solo de química primaria o derivados).
La técnica de extracción de litio más extendida -que las eligen según su parecer- utiliza una cantidad de agua que hace peligrar la vida del lugar y sus ecosistemas y genera toneladas cuantiosas de residuos. Además, son las mismas empresas las que contratan a quienes realizan el estudio de impacto ambiental (hasta ahora nadie encontró problemas serios, pero prohíben la entrada de investigadores en sus áreas de concesión). Las comunidades del lugar no gozan de ninguna participación y los empleos asociados a la actividad son mínimos. Las firmas extractivas no tienen obligación de agregar valor a nivel local, ni utilizar tecnología local ni transferir tecnología, y aquellas exiguas rentas litíferas no tienen ningún vínculo con el sistema científico argentino para crecer en la cadena de valor. En definitiva, la lista podría extenderse, pero evidentemente no hay mucho para discutir, y demasiado para cambiar.
El litio debe ser parte de una estrategia de gran porte para que la Argentina se adentre en el control público de la transición energética (el Foro planteo la necesidad de crear una Agencia Nacional de Energías Renovables). No solo no estamos emplazando un patrón de pos-desarrollo que se asiente en la economía ecológica y popular que vendrá, ni siquiera hace pie el desarrollismo productivista del siglo pasado. Sin una política de transformación en sentido fuerte, triunfaran solo las corporaciones globales y así nos adentramos en la neodependencia del siglo XXI.
(*) Investigador CONICET, coordinador de los libros Litio en Sudamérica. Geopolítica, energía y territorios (2019) y Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en Argentina (2015).
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Desarrollo con ecologismo
Por Nicolás Gutman (**)
Recién comienza el verano en el hemisferio norte y el termómetro quedó apenas tres décimas por debajo de los 50 grados en Canadá dónde fallecieron cerca de 500 personas debido a la ola de calor. Si el cambio climático demandaba especial atención de la gobernanza global en los últimos años, ahora será su centro; no habrá reunión de mandatarios, giras presidenciales o cumbres que sus agendas no estén absorbidas por la lucha contra las catástrofes climáticas.
Es la hora de la transición energética, la descarbonización de la economía y la protección de los ecosistemas, especialmente los bosques y humedales, los grandes reguladores del clima y de absorción de carbono. Sin embargo, economistas, colegas y compañeros dentro de la coalición de gobierno están embarcados en una lucha mayormente twittera contra los movimientos ambientalistas y ecologistas en nombre del desarrollo y la injusticia provocada por los países ricos, que habiendo apalancado su desarrollo en la destrucción de la naturaleza ahora nos impiden subir por esa misma escalera.
El Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres lo dijo sin eufemismos el pasado diciembre en New York: “La humanidad está librando una guerra contra la naturaleza, esto es suicida, la naturaleza siempre contraataca y lo está haciendo con fuerza y furia, la biodiversidad está colapsando frente a nuestras narices, ecosistemas enteros están desapareciendo”.
En este contexto sería un desacierto pensar que al desarrollo llegamos por la defensa sectorial de algunas industrias que están de salida y otras que vienen de la mano del dumping ambiental del norte global como regalos envenenados. Los movimientos ecologistas y ambientalistas no son anti-desarrollo, muchas asambleas ciudadanas que luchan por un territorio sin minería aurífera a cielo abierto entienden el rol del litio en la transición energética; su preocupación está centrada en cómo se va a transitar este camino y si efectivamente es uno de desarrollo, usualmente invocado como entelequia, o será uno de extractivismo de commodities por corporaciones extranjeras, sin participación en las cadenas de valor ni industrialización local, con concesiones de yacimientos sin límites temporales, cobrando miseras regalías por declaraciones juradas hechas por las mismas empresas; un sistema heredado de la década neoliberal menemista que ha probado en más de un cuarto de siglo en el que se viene desplegando en los territorios, que no trae desarrollo y deja fuertes pasivos ambientales y sociales.
La falta sistemática de planificación que arrastra nuestro país incentiva estos desencuentros entre los activismos ambientalistas, los que en su mayoría tendrían como interlocutor y espacio de militancia política a gobiernos nacionales y populares como el actual; y algunos funcionarios y economistas que en la defensa de un desarrollismo difuso y anacrónico están alienando uno de los movimientos sociales, electorales y ciudadanos mejor articulados y de mayor crecimiento en nuestro país y en el mundo.
China acaba de presentar su XIV Plan Quinquenal (2021-2025) centrado en la transición energética y con el epígrafe “nuevo programa de civilización ecológica” fijando como objetivo para 2050 una potencia instalada de energía eólica de 1000 GW, lo que equivaldría a reemplazar toda la infraestructura eléctrica de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden está centrando su gestión en una “revolución energética verde y ambiental” el paquete de 2 billones de dólares expandirá masivamente la inversión en energía eólica y solar en todo el país. Chile presentó su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2020, con la cual aspira a convertirse en un líder exportador de hidrógeno verde y sus derivados; mientas que el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil lleva financiados más de 23.200 millones de dólares en iniciativas de energías limpias, que lo ubicó como el principal prestamista a nivel mundial para este tipo de proyectos.
La infraestructura para la transición energética y de electromovilidad global necesitan desesperadamente de litio, cobre, cobalto, níquel y manganeso entre otros recursos; y a pesar de ser dueños de gigantescas reservas de estos; el futuro nos agarró sin un plan. Las elites provinciales del Norte Grande vienen negociando las reservas litiferas por el mundo, mientras que la petrolera estatal que estrenó YPF-litio la semana pasada sigue viendo los yacimientos de la Puna todos concesionados tan inaccesibles como si estuvieran en Mongolia. La confrontación entre desarrollo y ambientalismo existe en mentes y visiones binarias de la realidad; un desarrollo sin ecologismo, soberanía sobre nuestros recursos naturales y una empatía por el destino de la naturaleza está destinado al fracaso.
(**) Responsable del área ambiental del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO)
Por Bruno Fornillo y Nicolás Gutman – Página/12