La mayor parte de las normas propuestas y aprobadas por el actual Concejo no se aplican por falta de reglamentación.
La mayor parte de las ordenanzas importantes gestadas, discutidas y aprobadas por el actual Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba permanecen sin reglamentación del Departamento Ejecutivo Municipal. Ésta es la causa por la que muchas de ellas no se cumplen ni se pueden hacer cumplir. En general, se trata de normas importantes para la vida de los cordobeses.
Según datos consignados por la Oficialía Mayor de la Municipalidad y por las concejales Dolores Becerra (UCR), Rossana Pérez (Unión por Córdoba) y Laura Villalba (Partido Nuevo), entre las ordenanzas aprobadas en el actual período y aún no reglamentadas se encuentran la que establece que deben ser relocalizadas todas lasantenas de telefonía celular cercanas a viviendas, la que fija las normas de conservación y mantenimiento de los ascensores y la que determina las medidas de seguridad que deben adoptar los propietarios de perros peligrosos.
Todas estas ordenanzas generaron arduos debates, no sólo entre ediles sino entre los vecinos, pero jamás entraron en vigencia porque el Departamento Ejecutivo debe establecer cómo se implementan las medidas aprobadas por los concejales.
No son las únicas normas que prometían solucionar problemas concretos y que quedaron en el limbo: la polémica ordenanza de espectáculos públicos aún carece de reglamentación en muchos de sus artículos; el código de ética para la función pública es apenas un compilado de buenas intenciones; la norma que dio personería jurídica municipal a centros vecinales no rige; la prohibición de expendio de bebidas energizantes a menores de 18 años quedó en el papel y la norma que estableció la publicación de los sueldos de empleados y funcionarios fue una expresión políticamente correcta que no llegó a la práctica.
También llevan meses sin ser reglamentadas las ordenanzas de repartos a domicilio (deliveries); la que prohibió a taxis y remises cortar calles para realizar manifestaciones; la que estableció reglas para los establecimientos que realizan tatuajes y piercings; la que reguló el funcionamiento y la habilitación de pensiones; la que hace poco estableció que los restaurantes deben tener cocinas vidriadas; la que regula la instalación de equipos de GNC,y la de «cantinas saludables», que limita la venta de comida chatarra en las escuelas.
Reglamentar. Las demoras en la reglamentación siempre son responsabilidad de áreas técnicas municipales -son las deben trabajar para precisar diferentes aspectos de lo legislado- que no respetan los plazos fijados por las propias ordenanzas para ser reglamentadas. En otros casos, las normas no fijan plazos y la posibilidad de que alguna vez se reglamenten es bajísima.
La reglamentación de una ordenanza consiste en definir de manera taxativa cómo debe cumplirse o prohibirse determinada cosa legislada, cómo debe ejercerse el poder de policía del municipio y cómo se deben aplicar las multas y sanciones.
Por lo general, cuando las normas que apuntan a modificar aspectos conflictivos de la realidad no se reglamentan, no pueden aplicarse y quedan en letra muerta. Casi siempre son las ordenanzas de control y las que otorgan derechos a la ciudadanía afectada las que deben reglamentarse en un período determinado de tiempo.
Explicaciones
Desde la Oficialía Mayor municipal, Gustavo Merletti, aclaró que «no es requisito» que una ordenanza esté reglamentada para que entre en vigencia. Continuó:»No toda ordenanza debe reglamentarse. Sí debe cumplir este procedimiento si está impuesto en la letra misma de la normativa. No hay un plazo ordenatorio que cumplir si el texto no lo indica».
Dijo también que las ordenanzas recientes necesitan de un tiempo prudencial para que las diversas áreas municipales que deben reglamentarlas se pongan de acuerdo. «No es tan fácil», destacó.
La concejala Pérez, mientras tanto, dijo que varias ordenanzas no fueron reglamentadas por la actual gestión en el tiempo establecido. Explicó que lo normal es que una norma demore entre 60 y 120 días en reglamentarse, «de acuerdo con la complejidad del asunto». Aclaró que hay ordenanzas que pueden reglamentarse de modo más rápido y otras que ni siquiera necesitan reglamentación. «En lo posible, el procedimiento debe hacerse antes de que finalice el año legislativo», agregó.
Ascensores: el ejemplo más trágico
En Córdoba, los ascensores matan. En lo que va del año, las víctimas fatales ya fueron tres -el último fue Lautaro Nalbandian, el nene de 9 años fallecido el martes en barrio San Martín- y la situación parece haber llegado al límite de lo tolerable, por lo que la Municipalidad de Córdoba apura la reglamentación de la ordenanza que fija estrictas medidas de control sobre los ascensores, pero que hasta ahora está de adorno.
La norma fue aprobada el 5 de octubre del año pasado. El texto indica que debe ser reglamentada por una comisión técnica mixta en un plazo de 120 días, que venció hace nueve meses.
Lo peor del caso es que esa nueva ordenanza derogó a una anterior y que, dado la falta de reglamentación, su aplicación es prácticamente imposible. Resultado: un enorme vacío legal que dio lugar a una situación de descontrol generalizado.
Ni siquiera los funcionarios municipales están de acuerdo respecto de cuál de las dos ordenanzas rige en la actualidad.
Las estimaciones sobre las que trabajaron los concejales a la hora de legislar son más que preocupantes: en la ciudad de Córdoba existen más de 6.500 ascensores, aunque el municipio sólo tiene registrados unos cuatro mil. Demás está decir que hay unos 2.500 ascensores completamente ajenos a cualquier tipo de control oficial.
Entre las numerosas pautas que fija la ordenanza aún no reglamentada -su texto se discutió durante meses en el Concejo y es fruto de la integración de un proyecto del Partido Nuevo y otro de Unión por Córdoba-, se establece la obligatoriedad de registrar todos los ascensores y de acreditar una inspección mensual por parte de técnicos autorizados. Además, la norma establece controles cruzados por parte del municipio y las empresas de mantenimiento.
Germán Pandolfi – La Voz del Interior