Uno de los acusados de percibir el beneficio en dos ocasiones, se le impuso un embargo de cincuenta mil pesos.
Ocho funcionarios públicos de distintos municipios de la provincia fueron imputados el 23 de marzo pasado por el Ministerio Público Fiscal, en orden a los delitos de «defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público», por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un hecho consumado y siete en grado de tentativa.
La imputación fue presentada en una audiencia de formalización de la investigación penal por el fiscal federal Federico Zurueta, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, ante el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de Esteban Eduardo Hansen.
El fiscal explicó los requisitos y exigencias de tal beneficio. Entre ellos resaltó la resolución de que los beneficiarios no posean un trabajo con relación de dependencia, ya sea en el sector público o privado, como otros aspectos relacionados a la instrumentación, otorgamiento y control del subsidio, establecido en el decreto 310/20, el cual deja esas funciones bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En ese contexto, recordó que los trámites para acceder a tal beneficio, según la resolución 84/20 de la Anses, establecía que el proceso de solicitud debía hacerse vía remota, incluso hasta la acreditación del aporte mediante la presentación de CBU del candidato.
‘»La ejecución del fraude se inició con la solicitud del beneficio en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a quien le hicieron incurrir en error para obtener un tratamiento que no les correspondía», señaló el fiscal.
El fiscal señaló que la causa se inició de oficio el 25 de julio de 2020 a raíz de la información difundida en El Tribuno de Jujuy y que se replicó en otros medios periodísticos locales respecto a la posible defraudación, en perjuicio del Estado Nacional, por parte de funcionarios públicos provinciales.
«Las conductas que aquí se achacan, llegan a ser inhumanas, indignantes, no solo por la materialidad del hecho, sino también por su condición de funcionarios públicos elegidos por voto popular, y en especial por el que dicha acción se cometió en un contexto de grave emergencia social y económica del país».
Por otra parte, el fiscal imputó a los concejales Diego Mayaregua, de Caimancito; Rodrigo Nicolás Martínez, de Pampa Blanca; Mariana Viviana Cazón, de Santa Clara; Carla Yamila Nieto, de Calilegua; Blas Mariano Nicolás Videla, de Caimancito; y Gonzalo Javier Farfán, de El Aguilar, por los mismos delitos, pero en grado de tentativa.
La misma calificación recayó sobre Juan Francisco Cruz, comisionado de Catúa, y Juan Sabino Borja, vocal de Yavi. En estos casos, el fiscal explicó que, de acuerdo a la investigación realizada hasta el momento, se pudo establecer que los acusados efectuaron la solicitud de cobro del IFE. Por último, y tras enumerar las distintas pruebas producidas a lo largo de la investigación, el fiscal afirmó que los acusados cometieron los delitos imputados, pues «la ejecución del fraude se inició con la solicitud del beneficio en la Administración Nacional de la Seguridad Social, a quien le hicieron incurrir en error para obtener un tratamiento que no les correspondía, ya que todos ellos -como se dijo- se desempeñaban como funcionarios públicos con anterioridad a dicha solicitud»
– El Tribuno