Conocer leyes y ordenanzas en Gran Córdoba se torna imposible

Mientras el Gobierno nacional y organizaciones ciudadanas avanzan en la aplicación de mecanismos de transparencia en la divulgación de normas legales, en la mayoría de los municipios del Gran Córdoba el acceso a esa documentación puede convertirse en un verdadero escollo.

Acceder a ordenanzas y resoluciones de los concejos deliberantes, o decretos de los Ejecutivos, puede convertirse en una verdadera proeza para ciudadanos preocupados por conocer documentación pública que no tienen acceso al trato frecuente con autoridades o funcionarios. Mucho más dificultoso es conocer modificaciones presupuestarias, contrataciones directas, partidas salariales, gastos de representación o erogaciones varias.

En la mayoría de los casos el pedido de esos datos en las administraciones es insatisfecho, a pesar que se tratan de materias de interés público y general.

Aunque ya en varias ciudades del interior del país se trabaja para aplicar programas de auditorías ciudadanas o normas de acceso a información pública, en nuestra región se mantienen viejos mecanismos que obstaculizan el libre acceso a esa documentación.

Por ejemplo, en la mayoría de las ciudades del Gran Córdoba subsiste el requisito de exigir al solicitante de los datos que redacte una nota al presidente del concejo deliberante o al secretario de Gobierno expresando la voluntad de obtener la copia de alguna ordenanza, resolución o decreto, que deje el documento de identidad y que espere a que las autoridades consideren el pedido y lo autoricen.

Luego de obtener la aprobación debe esperar, en algunos casos, entre 24 ó 48 horas para obtener una copia certificada del pedido. Las autoridades explican que las medidas se sostienen porque en algunos casos se entregan los originales para fotocopiarlos, o se les debe cobrar el costo de las copias que en algunos casos está determinado en las ordenanzas tarifarias. En otros, argumentan que existe un interés legítimo de proteger cierta información que concierne al destino de la administración, y en los más extremos se niega la entrega de documentación porque no se encuentra disponible o depende de algún funcionario.

Proyectos cajoneados

Sin embargo, existen algunos intentos de modificar tales trabas mediante proyectos de accesibilidad a la información pública. Presentaciones en esa dirección se hicieron en Villa Allende y en Río Ceballos.

En Villa Allende, el concejal Benjamín Buteler presentó un proyecto para permitir acceso a la información de gestión pública que consistía en una propuesta de fácil aplicación y de bajísimo costo.

Buteler se preguntó al momento de formular el proyecto qué tipo de información puede requerirse y si existe alguna modalidad para hacerlo sin tener que recurrir a los archivos del Estado.

Al respecto, aclaró que esa información debería estar a disposición de manera sencilla y anónima para garantizar al ciudadano la transparencia en la gestión de gobierno. Agregó que la tarea de gestión pública genera gran cantidad de datos desde que un vecino presenta una petición o un reclamo por Mesa de entradas y se abre un expediente que comienza un largo camino por los circuitos administrativos. El edil explica que en la actualidad se debe solicitar una autorización al intendente para tener acceso. En el seno del cuerpo deliberativo fue denegado su tratamiento.

En el caso de Río Ceballos, la bancada de la UCR elevó una iniciativa similar amparándose en el texto de la ley provincial 8803 y la Carta Orgánica local que habilitan los procedimientos de acceso al conocimiento de los actos del Estado municipal.

El procedimiento que fija la iniciativa determina que la autoridad tendrá la obligación de satisfacer el requerimiento en plazos perentorios no mayores a 20 días. El proyecto del bloque radical ingresó para su tratamiento en el Concejo Deliberante, pero fue pasado a comisión, por lo que tampoco se habilitó ningún mecanismo de acceso de libre acceso a documentación pública.

Dos alternativas

En Villa Allende y Río Ceballos se promovieron proyectos de accesibilidad a la información oficial.

Villa Allende. Del concejal Benjamín Buteler, para hacer más sencillo el trámite. El Concejo Deliberante negó su tratamiento.

Río Ceballos. Iniciativa promovida por el bloque de la UCR, y está en comisiones del Concejo Deliberante.

– La Voz del Interior