La Municipalidad solicitó apoyo a organismos nacionales (la AFIP, Gendarmería y la Policía Federal) y provinciales (Rentas y la Policía) para luchar contra el comercio informal, cuya cabeza visible es la venta ambulante en el microcentro.
Por medio de notas enviadas a los titulares de los organismos, el Departamento Ejecutivo Municipal dejó en claro que la responsabilidad en esta problemática atañe al Estado en su conjunto. Con estas acciones, el municipio cumple con una orden judicial.
Por otra parte, la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia elaboró un informe en el que se detalla que el legajo del Sindicato de Vendedores Ambulantes presenta irregularidades y que el mandato del secretario general, Luis Lobo, está vencido desde 1998.
Ayer al mediodía, mujeres y niños vinculados al comercio ambulante defendieron su actividad como generadora de ingresos para numerosas familias tucumanas. Un fallo obliga a la Municipalidad a mantener despejada la vía pública.
Piden apoyo a Gendarmería, a Rentas, a la Federal y a la AFIP
EN DEFENSA DE SU ACTIVIDAD. Mujeres y niños vinculados al comercio ambulante realizaron una marcha.
LA GACETA / JOSE NUNO
Movilización por el microcentro
El Sindicato de Vendedores Ambulantes realizó una marcha por las calles del microcentro, encabezada por mujeres y niños, para poner en relieve su actividad como fuente de ingreso. “Detrás de la venta ambulante hay verdaderas familias”, dijo el titular del sindicato, Luis Lobo, y anticipó que mañana realizarán una presentación ante el Inadi y otra ante la Defensoría del Pueblo. Asimismo, dijo que en sólo tres días juntaron 35.000 firmas que avalan su trabajo. El municipio pidió apoyo para frenar la ilegalidad
La Municipalidad pidió apoyo a organismos nacionales y provinciales para combatir la venta informal en la vía pública, con la convicción de que la problemática del comercio ilegal atañe al Estado en su conjunto.
Según un informe del propio Ministerio de Economía, difundido en junio pasado, por la venta en negro se mueven al mes unos $ 480 millones, lo que implica que el 40% de las transacciones comerciales que se efectúan en Tucumán no están registradas.
La punta del iceberg de este flagelo es la venta callejera, a la que la Municipalidad pretende erradicar -al menos del microcentro- antes del 1 de diciembre, según lo anunciaron el intendente Domingo Amaya y el propio gobernador José Alperovich, el pasado 23 de octubre. Sumado a ello, tres semanas después de dicho anuncio, la Justicia emitió un fallo contra el municipio, al que ordenó que cumpla las ordenanzas vigentes y que mantenga despejada la vía pública.
Esta tarea le corresponde directamente a la Municipalidad, pero el Departamento Ejecutivo capitalino entiende que en la lucha contra el comercio informal las responsabilidades son compartidas.
El subsecretario de Gobierno de la capital, Walter Berarducci, envió cartas a los responsables de cada repartición en las que se destacan como objetivos “librar una dura batalla contra el comercio ilegal” y, en relación con los ambulantes, “incorporar a la mayor cantidad de puesteros a la economía formal”.
“La lucha contra el comercio ilegal es un imperativo constitucional que recae sobre el Estado en sentido amplio y más aún sobre los organismos específicos de contralor”, afirma el escrito firmado por Berarducci.
El funcionario remitió a los titulares de la Policía Federal, subcomisario Eduardo Escudero; de Gendarmería, comisario principal Claudio Maley; de la Regional Tucumán de la AFIP, Graciela de los Angeles Acosta y de la Dirección de Rentas de la Provincia, Pablo Clavarino, el siguiente pedido: “iniciar y/o profundizar los controles en las actividades comerciales que se realicen en esta ciudad en la vía pública sobre los elementos y/o las mercaderías que ingresen desde otras jurisdicciones y sobre los establecimientos radicados en la provincia, que sirven de proveedores a la venta informal”.
A la vez, a las autoridades del Ministerio de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, y de la Policía provincial, comisario general Hugo Sánchez, se les solicitó que pongan “a disposición del municipio todo el personal policial necesario para el cumplimiento del fallo judicial”.
De acuerdo con la documentación a la que accedió LA GACETA, sólo Acosta, la responsable de la delegación de la AFIP, respondió al requerimiento de la Municipalidad. La directora envió una nota en la que se compromete a aportar la nómina de establecimientos radicados en la provincia, que sirven de proveedores a la venta informal, tal como lo solicitó Berarducci.
Asimismo, afirmó que dentro de las atribuciones específicas de la delegación de la AFIP, permanentemente se llevan a cabo acciones de fiscalización dentro de la jurisdicción de competencia.
El legajo del sindicato presenta irregularidades, dice un diagnóstico de Personas Jurídicas
La Dirección de Personas Jurídicas elaboró un informe en el que afirma que el legajo del Sindicato de Vendedores Ambulantes “se encuentra irregular”.
El documento, suscripto por la asesora letrada de la repartición, Verónica Stock, detalla que el sindicato de los puesteros adeuda la presentación de documentación contable y asamblearia, de memorias, de inventarios y de informes de la comisión revisora de cuentas sobre distintos ejercicios (estos deben realizarse todos los 30 de junio de cada año).
Asimismo, en el informe, la dependencia de la Fiscalía de Estado de la Provincia indica que en el legajo del sindicato de los ambulantes se encuentra la última documentación referente a un proceso electoral del cual resultaron electos el secretario general, Luis Alberto Lobo, y el secretario gremial, Miguel Angel Bazán, cuyo mandato -según se detalla- venció hace ocho años, es decir, en noviembre de 1998.
El informe de Stock fue remitido al interventor de la Dirección de Policía de Tránsito y de la Vía Pública de la capital, Miguel Angel Molins, que está enfrentado con Lobo.
“Esto no es real. Hace dos años tenemos la representación gremial. Somos legítimos dirigentes. No sé de dónde sacan eso”, dijo Lobo a LA GACETA.
– La Gaceta